Colombia, el reto de la paz sin impunidad de los asesinos

Después de 60 años de conflicto armado, la paz en Colombia está más cerca que nunca. Reunidos en La Habana, el presidente Juan Manuel Santos y su interlocutor de las FARC (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), Timoleón Jiménez, 'Timochenko', llegaban a un acuerdo sobre justicia que saldaba uno de los principales escollos del proceso de negociación que se inició hace casi tres años. Incluso se ha puesto fecha a la firma definitiva de la paz: será, a lo más tardar, el 23 de marzo, y el abandono total de las armas se realizará dos meses después. La noticia llegaba teñida de esperanza: “La paz es un hecho irreversible”, sentenciaba la exsenadora y defensora de los derechos humanos Piedad Córdoba.

Lo que se acaba de anunciar es un acuerdo sobre justicia transicional, que contempla la creación de un tribunal especial que juzgará a todos los actores del conflicto -guerrilleros, paramilitares, militares, políticos- y que aplicará penas limitadas de privación de libertad -no necesariamente la cárcel-, así como reparación a las víctimas, que es, insiste la Casa de Nariño, la prioridad de las negociaciones. Para muchas víctimas, es más importante conocer la verdad que ver a sus victimarios entre rejas: de ahí la importancia del acuerdo firmado en junio para la creación de una Comisión de la Verdad.

Además de los citados acuerdos en relación a las cruciales cuestiones de la justicia y la memoria, otros tres asuntos se han resuelto en los casi tres años que duran las negociaciones de paz en La Habana: el acceso y uso de la tierra, la participación en política de los miembros de las FARC y la erradicación de cultivos ilícitos. Ya solo quedan por ultimar los detalles referentes a la desmovilización, el abandono de armas y los mecanismos de reparación a las víctimas.

El presidente no deja de hablar de “paz sin impunidad” para tratar de compensar el ruido que lleva a medios de comunicación y a las redes sociales el expresidente Álvaro Uribe Vélez, empeñado en colar la idea de que la paz de Santos entregará a Colombia a las FARC y, de paso, "al castrochavismo”. Pese al ruido de Uribe y la extrema derecha y a la intensa incertidumbre a la que se enfrenta la sociedad colombiana, se respira esperanza. Colombia ansía la paz, aunque es también consciente de las dificultades. La inmensa mayoría de los colombianos han nacido en tiempos de guerra, más o menos declarada. La violencia está anclada en lo más profundo de la sociedad, y sus raíces son tan recónditas que hará falta la buena disposición no solo de la guerrilla y la Administración Santos, sino de toda la sociedad colombiana.

Son muchas las heridas. Según el Centro de Memoria Histórica (CHM), un organismo estatal que presentó en 2013 el informe más completo hasta la fecha, cifra en 219.000 los muertos ocasionados en esta guerra. De esa cifra, 11.000 fallecieron en masacres; y más de la mitad fueron ejecutados por fuerzas paramilitares de extrema derecha. Los paramilitares matan más; las guerrillas secuestran más. Unos y otros, aunque sobre todo los paramilitares, están detrás del drama siempre vigente de los desplazados: la CHM cifra en 4,7 millones los desplazados solo entre 1996 y 2012. Y menos se habla de la violencia sexual generalizada a la que han sido sometidas las mujeres colombianas, fuera como venganza o para aterrorizar los territorios ocupados por los agentes armados, como denuncia Amnistía Internacional.

La raíz del conflicto: la tierra

La guerrilla se consolidó como forma de acción colectiva en los años sesenta, en respuesta a la guerra civil no declarada en los años de La Violencia. Surgen las FARC en las zonas campesinas, mientras que asciende el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en regiones obreras. En los setenta llegan las guerrillas “de segunda generación”, como el M19. En una época, hubo decenas de guerrillas activas en el país. En los ochenta se complicó aún más el panorama, con el ascenso paralelo de los paramilitares y de las redes del narcotráfico. Las FARC fueron entrando en el entramado del narcotráfico al tiempo que su prestigio social comenzaba a decaer por las injusticias cometidas contra inocentes y por la percepción de que la vía armada perjudicaba a las izquierdas, en un país donde basta con mostrar una visión crítica de la política para ser tachado de “guerrillero”.

