Federalismo 'a la argentina': gobernadores corruptos, sobornos y compra de votos

En la provincia de San Juan, al noroeste de Argentina, las megaexplotaciones mineras a cielo abierto apenas logran paliar el empobrecimiento de la región. Allí opera la multinacional canadiense Barrick Gold, la más grande del mundo en este sector, bestia negra de grupos ecologistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos en todo el mundo: en 2011, Greenpeace la acusó de “destruir los glaciares de San Juan”.

A pesar de ello, la empresa ha contado con un vehemente defensor: el gobernador de la provincia, José Luis Gioja, quien durante años ha negado sistemáticamente los informes que alertaban del riesgo de contaminación del agua con el cianuro que se utiliza en el proceso de extracción del oro. Esas voces críticas con la minería, aseguraba Gioja, querían perjudicar a San Juan. Recientemente, la realidad imponía su evidencia: un derrame provocó la filtración de un millón de litros de agua con cianuro. Avanza ahora la investigación judicial que apunta a la negligencia de los responsables de la Barrick Gold.

Son muchos los que denuncian la connivencia entre Gioja, tres veces elegido gobernador, y la multinacional canadiense. Y no solo con ella: en diciembre de 2014, la empresa estadounidense de aviación Dallas Airmotive admitió haber sobornado a Gioja y los hombres a su cargo entre 2008 y 2012. Para muchos, la prueba de que “Gioja es un corrupto, un coimero [alguien que acepta sobornos] y un traidor a la patria”, como ha denunciado repetidas veces el exgobernador sanjuanino Alfredo Avelin.

El diario 'The Wall Street Journal' publicó la noticia y varios medios de comunicación argentinos se hicieron eco de ella: los funcionarios sanjuaninos aceptaron comisiones de entre 5.000 y 15.000 dólares para asignar a la multinacional estadounidense diversas tareas de mantenimiento. Muchos medios locales, sin embargo, optaron por guardar silencio: dependen de la llamada “pauta oficial”, la publicidad institucional provincial, y eso estabiliza lealtades que no se llevan bien con el periodismo libre.

Los amplios poderes de los gobernadores

Argentina, según la Constitución -reformada por última vez en 1994-, adopta la forma de democracia republicana y federal, con 23 gobiernos provinciales más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada uno de esos gobiernos locales ejerce todos los poderes no delegados expresamente al Gobierno nacional. Las obras públicas más importantes del país se hacen, mayoritariamente, con fondos que distribuye el Ministerio de Planificación a nivel nacional, pero son los gobernadores quienes deciden qué empresas realizarán los trabajos.

'Existe una lógica de incentivos perversos que induce a los concejales a intercambiar favores por votos para movilizar a los votantes pobres', sostiene Szwarcberg

De este modo, la norma, antes que la excepción, es que en la mayoría de las provincias de Argentina, las obras públicas enfrentan denuncias de favoritismos, sobreprecios y vínculos espurios con las autoridades locales. Ahí están los casos de las empresas de Lázaro Báez en la Santa Cruz de Néstor Kirchner, o las políticas de José Manuel de la Sota en Córdoba a favor de Monsanto y los intereses sojeros.

Esto promueve la corrupción y el soborno en todo el territorio nacional, aunque con variantes provinciales: en algunos casos, los mandatarios benefician a empresarios hasta entonces desconocidos, que de un día para otro toman relevancia; en otros, otorgan las obras a grandes hombres de negocios de la región o a empresas multinacionales. Los más polémicos no dudan en adjudicar los contratos a empresas propiedad de sus familiares, o incluso propias. Algunos casos han sido señalados por la prensa, como el del empresario Pedro Doval Vázquez, cuya compañía gana la mayoría de las obras viales en la provincia de Formosa, que gobierna Gildo Insfrán desde hace 20 años.

