Ferrovial se deshará de los CIEs del Pacífico para evitar ser cómplice en los abusos

Lo han llamado los archivos de Nauru: la filtración al diario británico 'The Guardian' de más de 2.000 documentos sobre los centros de detención de inmigrantes y solicitantes de asilo del Gobierno australiano en Nauru y la isla de Manus, que muestran la escala del sufrimiento al que están sometidos los internos en estos lugares: 8.000 páginas de informes internos sobre incidentes ocurridos en estos recintos, de mayo de 2013 a octubre de 2015, que relatan casos de asaltos, abusos sexuales a adultos y menores y automutilaciones, así como las terribles condiciones a que se ha relegado a estas personas. Un escándalo en el que, indirectamente, se ha visto arrastrada la constructora española Ferrovial, que el pasado mayo adquirió la empresa responsable de proporcionar servicios a estos centros, incluyendo el personal de seguridad responsable de muchos de estos excesos, tal y como ya explicó en su momento El Confidencial.

El pasado 25 de julio, una experta en derecho internacional de la Universidad de Stanford llegó incluso a asegurar que algunos de los empleados de la firma española podían llegar a ser procesados por su responsabilidad en estos hechos. “Basándonos en nuestro análisis de los hechos, es posible que miembros del personal de Ferrovial podrían ser expuestos a responsabilidades criminales por crímenes contra la humanidad bajo el Estatuto de Roma”, afirmaba Diala Shamas, del Centro Internacional de Derechos Humanos y Resolución de Conflictos de Stanford, en una entrevista. “Hemos expresado nuestra preocupación a Ferrovial en una comunicación privada con sus responsables y directores detallando nuestras conclusiones. Aún no nos han respondido”, explicaba.

Una experta legal de Stanford asegura que "miembros de Ferrovial podrían ser juzgados por crímenes contra la humanidad"

Desde Ferrovial, sin embargo, niegan la validez de esta argumentación legal. “Con toda firmeza, rechazamos los planteamientos jurídicos contenidos en su escrito”, afirma un portavoz de la empresa en declaraciones a El Confidencial.

El pasado 13 de mayo, Ferrovial adquirió la empresa australiana Broadspectrum (anteriormente Transfield), cuyo papel administrador en los mencionados centros de internamiento en Manus y Nauru ha sido muy cuestionado. Pero Ferrovial puntualiza: “Broadspectrum no gestiona estos centros. Es un proveedor de servicios del Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras del Gobierno australiano, ocupándose del mantenimiento, 'catering', limpieza, logística, seguridad, bienestar y transporte”.

Estos recintos forman parte de la controvertida política de asilo del Gobierno australiano desde hace una década y media, que estipula que, para evitar las responsabilidades derivadas de la legislación internacional sobre asilo, aquellos solicitantes interceptados en el mar no son enviados a la propia Australia territorial sino a islas del Pacífico, donde se evalúan sus peticiones. Se trata de un intento deliberado de disuadir a aquellos que trataban de llegar en patera a suelo australiano, dificultando muchísimo el proceso de obtención de asilo. Por ello, Camberra ha firmado acuerdos con Papúa-Nueva Guinea y Nauru para la creación de estos centros de detención, a cambio de importantes contrapartidas económicas.

"Una política dañina", según la ONU

Algunas voces opinan que el problema va mucho más allá de la mera gestión, y que la propia existencia del sistema de confinamiento en las islas supone ya una enorme violación de los derechos humanos. El pasado 27 de abril, el Tribunal Supremo de Papúa-Nueva Guinea ordenó el cierre del centro de detención de la isla de Manus, tachándola de “ilegal e inconstitucional”. Unos días después, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) exigió el traslado inmediato de todos los internos a otro lugar con “condiciones humanas”. “No hay duda de que la política actual de procesamiento y detención prolongada en las islas es inmensamente dañina”, afirmó la institución en un comunicado.

No obstante, más de 1.300 personas permanecen encerradas en ambos centros a día de hoy. En junio, el psicólogo especializado en trauma Paul Stevenson, que ha trabajado regularmente en Manus y Nauru, aseguró en una entrevista que “no había visto tantas atrocidades en toda su carrera profesional de 43 años” como en dichos lugares.

