Los nuevos 'ministerios de la Verdad' que reescriben la historia en Europa del Este

En su cubículo, el funcionario Wiston Smith dedicaba sus monótonas jornadas laborales a reescribir la historia. Siguiendo escrupulosamente los designios del Ministerio de la Verdad, el protagonista de George Orwell en '1984' debía eliminar todo registro de aquellas personas que habían caído en desgracia para el partido, disimular los cambios de postura del régimen y modificar las previsiones oficiales pasadas para que coincidiesen con la realidad. La ficción, escrita por el novelista británico en 1949, buscaba ser una denuncia de los totalitarismos. Hoy, según las críticas de varios historiadores, el eco de algunas de estas prácticas resuena en una serie de decisiones que se están tomando en el este de Europa, jóvenes democracias que hasta hace un cuarto de siglo se encontraban al otro lado del Telón de Acero.

Petró Poroshenko, el pro-occidental presidente de Ucrania, acaba de sancionar una ley que tacha de "criminal" al régimen comunista que gobernó el país entre 1917 y 1991. La medida implica la demolición de estatuas y el cambio de nombre de cientos de calles y plazas por todo el país. Pero ni mucho menos se queda ahí. La ley concede amplísimas competencias al nuevo Instituto de la Memoria Nacional para que desarrolle "una política de estado en el campo de la restauración y la preservación de la memoria nacional del pueblo ucraniano". Esto es, para que revise e interprete los hechos históricos.

A este centro se van a transferir todas las actas de los órganos soviéticos de represión, los servicios secretos soviéticos del KGB y los de su versión ucraniana, la SBU. Entre estos documentos habrá información de disidentes políticos, campañas de propaganda, registros de actividades de organizaciones nacionalistas y de casos criminales ligados con las purgas estalinistas. La institución se encargará a partir de ahora en exclusiva de estudiar estos documentos. Y de permitir quién puede acceder a ellos.

Varios expertos -ajenos por completo a la campaña propagandística rusa- han denunciado que este movimiento de Kiev tiene un doble objetivo. Por un lado, amplificar los crímenes soviéticos en Ucrania durante la II Guerra Mundial. Por otro, minimizar el papel que jugó la resistencia nacionalista ucraniana, que en un primer momento se acercó a los nazis, en las limpiezas étnicas en las que fueron asesinados hasta 100.000 polacos y varias decenas de miles de judíos entre 1941 y 1945.

Las acusaciones se centran especialmente en el recién nombrado responsable del Instituto de la Memoria Nacional, el joven y polémico Volodymyr Viatrovych. Jeffrey Burds, profesor de historia rusa y soviética en la Universidad del Noreste, en Estados Unidos, no duda en acusarle de falsificar documentos históricos. "Lo sé porque yo he visto los originales, he hecho copias y he comparado sus transcripciones con los originales", asegura. A su juicio, el trabajo del historiador ucraniano es un "monumento a la limpieza y la falsificación" que elimina "todo lo que critique al nacionalismo ucraniano", así como "registros de atrocidades". Bajo su dirección, una institución con las atribuciones del Instituto de la Memoria Nacional es una bomba de relojería.

Polonia erradica al Ejército rojo

Y Ucrania no está sola en este esfuerzo revisionista. Varios países en el este de Europa van, a distintas velocidades, en esa misma dirección. Otro de ellos, crucial también por su tamaño y su influencia, es Polonia. Su Instituto de la Memoria Nacional (IPN), un centro con respaldo estatal, va a dar comienzo en nada a su nuevo proyecto estrella. Con la complicidad del ultraconservador y nacionalista de Ley y Justicia (PiS), en el gobierno desde octubre, quiere empezar a retirar de calles y plazas todos los monumentos que de alguna forma evoquen su pasado soviético. En el punto de mira de la institución están, sobre todo, los que honran al Ejército Rojo, que si bien pusieron la alfombra para la instauración de un régimen comunista en Varsovia, liberaron al país del ejército nazi. "En junio empezaremos una campaña para instar a los gobiernos locales a liquidar los monumentos soviéticos", aseguró al medio digital polaco Onet el presidente del IPN, Lukasz Kaminski.

