El CETI de Melilla envió a la Península a los 80 refugiados que denunciaron acoso

El trabajador del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla suspendido de empleo y sueldo en noviembre por presuntos abusos sexuales y malos tratos siguió entrando en el centro después de su expulsión con el consentimiento de directivos. Es más, convocó individualmente a los refugiados en el despacho de la coordinadora de Cruz Roja para coaccionarles a que firmaran un escrito a su favor y, a cambio, les ofreció ayuda para llegar rápidamente a la Península, según trabajadores del propio CETI.

"Me han obligado a firmar un papel que dice que Gustavo es bueno y que me van a ayudar a salir de aquí". Esta es la denuncia de una refugiada argelina a la salida del despacho de la coordinadora de Cruz Roja en el CETI. Allí se habían reunido el presunto acosador, una enfermera y una traductora de Cruz Roja, y un residente palestino, poco después de recibir las denuncias de acoso sexual de dos internos y las quejas por maltrato de casi 80 refugiados.

El trabajador expedientado entró al CETI con la excusa de entregar documentación y permaneció toda una tarde. En el despacho de la coordinadora de Cruz Roja, terminó lo que días antes había empezado un grupo de trabajadores, la recopilación de firmas de residentes en el centro para intentar revocar su suspensión por intento de abusos sexuales y malos tratos. Les acompañó un interno palestino que también tuvo acceso a la base de datos y ayudó a elaborar la lista de denunciantes, que fueron llamados uno por uno por megafonía al despacho para instarles a que firmasen un papel en apoyo al denunciado. A cambio, se "agilizaría la salida". Incluso se les amenazó con que "si seguían hacia adelante con la denuncia, el juicio les retrasaría la salida a la Península tres o cuatro años".

Varios trabajadores denunciaron los hechos al director, Carlos Montero, que no se encontraba en el centro aquella tarde, pero que se comprometió a informar al Ministerio de Empleo, aunque "la entrada del acusado no era legal ni ilegal". Sin embargo, fuentes del ministerio aseguraron que "esta persona accedió exclusivamente a las oficinas y no a la zona donde viven los residentes ni a las zonas comunes (comedor, aulas, etcétera), a efectos exclusivos de recoger la documentación a la que tiene derecho para defenderse en el marco del proceso disciplinario iniciado en su contra, y estando en todo momento acompañado por personal del CETI".

Por su parte, el traductor palestino, que trabajaba habitualmente con el acusado, declaró en su comparecencia ante los inspectores del ministerio que "hubo muchos movimientos cuando estuvo la inspección de servicios anterior -refiriéndose a la primera investigación de la Subsecretaría de Empleo, entre el 19 y 23 de octubre-. La traductora de la Cruz Roja, que es muy amiga suya, tenía los nombres de los firmantes de la denuncia colectiva, poniéndose en contacto con ellos con objeto de que cambiaran su testimonio".

La recogida de firmas y la campaña a favor del expedientado comenzó en el centro días antes de que el presunto maltratador se encontrara de nuevo con los refugiados, entre las dos investigaciones de la Inspección General de Servicios. Fuentes del CETI han informado de que el expedientado amenazó a trabajadores y personal de la directiva: "Si yo caigo, va a caer mucha gente detrás". Según ha podido saber El Confidencial, "podría referirse a relaciones sexuales consentidas entre personal y residentes".

"Aquí, oír, ver y callar"

El responsable de Voluntariado y Formación de la Cruz Roja, Enrique Roldán, convocó una reunión extraordinaria con la veintena de trabajadores de la ONG en el CETI en que se les dijo: "Aquí, oír, ver y callar". El directivo, al corriente de que parte del personal había denunciado irregularidades al director del CETI, les pidió "mantener la calma, ceñirse al trabajo y no hablar del caso", según denunciaron a El Confidencial.

El traductor palestino de la ONG ACCEM, que trabajaba como intérprete entre el acusado y los residentes, y a quien la Inspección General de Servicios tomó declaración el 26 de noviembre, fue excluido posteriormente del módulo de administración y trasladado al colegio del CETI. Este trabajador fue quien entregó al director del CETI las firmas y las quejas de los refugiados en el mes de octubre. Tras el acoso sufrido estos meses, ha solicitado el traslado a ACCEM, y se incorporará en la sede de la organización en Zaragoza, donde hay una vacante. Actualmente, se siente coaccionado para hablar. Ayer mismo se excusó telefónicamente alegando: "No puedo hablar, me lo tienen prohibido, si no pierdo mi puesto de trabajo. Entiéndeme".

