Siguiendo el rastro de la guerra sucia del petróleo trasandino

Francisco Javier Cortés Guanga es chaparro y con cara de bonachón. Este líder indígena del pueblo awá lleva media vida de aquí para allá, recorriendo los municipios del departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia, luchando por los derechos de esta tribu milenaria que, según él, “está en riesgo de desaparición”. Las tierras selváticas que ocupan las reservas indígenas en las que habitan los awás no solo son terreno fértil para las plantaciones ilegales de coca, por ellas también cruza el Oleoducto Trasandino (OTA) que transporta el crudo desde Orito, en el departamento de Putumayo, hasta el puerto de Tumaco, en el Océano Pacífico.

“Los awás siempre hemos vivido en paz y armonía con la naturaleza. Somos un pueblo recolector que se dedica a la siembra de yuca, maíz y chiro, y a la pesca en los ríos y quebradas [arroyos]”, explica Cortés. Todo cambió cuando se construyó la carretera de Pasto a Tumaco, utilizando el trazado de una vía férrea que nunca llegó a ejecutarse. Con el asfalto llegaron las excavadoras para abrir las zanjas en que se introdujeron los tramos del oleoducto, la guerrilla, los paramilitares, los tanques del ejército colombiano, las fumigaciones aéreas del Plan Colomia, y el derrame del crudo en los ríos y las veredas.

El robo de combustible se ha convertido, junto al narcotráfico, en una de las fuentes de financiación de los grupos armados, que se dividen los tramos del oleoducto

El agua ha empapado la camiseta de José Silvio. Está construyendo un puente con troncos para que su comunidad pueda cruzar la quebrada de Pianulpí, contaminada por un vertido de petróleo. Fueron las FARC quienes en julio de 2015 dinamitaron un tramo del oleoducto, provocando uno de los mayores derrames de crudo, que llegó hasta el Pacífico. La mancha de petróleo se extendió hasta siete kilómetros sobre la costa de Tumaco. “No podemos pescar porque el río Mira [que desemboca en el Pacífico] está contaminado. Los peces salen enfermos, con hongos sobre las escamas”, se queja Silvio.

Una pequeña balsa de madera es la única forma de acceder a la otra orilla, donde una escalera hecha con sacos de arena conduce al poblado awabí. “Hace una década, todo esto eran las tierras de Jairo Aparicio [un narco del cártel de Medellín de Pablo Escobar]”, exclama Cortés, desde la otra orilla. “Extorsiones, amenazas de muerte, minas antipersona y masacres… son nuestro pan de cada día. Hemos sufrido y seguimos sufriendo las consecuencias del conflicto armado”, denuncia el líder indígena, antes de apuntar que en los últimos 15 años han sido asesinados 2.000 nativos de esta tribu.

“Nuestra tierra, nuestros recursos naturales han sido explotados por la guerrilla y los paramilitares sin importar las consecuencias. La selva está enferma por la fumigación de agrotóxicos y las aguas de los ríos, contaminadas”, lamenta Cortés.

Siguiendo por la carretera, el oleoducto se convierte en un elemento más del paisaje. La serpiente de acero recorre las veredas, se mezcla con la vegetación, incluso atraviesa por delante de las viviendas. Hay quien le saca partido y tiende la colada encima del tubo.

Los grupos armados se dividen el oleoducto

En algunos de los tramos del oleoducto hay válvulas clandestinas que han instalado miembros de los grupos armados para extraer el crudo, que se utiliza en los laboratorios ilegales para procesar la cocaína. Son auténticos profesionales: utilizan un silenciador en el taladro para no hacer ruido al perforar el tubo y después colocan una manguera para trasladar el combustible hasta unas balsas guarecidas en la espesura. En el hurto también están involucrados campesinos y algunos indígenas, reconoce Cortés. “Ante la falta de alternativas, los nativos explotan lo que hay por aquí. El terreno ha dejado de ser fértil para la siembra y uno tiene que trabajar, ya sea raspando hojas de coca o hurtando el crudo”, puntualiza.

Aura Melva La Paz abre las puertas de su casa. Esta mujer gobierna el 'resguardo' (un territorio reconocido de una comunidad indígena) de Piguambí Palangala, donde se produjo una de las mayores masacres de nativos. El 4 de febrero de 2009, cerca de una veintena de indígenas awás, entre ellos varios menores de cinco años y dos mujeres embarazadas, fueron torturados y asesinados a machetazos por las FARC. “Los acusaron de ser informadores de la fuerza pública. Vinieron con sus cuchillos y machetes y los asesinaron”, recuerda la gobernadora, quien también ha perdido a un hermano por el conflicto armado; otro está en la cárcel. “El ejército y la policía allanan nuestras viviendas. Nos detienen y acusan de robar el crudo porque el oleoducto pasa por nuestro territorio”, denuncia Melva La Paz.

Mientras las bandas criminales amasan fortunas con el negocio de las válvulas clandestinas, la compañía Ecopetrol, dueña del oleoducto trasandino, pierde millones de dólares al año. Incluso ha creado un grupo de élite para detener las perforaciones ilegales

A solo 10 minutos de la escuela municipal de Piguambí Palangala hay una zona conocida como “el barrio chino”, controlada por la guerrilla del Ejercito Nacional de Liberación (ELN), donde tienen varios embalses con crudo robado. “La fuerza pública sabe lo que está ocurriendo allí pero no hace nada. Luego vienen los allanamientos de nuestras viviendas”, se queja la gobernadora awá.

El robo de combustible se ha convertido, junto al narcotráfico, en una de las fuentes de financiación de los grupos armados, que se dividen los tramos del oleoducto. Mientras las bandas criminales amasan fortunas con el negocio de las válvulas clandestinas, la compañía Ecopetrol, dueña del oleoducto trasandino, pierde millones de dólares al año. Por ese motivo, la empresa nacional petrolera decidió crear un grupo de élite para 'cazar' las válvulas ilegales. Las 'cuadrillas' de rastreo recorren tramo a tramo el serpenteante tubo de acero, 1.170 kilómetros de longitud, para localizar las perforaciones y cerrarlas de nuevo. Sin embargo -expone Melva de la Paz-, Ecopetrol “no ha tomado responsabilidades sobre el vertido de crudo en el Pacífico del año pasado", alegando que la contaminación fue causada por “terceros”, en referencia a las FARC.

“Las autoridades no van a compensarnos por los daños irreparables que ha causado el derrame en nuestros ríos, quebradas y veredas, que han quedado anegados en hidrocarburos”, denuncia la gobernadora. Además, advierte Melva de La Paz: “La guerrilla y los paramilitares plantan minas antipersona junto al oleoducto que están poniendo en peligro a la comunidad”. “Somos víctimas porque los caminos ancestrales por donde transitamos se han convertido en corredores de los grupos armados”, lamenta la líder awá antes de remarcar que 1.500 indígenas han muerto al pisar una mina.

Poco a poco, los refugios de los awás se están quedando vacíos como consecuencia del conflicto armado o la contaminación ambiental. En el resguardo de San Agustín la Floresta, junto al río Mexicano, en el municipio de San Andrés de Tumaco, vivían 442 indígenas en 2002, señala Luis Alberto García, de 55 años. “Las fumigaciones aéreas, las extorsiones, los asesinatos y los allanamientos del Ejército han provocado desplazamientos masivos. En el resguardo solo quedan 44 personas”, lamenta el indígena awá, que advierte: “Si la situación no cambia, nuestro pueblo desaparecerá”.