China y el oro a punta de Kalashnikov

En Shabunda, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), el oro que atesora el lecho del río Ulindi ha servido para poco más que para aumentar el hambre de la población. También para atraer a una sociedad minera china, Kun Hou Mining, definida como “depredadora” por un informe de la organización británica Global Witness. Esta compañía no dudó en proporcionar armas de guerra y financiar a un brutal grupo armado, las milicias Raïa Mutumboki, para comprar su “protección” y facilitar que sus sicarios extorsionaran a punta de Kalashnikov a los mineros locales, que de forma artesanal y arriesgando sus vidas extraen el oro del río. Todo ello con “la bendición” de las autoridades de la región de Kivu Sur, que no impidieron estos abusos, denuncia esta organización británica dedicada a denunciar la explotación ilegal de los recursos naturales en el mundo.

El acuerdo entre la empresa china y el grupo armado permitió que, en 2014 y 2015, más de una tonelada de oro por valor de 38 millones de dólares se esfumara cada año sin dejar rastro y sin pagar impuestos de Shabunda. El metal extraído por la compañía en esta localidad situada a 150 kilómetros al oeste de Bukavu, capital de la región de Kivu Sur, no aparece en los registros oficiales de exportación del mineral y todo indica que fue sacado del país ilegalmente a través de Estados vecinos como Ruanda, Burundi y Uganda, desde donde fue encaminado a los mercados internacionales del sector joyero, fundamentalmente a Dubái (Emiratos Árabes Unidos). El contrabando de oro tiene además una gran ventaja: un lingote de oro puro de un kilo, que puede llegar a costar 40.000 dólares, tiene el tamaño de un teléfono móvil, con lo cual es muy fácil de transportar.

Los pobres son ahora más pobres

Mientras el grupo armado y Kun Hou Mining -cuyos dos principales directivos en Congo son el chino Michael Wang y el francés Franck Menard-, se lucraban, la vida de los habitantes de Shabunda empeoraba si cabe aún más, en una ciudad en la que se carece de todo, desde el agua corriente a la electricidad, pasando por la comida. La promesa de enriquecimiento fácil con el oro no solo ha atraído a la ciudad en los últimos años a buscavidas de todo tipo, sino que también ha provocado una importante subida de precios cuya consecuencia ha sido que los pobres de la localidad -casi todos sus habitantes- son ahora más pobres, hasta llegar a pasar hambre. En 2014 el único hospital con el que cuenta la ciudad registró 534 casos de malnutrición.

Una carta a la que ha tenido acceso Global Witness da cuenta de cómo la sociedad minera china empezó su relación con los criminales ofreciéndoles 4.000 dólares y dos fusiles de asalto AK-47 (Kalashnikov), así como walkies-talkies y comida. Con estas armas, los milicianos de Raïa Mutumboki protegieron la instalación de las cuatro dragas semiindustriales de la compañía china -estás máquinas dragan el lecho del río para sacar la arena mezclada con el oro- y también extorsionaron a los mineros artesanales locales exigiendo la entrega de 5 gramos de oro dos veces al mes a cada equipo de mineros. Este atraco periódico les proporcionó unos ingresos de hasta 25.000 dólares mensuales, de acuerdo con el informe de la organización británica. A esta cifra se suman cantidades más modestas, de alrededor de un euro semanal, que cada minero tenía que satisfacer si no quería que los sicarios le impidieran trabajar.

El chantaje de los milicianos financiados por la empresa china hizo aún más penosa la labor de estos trabajadores, que se sirven de dragas artesanales para succionar la arena del lecho del río en la que yace el oro. Para poder hacerlo, uno de ellos se sumerge hasta el fondo sin luz alguna para sujetar y dirigir la manguera de succión mientras respira a través de un endeble tubo de plástico que sujeta entre los dientes. La mortalidad entre estos mineros es alta, sobre todo por ahogamiento, pues, entre otros peligros, los buceadores afrontan el riesgo de que los gruesos troncos que transporta la corriente les golpeen y arranquen el tubo por el que respiran mientras siguen atados a los lastres que les permiten permanecer sumergidos.

El expolio del “oro de sangre o de conflicto”- así se considera a los recursos naturales que financian guerras o grupos armados- hubiera sido casi imposible sin “la bendición” de las autoridades locales, en expresión de la ONG británica. Conscientes de ello, denuncia Global Witness, la empresa china, antes de desembarcar en Shabunda, negoció en el verano de 2013 con el gobernador de la provincia de Kivu Sur en un “encuentro privado”. Una vez obtenida su aquiescencia para comenzar su actividad, la firma china instaló sus cuatro máquinas de draga con la que extraía el metal precioso que después sacaba en su mayor parte de forma clandestina del país.