Parte del personal "tiene miedo a perder el trabajo" porque les han obligado a firmar un contrato de confidencialidad, otros están viviendo presiones de sus superiores, y a algunos les han ofrecido puestos de trabajo para familiares o mejorar sus condiciones laborales a cambio de mantener el silencio.

El presunto acosador, en las listas de plazas fijas

El acusado se encuentra en suspensión cautelar de empleo y sueldo desde el 11 de noviembre y durante el tiempo que dure la tramitación del expediente sancionador (máximo de seis meses), en manos de la Fiscalía de Melilla desde el 10 de diciembre. En conversación telefónica con El Confidencial, el sancionado asegura que todo de lo que se le acusa "es mentira" y que lo está "intentando demostrar", pero que no puede "hablar del caso por orden" de su abogado.

Parte del personal vive presiones de sus superiores. A algunos les han ofrecido puestos de trabajo para familiares o mejorar sus condiciones laborales a cambio del silencio

Renunció a su cargo en la Federación Juvenil de Balonmano la semana pasada y está de baja psicológica para poder solicitar el reembolso de estos seis meses si resulta inocente en el juicio. Sin embargo, de momento sigue perteneciendo a Cruz Roja en Melilla y su nombre aparece en las listas para las tres plazas de trabajador y mediador social en el CETI convocadas recientemente por el Ministerio de Empleo.

Hace solo un mes que acaba de comparecer en un juicio a puerta cerrada por la denuncia interpuesta hace tres años por un médico del hospital, que le atendió de urgencia después de que dos marroquíes intentaran ahorcarle en su domicilio. Renunció a seguir adelante con el juicio para no tener que entrar en detalles en la declaración, porque le pueden perjudicar en el caso actual, ya que "tendría que explicar qué hacían dos musulmanes en su casa", según confirmaron personas cercanas.

El empleado fue contratado el 24 de noviembre de 2014, procedente de Cruz Roja, con quien había trabajado para el CETI varios años. Solicitó inesperadamente la excedencia en la organización, se inscribió en el Inem -requisito para ser contratado por el ministerio- y se afilió al sindicato de UGT, al que también perteneció personal de la dirección y que estuvo presente en su selección para ocupar el cargo. Desde el Ministerio de Empleo, informan a El Confidencial de que "el contrato con el CETI se formalizó para sustituir a otra trabajadora durante el tiempo en que esta permanezca en adscripción temporal en otro destino, con reserva de puesto de trabajo en el centro".

¿Qué pasó con los refugiados denunciantes?

Los casi 80 denunciantes fueron enviados a la Península entre octubre y noviembre, poco después de presentar las denuncias, traducidas al español el 5 de octubre. "Se les hizo análisis y demás pruebas, que marca el protocolo, con prioridad para enviarlos a la Península de forma expeditiva", aseguran fuentes del centro. La mayoría fueron trasladados a la Cruz Roja en Madrid, donde el presunto maltratador podría tener acceso, ya que sigue siendo miembro de la ONG.

A las dos quejas por abuso sexual de dos refugiados, se une actualmente una tercera de un exresidente que confesó a otro refugiado que "está moviendo los papeles para denunciar al trabajador social porque ya no tiene miedo, ahora que se encuentra en Alemania". Los denunciantes coinciden en que la situación que vivieron con el acusado en el CETI fue "vergonzosa y embarazosa" y relatan "tocamientos de los genitales", así como invitaciones a tener sexo o a verse fuera del centro.

Los abusos sexuales dentro del CETI se han sucedido antes y después de este expediente. Según un parte médico del Hospital Comarcal de Melilla al que El Confidencial ha tenido acceso, la medianoche del 24 de febrero se presentó en urgencias un refugiado de 20 años víctima de una violación presuntamente por parte de otros residentes. El pasado verano fue despedido un trabajador de una empresa subcontratada por el CETI porque solicitaba favores sexuales a mujeres internas a cambio de productos de aseo y otros materiales del almacén que gestionaba. Se rompió el contrato con la compañía privada y actualmente realiza el servicio la empresa de limpieza Eulen.