El de San Juan es un ejemplo que se repite en provincias ricas en recursos naturales apreciados por las multinacionales, como la soja en Córdoba, Formosa y Chaco, la minería en Neuquén y La Rioja o los hidrocarburos en Chubut. En algunos casos, por el bien de las relaciones entre gobiernos locales y multinacionales, las organizaciones sociales que se oponen a estas actividades extractivas han sido duramente reprimidas: es el caso de Formosa, donde el gobernador, Gildo Insfrán, ha sido acusado de financiar la represión contra el pueblo indígena Qom, que defiende sus tierras frente al avance de la frontera sojera.

En el trasfondo del problema está la polémica en torno a los recursos naturales: en general, se atribuye la propiedad de esos recursos a los gobiernos provinciales, con base en el artículo 124 de la Constitución. Algunos juristas, como Marcos Rebasa, creen que este es un error de interpretación de la Carta Magna; para Rebasa, debería prevalecer el artículo 41 y su llamamiento al uso sostenible y racional de unos recursos que, según esta visión, son de todos los argentinos.

Fidelizar a través de los recursos

Hay quien piensa, como el economista Luis Rappoport, que la raíz del problema está en el vínculo que, en el federalismo argentino, el Gobierno nacional mantiene con las provincias: cualquier presidente es consciente del poder que ostentan o pueden ostentar los gobernadores, así que trata de garantizar la gobernabilidad fidelizándolos, otorgándoles los recursos para que, a su vez, ellos fidelicen a los intendentes (alcaldes). Esa es la razón, opina Rappoport, de que los planes sociales asistencialistas y la dependencia creciente del empleo público hayan sustituido a políticas orientadas al desarrollo local autónomo: “Aun cuando las autoridades provinciales y municipales tengan una honesta vocación por el desarrollo, las urgencias sociales las condenan a la búsqueda de soluciones de emergencia, que terminan en empleo público y asistencialismo”.

Para la politóloga Mariela Szwarcberg, los planes sociales y el empleo público han sido utilizados por los poderes locales para consolidar redes de clientelismo político, esto es, el ofrecimiento de bienes particulares, como un empleo o un beneficio social, a cambio de apoyo político. “Existe una lógica de incentivos perversos que induce a los concejales a intercambiar favores por votos para movilizar a los votantes pobres", sostiene Szwarcberg.

El pasado agosto se divulgó que, en la provincia de Tucumán, los candidatos a legisladores en las últimas elecciones provinciales colocaron coches para llevar a la gente a votar, un tema que atrae la atención mediática de forma recurrente cada vez que hay una cita con las urnas. Pronto se relataron más casos: un voto por 100 pesos (unos siete euros), por un bolsón de comida o incluso por droga, así como casos de cambios masivos de domicilio para alterar el censo electoral.

El sociólogo Javier Auyero define el clientelismo como un proceso en el cual “sujetos políticos que están tratando de resolver dar de comer a sus hijos, entre otras cosas, se vinculan a una maquinaria política”. Para Auyero, “en Argentina se usa el término clientelismo como sinónimo de corrupción y para estigmatizar a los pobres: la gente es cliente, entonces no es libre, no tiene control sobre su vida”.

Sea como fuere, lo innegable es que, en Argentina, el poder provincial aparece a menudo de la mano de la corrupción. No ocurre solo en el país del tango: “Si hacemos una comparación de países que tienen sus sistemas de gobierno organizados en federaciones y los unitarios, y utilizamos el índice de Transparencia Internacional o el Banco Mundial, veremos que los sistemas federales tienden, en promedio, a contener una percepción de corrupción mayor que el promedio de los unitarios”, asegura Alberto Díaz Cayeros, politólogo mexicano de la Universidad de Stanford. Paradójicamente, “en los casos de México, Argentina y Brasil, la corrupción aumentó mientras los sistemas democráticos se consolidaban”, debido, entre otras cosas, a que las campañas electorales son muy caras. ¿A mayor democracia, mayor corrupción?