En total, el IPN estima que en toda Polonia hay unos 500 monumentos de estas características. Muchos, prevé el IPN, serán directamente derruidos. Otros, si tienen interés, serán trasladados a "parques educativos" en donde se podría seguir visitando estas esculturas, con la pertinente explicación histórica. "Dejarlos fue un error fatal", "consecuencia de la transición inacabada de Polonia a principios de los 90", según Kaminski. En su opinión, su mantenimiento en lugares públicos ha dado "gasolina a la propaganda" rusa y a las "provocaciones dirigidas" contra Polonia desde el extranjero.

El movimiento ha añadido más leña al fuego de la controversia que el PiS alimenta regularmente desde que llegó al poder. La acumulación de decisiones antidemocráticas y euroescépticas que ha tomado en medio año, de la reforma del Tribunal Constitucional a la ley para atar en corto a los medios, le han valido numerosas críticas y hasta la apertura de un procedimiento en la Comisión Europea (CE) para evaluar si está violando los principios fundacionales de la UE, una iniciativa inédita en Bruselas.

La campaña, sin embargo, no ha surgido de la nada. Tan sólo busca sistematizar, con el amparo gubernamental, una práctica que estaba empezando a extenderse. El pasado julio las autoridades de Nowa Sol, una localidad de unos 40.000 habitantes en el suroeste de Polonia, redujeron a escombros un monumento en el que se representaban a soldados soviéticos y polacos como compañeros de armas. En septiembre le siguió la estatua de Ivan Chernyakhovsky en Pieniezno, un pueblo de 3.000 habitantes en el noroeste. Este general soviético liberó de los nazis al noreste de Polonia y conquistó Prusia Oriental, pero también persiguió a soldados de la resistencia polaca.

Con la llegada al poder del PiS se han intensificados en Polonia los esfuerzos oficiales por borrar de la historia nacional tanto los años de la ocupación nazi como los del periodo comunista (entre 1945-1989). En los últimos meses el gobierno ha decidido amonestar a los periodistas que hablen de campos de concentración "polacos", alegando que eran iniciativas nazis, aunque en su territorio estuviesen las instalaciones de la muerte de, por ejemplo, Sobibor y Auschwitz. La pena máxima son cinco años de cárcel para quien afirme que Polonia participó en el Holocausto.

El Holocausto según Hungría

En Hungría, otro actor clave en la región, el proceso empezó algo antes. Con el nacionalista y conservador Viktor Orbán como primer ministro desde 2010, el país lleva años jugando a reescribir su pasado. La situación llegó hasta tal punto que las asociaciones judías del país se distanciaron de los actos organizados por el gobierno en 2014 para conmemorar el Año de Recuerdo del Holocausto. Además rechazaron cerca de un millón de euros del estado. Estos colectivos criticaron que el gobierno, más que rememorar el pasado, tratase de reescribir la historia, absolviendo a Hungría de cualquier tipo de complicidad en el genocidio que acabó con medio millón de judíos, el 70% de todos los que vivían en el país antes de la II Guerra Mundial.

La estatua que Orbán planeó para recordar a las víctimas de la ocupación nazi es bien elocuente. El proyecto original presentaba a un águila con las alas extendidas -la Alemania del III Reich- abalanzándose sobre el arcángel Gabriel, que simbolizaba a Hungría. Como si Miklós Horthy, el regente de Hungría entre 1920 y 1944, no se hubiese unido al Eje al comienzo de la II Guerra Mundial y no hubiese tenido relación alguna con la deportación masiva de judíos húngaros a Auschwitz a una muerte segura.

Randolph Braham, profesor emérito de la Universidad de Nueva York y estudioso del Holocausto húngaro (sus propios padres fueron víctimas) tachó la iniciativa de Orbán de “campaña de limpieza de la historia" con el objetivo de “absolver a Hungría por el papel activo" que su Gobierno, con un gran respaldo social, desempeñó en el Holocausto y de "intento cobarde" de exonerar al régimen de Horthy de cualquier responsabilidad.