LA ISLA DEBE MÁS DE 65.000 MILLONES DE EUROS

Puerto Rico se vuelve hacia EEUU: la Grecia del Caribe busca soluciones en el norte

La elección como presidente de Ricardo Roselló, un firme partidario de la anexión como miembro de pleno derecho de Estados Unidos, marca el inicio de una nueva etapa de la política boricua

Foto: Banderas de EEUU y Puerto Rico en un centro de votación en Guaynabo, el 8 de noviembre de 2016 (Reuters)
Banderas de EEUU y Puerto Rico en un centro de votación en Guaynabo, el 8 de noviembre de 2016 (Reuters)

Más de 8.000 kilómetros separan Puerto Rico de Grecia. Todo un mundo. Los dos países, sin embargo, comparten una funesta deriva en los últimos años: ambos están ahogados en una recesión prácticamente crónica y han sido arrasados por una brutal crisis de deuda. La isla caribeña debe más de 65.000 millones de euros a sus acreedores. Ya ha impagado unos 1.800 millones de euros en bonos, entrando en ‘default’, como le ocurrió a su símil europeo en 2015. Puerto Rico tiene también su propia ‘Troika’: una Junta de Control Fiscal nombrada por Barack Obama y vista por parte de la isla como un instrumento de intervencionismo colonial. 

La pequeña nación ha llegado incluso a estar presente en las tensas negociaciones sobre el rescate griego del pasado año. El férreo ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaüble, llegó a proponer a su homónimo norteamericano Jack Lew, defensor de restructurar la deuda helena, un curioso trueque: “Le he ofrecido a mi amigo estos días que podríamos incluir a Puerto Rico en la Eurozona si EEUU estuviese dispuesto a llevarse a Grecia a la unión del dólar. Pensó que era una broma”, dijo haciendo gala de un particular humor negro.

Esa grave crisis en la ‘Grecia caribeña’ ha propiciado un giro político. Puerto Rico elegía gobernador el mismo día en que los norteamericanos eligieron a Donald Trump como próximo inquilino de la Casa Blanca. Los isleños decidieron dar un golpe de timón. Se impuso en las urnas el científico Ricardo Roselló, un hombre decidido, al contrario que su antecesor, a convertir su país en el 51º Estado de los Estados Unidos de América

“Nos reservamos el derecho a utilizar todos los medios necesarios para finalizar la debacle de quinientos años que ha sido el colonialismo”, dijo a la agencia AP. Su lucha no será fácil. El estatus político de la isla es complejo. Puerto Rico es oficialmente, desde 1952, un Estado Libre Asociado a EEUU. Los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos, pero no pueden votar en las elecciones a menos que residan en alguna localidad continental. Tienen autonomía legislativa, pero oficialmente su Jefe de Estado es el presidente de los EEEUU y están sujetos a la autoridad del Congreso americano.

Desde la formación del Estado Libre Asociado (ELA) se han diferenciado tres tendencias políticas. Quienes defienden el actual estatus se han aglutinado tradicionalmente en favor del Partido Popular Democrático (PPD), saliente ahora del poder. Ven con buenos ojos la posibilidad de disfrutar de la ciudadanía estadounidense pudiendo a la vez mantener cierta autonomía, defender el uso del español y la cultura tradicional de la isla. Existe también un segundo grupo, minoritario, a favor de la independencia total del país. Frente a ellos se posiciona un tercer sector decidido a anexionar definitivamente a Puerto Rico como miembro de pleno derecho de EEUU. 

Precedente histórico

Ese grupo parece haber aumentado en los últimos años de crisis y es uno de los motivos de la victoria de Roselló y su Partido Nuevo Progresista (PNP), defensores de la anexión. El nuevo hombre fuerte de la isla, hijo de un ex Gobernador y de ascendencia mallorquina, tiene claro su objetivo. Ha amenazado incluso con iniciar un proceso constituyente que desemboque en elecciones para nombrar cinco congresistas y dos senadores y enviarlos a Washington para reclamar el estatus de Estado. Es una táctica basada en un precedente histórico. Tennessee puso en marcha un plan similar para posibilitar su ingreso la Unión americana hace más de dos siglos.

“El fervor creciente hacia la estadidad se debe a varios factores. Por un lado está el miedo a perder la ciudadanía americana, tan preciada para la mayoría del electorado puertorriqueño. También por el fracaso económico en que se ha convertido el ELA y por el miedo a la independencia inculcado a través de más de quinientos años de colonización”, reflexiona Javier Arroyo, columnista del diario ‘El Nuevo Día’.

El debate es una constante en la que es una de las últimas colonias españolas, bajo control norteamericano desde 1898, cuando Washington ganó la Guerra Hispanoamericana. La isla celebró un plebiscito sobre su estatus político en 2012. Tenía dos partes. En la primera, el 54% de la isla demandó un cambio de estatus frente a quienes defedían seguir igual. En la segunda parte, el 61% de los votantes apostaron por anexionar Puerto Rico a EEUU. 