Cada una de estas máquinas instaladas por Kun Hou Mining en la ribera del Ulindi produce entre 10 y 20 kilos de oro puro al mes. Global Witness calcula que, al año, estas cuatro máquinas obtuvieron unos 460 kilos; es decir, 17,5 millones de dólares. A esta cantidad hay que sumar el oro extraído por las cooperativas locales de pequeños mineros, con las que esta empresa negociaba, y que podrían haber producido entre 550 y 720 kilogramos de oro en los dos años objeto del informe, 2014 y 2015.

Un oro que acaba en Dubái

Esta enorme cantidad del metal precioso simplemente se ha volatilizado, excepto en el caso de una única transacción registrada de venta de 12 kilos de oro a un tratante de la capital de Kivu Sur, Bukavu, un oro que acabó en Dubái. En las estadísticas de la provincia de Kivu Sur no aparece ningún apunte sobre el oro de Shabunda. Cuando Global Witness interrogó a la compañía sobre este aparente misterio, la respuesta de la empresa minera china fue echarle la culpa a la población de la ciudad, a la que acusó de haber saqueado el almacén donde se custodiaba el oro en junio de 2015, un supuesto ataque que, según la investigación de la organización británica, “no es cierto” y constituye sólo un intento “descarado” de ocultar el expolio y evitar el pago de unos impuestos que podrían suponer al menos 300.000 dólares anuales, un dinero muy necesario para las vacías arcas de la ciudad.

El informe de la organización británica critica la actitud “incomprensible” del gobernador de Kivu Sur, Marcellin Cishambo, y del exministro de Minas de la región, Adalbert Murhi. Estos dos cargos, siempre según Global Witness, no impidieron la extracción ilegal del oro. Además, el gobernador corroboró la versión del falso robo del oro por parte de los habitantes de la ciudad. También -denuncia la ONG- ocultaron la procedencia del metal extraído en Shabunda, que hubiera sido catalogado como “oro de sangre” según los estándares internacionales de la ONU, la OCDE y las propias leyes congoleñas. Por ello, en las estadísticas de Kivu Sur todo el oro exportado de la región en 2014 y 2015- 446 kilos, una cantidad infravalorada para la ONG- fue atribuido a la zona de Walungu, en la que sólo trabajan 250 mineros, la única donde las minas aplican un sistema de certificación que garantiza que el metal no financia a los grupos armados.

Cuando las alarmas sobre el expolio del metal precioso de Shabunda llegaron al Gobierno central de Kinshasa, la capital congoleña, el primer ministro del país, Matata Ponyo, ordenó al gobernador de Kivu Sur que suspendiera inmediatamente la extracción de oro en Shabunda. Sin embargo, según algunas de las más de 80 entrevistas efectuadas por Global Witness para la realización del informe, éste hizo caso omiso pues, en la pasada primavera, la producción de oro en la ciudad continuaba.

En los últimos años, las autoridades congoleñas han hecho un esfuerzo para atajar el fenómeno de los minerales “de sangre”. De ahí que la RDC haya creado una agencia gubernamental para asistir y encuadrar a los pequeños mineros artesanales, los más expuestos al chantaje y la violencia de las milicias. Sin embargo, esta agencia, SAESSECAM, por sus siglas en francés, deplora también alguna manzana podrida. Según Global Witness, en Shabunda, los agentes de este organismo no solo no han protegido a los mineros como es su obligación sino que se han conchabado con el grupo armado Raïa Mutumboki para extorsionarles robándoles hasta un 10% de su producción semanal mediante la imposición de impuestos ilegales. Este dinero, que la organización británica calcula en 2,8 millones de dólares, escapó también al control del fisco congoleño.

En abril de 2015, un informe de Naciones Unidas elevó a 1.250 millones de dólares la cifra de recursos naturales exportados ilegalmente desde el este de Congo. Se calcula que entre el 10% y el 30% de esta cantidad financia a grupos armados de la RDC y otros países como Ruanda, implicados desde hace años en el contrabando de metales preciosos. Las leyes internacionales para acabar con esta actividad criminal -como la estadounidense Ley Dodd-Franck- que en teoría obliga a las empresas a controlar que los recursos naturales importados de Congo y otros ocho Estados vecinos no financien a organizaciones criminales, no ha logrado poner fin a este tráfico ilegal. Los sistemas de certificación se han revelado ineficaces y en los mercados del este del Congo y países vecinos no es raro encontrar, por ejemplo, las etiquetas que en teoría garantizan que la mercancía procede de minas certificadas.