Más de 1.300 personas siguen encerradas en los centros. Según una activista que se reunió con Ferrovial, la empresa "no parece tener un plan"

Ferrovial asegura que sus motivos no están relacionados tanto con la gestión de centros de este tipo, un sector en el que la empresa afirma carecer de experiencia e interés, como con el deseo de meter la cabeza en el mercado australiano. “A nosotros, Australia es un país que nos interesa. Sabemos que para alcanzar una dimensión relevante en un país, no puedes hacerlo sólo de forma orgánica, y consideramos que para nuestros planes, esta compañía era la más adecuada. Es una de las principales empresas de Australia y Nueva Zelanda, y cuenta también con actividad en Estados Unidos, Canadá y Chile, países en los ya tenemos presencia. Además, opera en sectores de nuestro interés, como son los servicios a las industrias del petróleo, gas y telecomunicaciones”, indica un portavoz de Ferrovial.

¿Sabía Ferrovial lo que estaba comprando? Días después de la adquisición, un equipo de la ONG australiana No Business In Abuse se reunió con representantes de la empresa para advertirles sobre lo que implicaba esta operación comercial. Su directora, Shen Narayanasamy, habló con El Confidencial poco después de dicha reunión. Según ella, los representantes de la empresa “no parecían tener un plan sobre qué iban a hacer”, especialmente respecto a la orden del ACNUR de transferir a los internos fuera de los centros. “Su nivel de información parecía muy bajo. Nuestra opinión es que compraron la empresa sin entender realmente de qué iba aquello, a pesar de toda la información pública y el hecho de que les habíamos contactado varias veces”, dice.

En concreto, el 29 de febrero de 2016, No Business in Abuse y el Centro Legal de Derechos Humanos de Australia (HRLC) enviaron una “alerta a inversores” a Ferrovial, sobre la posible complicidad en los abusos en la que podía incurrir la empresa con la adquisición de Transfield-Broadspectrum, que puede consultarse aquí. “La compañía nos indicó que no estaban preparados para hablar con nosotros mientras la oferta de adquisición estuviese vigente”, señala Rachel Ball, directora de promoción de políticas públicas del HRLC.

"Broadspectrum no renovará el contrato"

Para Ball, la responsabilidad de Ferrovial respecto a lo que sucede en Nauru y Manus es incontrovertible: “Las empresas que operan los centros de detención tienen obligaciones contractuales en relación con la seguridad y el bienestar de los detenidos, y están expuestos a responsabilidades civiles por los errores. Además, bajo los Principios Rectores de la ONU sobre Negocios y Derechos Humanos, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus operaciones”, indica.

“El porcentaje exacto de beneficios derivados de los contratos de los centros no está claro. Un informe de expertos independientes señala que el sector social, de defensa y de propiedad, que incluye dicho contrato, supone el 84% de la actividad económica de Broadspectrum”, afirma Ball. De acuerdo con No Business in Abuse, el Gobierno australiano paga 1,4 millones de dólares al día a la empresa por operar los campos.

El Gobierno australiano paga 1,4 millones de dólares al día a Broadspectrum por operar los centros

A pesar de ello, la estrategia de Ferrovial parece ser la de deshacerse lo antes posible de estos polémicos centros. “El mismo día que se tomó el control de Broadspectrum, Ferrovial Servicios anunció que, dado que los servicios prestados en los Centros Regionales de Refugiados de Nauru y Manus no forman parte de su actividad, no figurarán tampoco en la oferta de Broadspectrum en el futuro. Por tanto, Broadspectrum no se presentará a la renovación del contrato, que convocará el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras del Gobierno australiano”, asegura el portavoz.

“Eso sería prudente, dado que cada día que pasa, los miembros de Ferrovial se arriesgan más a una futura exigencia potencial de responsabilidades legales”, explica Diala Shams, consultada por El Confidencial. “Cualquier compañía que se haga con dichos contratos se encontraría en una situación similar, a menos que haya cambios significativos en la política australiana [de asilo] y en las condiciones de estos centros de detenciones”, asegura.

“Saludamos el compromiso de Ferrovial de no proporcionar estos servicios en el futuro, pero los hombres, mujeres y niños en los campos de Nauru y la isla de Manus no pueden esperar a que el contrato de Broadspectrum expire en febrero del año próximo”, asegura Ball. “Cada día que los campos siguen abiertos, los refugiados y solicitantes de asilo sufren serios daños y cada día que Ferrovial opera esos centros, la empresa estará expuesta a un significativo riesgo legal, financiero y reputacional”.