Nada cambió con esos resultados por la mezcla de varios factores: “Si unimos las papeletas en blanco, dañadas y las que votaron por opciones que no eran la estadidad, esta no saldría favorecida. El gobierno de entonces, por ser del PPD, no hizo tampoco nada por promover los resultados del referéndum porque no defienden el ideal de la anexión”, señala Arroyo. 

El referéndum no era, en cualquier caso, vinculante: “El Congreso de EEUU nunca se ha comprometido a nada. Nos dejan entretenernos con votaciones, pero no dudo que fue un barómetro de cómo piensa la gente en la colonia”, piensa la periodista Rosita Marrero. No cree que la victoria de Roselló vaya a resultar necesariamente en la anexión como 51º Estado norteamericano.

La Ley PROMESA

Puerto Rico, en cualquier caso, ha buscado la ayuda de Washington para solucionar sus graves problemas económicos. Una de las primeras peticiones fue la de acogerse a la isla a la Ley de Quiebra de EEUU, imitando a ciudades en bancarrota como Detroit, para así conseguir que las entidades públicas pudiesen reestructurar su deuda. El Gobierno saliente se topó entonces con la cruda realidad de la isla: Puerto Rico no es un Estado de pleno derecho y Washington negó la posibilidad.

El Congreso norteamericano decidió, en cambio, aprobar el ‘Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act’, conocido, por sus siglas en inglés, como la ley PROMESA. Se trata de un texto legislativo nacido con el objetivo de crear bases para el crecimiento económico de la isla. El "memorando isleño". ¿Cuál es su método? Cambiar las normas que afecten al desarrollo de las finanzas locales.  

Junto a la legislación nació la controvertida Junta de Control Fiscal. La ‘Troika’ caribeña. Es una mesa de siete miembros. Han sido nombrados por el presidente Obama con una clara misión para los próximos cuatro años: implementar la ley Promesa. Deberán detectar los cambios necesarios para que el país aumente su responsabilidad fiscal y pueda volver a financiarse en los mercados. Cualquier similitud futura con la austeridad a la griega sería pura coincidencia.

El problema es que muchos ciudadanos ven a esa Junta como un instrumento de intervención colonial. Ya se han producido varias manifestaciones contra su llegada a Puerto Rico: “Esas siete personas nombradas por el presidente son quienes gobiernan Puerto Rico desde el primero de septiembre”, critica Marrero.

Censuran que la Junta pueda analizar cada proyecto de ley local para evaluar sus impactos financieros, pudiendo incluso, señalan, tumbar esos textos legislativos. Washington, además, sólo accederá a reestructurar la deuda de Puerto Rico si así lo aprueban cinco de los siete miembros de la mesa tras evaluar las finanzas isleñas. 

El factor Trump

Esa misma Junta, vilipendiada por parte de los puertorriqueños, es vista como una oportunidad por otros sectores: “La población, en su mayoría, ve a la Junta de Control Fiscal como una esperanza. Me parece que se debe al poco conocimiento que tienen sobre las labores que viene a realizar en la isla”, apunta el columnista Arroyo. Culpa a los dos partidos tradicionales de la isla por el espectacular crecimiento de la deuda: “Los gobernantes, desde que comenzó el bipartidismo, utilizaron el dinero de los bonos para llevar a cabo medidas populistas, como la construcción de estructuras o regalar ayudas de más, para ganar las elecciones. Tomaban, posteriormente, prestado para saldar los otros préstamos. No se utilizó el dinero para hacer crecer la economía”, comenta. La historia resulta familiar.

El Gobernador electo Roselló es consciente de la influencia que va a tener la Junta y ha mostrado su inclinación a “dialogar” con sus miembros para “renegociar” los términos de la deuda. También pretende auditar los gastos de la administración para averiguar cuáles pueden ser ilegales.

Sus planes, además, han sufrido un pequeño revés. Roselló apoyaba a Hilary Clinton en la carrera presidencial norteamericana. Tendrá que lidiar ahora con Donald Trump, aunque la situación podría incluso favorecerle. La sensación en la isla es que el Partido Republicano apoya más decididamente la anexión de Puerto Rico que los demócratas

Algunos no creen, en cualquier caso, que vaya a haber diferencia alguna: “A Puerto Rio lo gobernará, en la práctica, la Junta de Control Fiscal, cuyo poder reside en el Congreso. Más allá de dar su opinión, Trump no tiene mucha injerencia sobre este ente”, reflexiona Arroyo.

Roselló intentará en los próximos años mover hacia la anexión a un país en recesión desde hace una década, con un sistema de pensiones en quiebra, y con el mayor éxodo de ciudadanos en más de medio siglo. Más de 200.000 personas –de unos 3,5 millones de habitantes- han emigrado al territorio continental en los últimos años debido a la crisis económica. El Gobernador tendrá que ponerse en marcha inmediatamente para convencer a los bonistas impagados de la viabilidad de su plan económico. Podrían volver a poner en marcha sus denuncias contra el país a partir de febrero.

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