sin apoyo de las urnas, nadie votará en contra

Las razones por las que el Parlamento británico ratificará el Brexit (casi seguro)

La decisión del Tribunal Superior es un revés a la aspiración de Theresa May de activar la salida de la UE en pocos meses, pero probablemente solo sirva para retrasar el asunto. He aquí por qué

Foto: Theresa May escucha durante una sesión de preguntas en la Cámara de los Comunes, el 20 de julio de 2016 (Reuters)
Theresa May escucha durante una sesión de preguntas en la Cámara de los Comunes, el 20 de julio de 2016 (Reuters)

¿El final del principio del Brexit? La frase corre como la pólvora por la red desde que se ha conocido este jueves la decisión del Tribunal Superior, que ha decretado que solo el Parlamento británico tiene el poder de activar el articulo 50, que regula la salida de un país de la Unión Europea. La sentencia -en la que los tres jueces del tribunal han mostrado unanimidad- supone un fuerte varapalo para la 'premier' Theresa May, quien siempre ha defendido que la potestad para comenzar con los tramites de divorcio de la UE solo correspondía al Gobierno.

Pero lo cierto es que, tal y como se redactó la ley del referéndum del pasado 23 de junio, el resultado de la consulta no era vinculante. Se plantea ahora un choque sin precedentes entre el poder judicial y el Ejecutivo, ya que, si bien la soberanía parlamentaria prima sobre cualquier otra cosa –de ahí que los británicos quisieran salir del bloque- es el Gobierno quien se niega ahora a tener que contar con la aprobación de sus señorías para llevar a cabo sus planes, que, al fin y al cabo, dicen que son para cumplir con la voluntad soberana del pueblo.

En definitiva, un rompecabezas ante un asunto de vital importancia no solo para el futuro del Reino Unido, sino para todos los miembros del club comunitario. Según Vinzenzo Scarpetta, del reputado Think Tank Open Europe, la sentencia es “muy relevante” y si bien es cierto que el Ejecutivo ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo, se plantean muchas cuestiones sobre la mesa.

“La mayoría de los diputados en la Cámara de los Comunes son eurófilos, por lo que en teoría podrían votar en contra de la legislación necesaria para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Sin embargo, si se llega a esta situación, no lo harán porque no quieren enfrentarse a la voluntad expresada por el pueblo”, matiza a El Confidencial. “Prueba de ello es ver cómo los laboristas han cambiado su discurso. Hasta el propio Jeremy Corbyn acepta ahora que hay que salir la UE si así lo han pedido los británicos. Muchos diputados laboristas representan circunscripciones donde salió el Brexit y, tal y como está planteado el sistema británico, ir en contra de estos electores tendría consecuencias fatales para ellos”, señala.

Según el experto, si el Supremo ratifica en enero la decisión dictaminada por el Tribunal Superior, se tendría que redactar un acta parlamentaria. “Esto sería muy interesante porque el Gobierno tendría quizá que definir su estrategia y los diputados podrían plantear enmiendas. Ahora bien, si el Gobierno va a dar o no detalles como dentro o fuera del mercado común, eso ya no se puede saber en este momento”, explica.

Para Scarpetta, la clave es que el parlamento podría imponer al Ejecutivo un “mandato negociador”, pero a la hora de la verdad, “el Gobierno tendrá que negociar con el resto de los estado miembros y ahí sus señorías británicas ya no tienen ningún tipo de autoridad ni saben las condiciones o demandas que se van a plantear a Londres”.

Manifestación contra el Brexit en Londres, el 3 de septiembre de 2016 (Reuters)
Manifestación contra el Brexit en Londres, el 3 de septiembre de 2016 (Reuters)

¿Elecciones anticipadas?

Con semejante panorama, la opción de las elecciones anticipadas cobra mas peso. May podría aprovechar la debilidad de los laboristas para asegurarse una victoria. Y si se se presenta con un programa electoral donde especifique llevar a cabo el Brexit y gana, ya tendría la autoridad política para activar el articulo 50.

Según el calendario de Westminster, las próximas generales no son hasta 2020. Pero unos comicios anticipados permitirían a May reforzar su liderazgo tanto dentro como fuera del partido y consolidar una mayoría parlamentaria que ahora tan sólo se sustenta por una docena de escaños, una cifra débil en caso de que sea necesario someter a votación las negociaciones para abandonar la UE.

Claro que también existe la teoría opuesta, que tiene en cuenta el importante factor del “Regrexit” (juego de palabras para referirse al arrepentimiento por haber votado a favor del Brexit): la mayoría de los que optaron por salir del bloque admite que lo hicieron porque no creían que fuera a ganar, y en caso de que un partido se presentara ahora con la firme promesa de salir de la UE podría no estar abocado al fracaso.

La razón es que muchos empiezan a ser conscientes ahora del coste que acarrea recuperar el control de sus fronteras. La devaluación de la libra y la subida de la inflación han hecho que, por primera vez, conseguir un buen acuerdo comercial con el bloque sea ahora la prioridad para la ciudadania. Según ComRes, la economía es ahora lo más importante para el 49%, frente al 39% que aún insiste en priorizar la inmigración de cara a las negociaciones. Según Ipsos Mori, sólo el 24% de los encuestados considera que su nivel de vida mejorará tras abandonar la UE, frente al 49% que asegura que irá a peor.

El Ejecutivo podría perder unos 72.864 millones de euros de recaudación fiscal anual si finalmente se queda fuera del mercado común. La cifra representa casi una décima parte de los 790.464 millones de euros que el Tesoro espera recaudar este año y, además, equivaldría al 65% del presupuesto anual del Sistema Nacional de Salud.

En definitiva, el voto protesta antiinmigración tiene ahora un precio económico demasiado alto. La cuestión ha generado una gran crisis en el Ejecutivo con continuos choques entre el responsable del Tesoro, Philip Hammond, al que no le salen los números, y la propia May, que insiste en que su objetivo es reducir la migración neta, con niveles récord de 330.000 personas llegando al país en 2015.

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