Las FARC fueron entrando en el entramado del narcotráfico al tiempo que su prestigio social decaía por las injusticias cometidas contra inocentes

“En Colombia se asumió la violencia como parte del modelo de desarrollo: cada vez que había que hacer una transformación significativa en el modelo económico, se abría un ciclo de violencia”, sostiene el politólogo Carlos Medina Gallego, del Grupo de Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional. La última de esas transformaciones económicas sucedió en las pasadas tres décadas, cuando el campo colombiano se abrió a los intereses del agronegocio y la minería en manos de empresas multinacionales. Ese proceso es contemporáneo al surgimiento y consolidación del paramilitarismo: “La violencia paramilitar sirve a los intereses de las transnacionales”, asevera Medina.

Un total de 6,6 millones de hectáreas -el 15% de la superficie cultivable en el país- fueron abandonadas por los casi cinco millones de desplazados: se obligó a los pequeños campesinos, muchas veces indígenas o afrodescendientes, a huir a punta de bala y miedo; los territorios que dejaron atrás pasaron a engrosar el latifundio de los terratenientes o, en muchos casos, viabilizaron inversiones mineras o agrícolas en manos de grandes multinacionales.

Pese al anuncio a bombo y platillo de una ley de restitución de tierras por el Gobierno Santos, muy pocos de esos 4,7 millones de desplazados -el 10% de los 46 millones de colombianos- han conseguido recuperar sus tierras. De ahí que una preocupación central para las FARC en estas negociaciones haya sido la mejora de la situación de los campesinos, en uno de los países más latifundistas del mundo: el índice Gini de la tenencia de tierra (donde 1 es la igualdad absoluta y 10, la desigualdad) es del 0,88. El referente a la tierra fue el primer acuerdo alcanzado en La Habana, pero no respondía a la necesidad de una reforma agraria integral, sino a la consolidación de las zonas de reserva campesina (ZRC), un mecanismo legal para garantizar la subsistencia a los pequeños agricultores.

Y ahora, ¿qué?

En la agenda de las negociaciones permanecen temas como la reparación de las víctimas, así como detalles sobre el abandono de las armas y la desmovilización. Es otro tema espinoso: está por ver hasta qué punto la cúpula de las FARC tiene capacidad para obligar a todos sus miembros, muchos de ellos ocultos, por cierto, en lo más recóndito de la montaña. Más complicada si cabe es la desmovilización de los grupos paramilitares: entre 2003 y 2006, bajo el Gobierno de Uribe, se desintegraron formalmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero muchos de esos 40.000 actores armados pasaron a formar parte de las bandas criminales (Bacrim). El resultado es que los grupos paramilitares, más atomizados que antes, siguen activos en Colombia y ejercen un control si cabe mayor sobre muchos territorios.

Para el congresista Iván Cepeda, del Polo Democrático (formación opositora de izquierdas), será necesario acabar con el paramilitarismo, que es “uno de los grandes enemigos de la paz en Colombia”. El desafío es enorme: “En Colombia hay una gran impunidad; hay una gran debilidad del sistema judicial, una falta crónica de recursos para fortalecer la justicia, así como falta de independencia e imparcialidad de las instancias judiciales”, ha señalado Cepeda. Cabe preguntarse, además, si debe aplicarse el mismo rasero a las FARC, por criminales que sean, y al terror cometido por el Estado. Las conexiones entre los grupos paramilitares y el Estado han sido más que probadas; también lo han sido horrores como los “falsos positivos”, con más de 4.000 casos documentados en que los militares asesinaron a inocentes y los disfrazaron de guerrilleros para cobrar las recompensas ofrecidas por el Gobierno Uribe.

Son muchos y grandes los desafíos, pero la sociedad colombiana los quiere resolver en el sendero de la no violencia. A fin de cuentas, como señala el periodista Alfredo Molano, especialista en la ruralidad colombiana, “una vez que se silencien los fusiles, los conflictos seguirán, pero serán tramitados por las vías políticas y no por las armas”. Por eso uno de los puntos fundamentales de las negociaciones de paz ha sido la participación política: las FARC querían así garantizar que no les sucederá lo mismo que a Unión Patriótica, un partido político legal, fundado en 1985 a partir de la iniciativa de varios grupos guerrilleros -entre ellos, las propias FARC-, cuyos miembros fueron exterminados en los ochonta a manos de grupos de extrema derecha.

El futuro de Colombia dependerá no solo del Gobierno y la guerrilla, sino de la sociedad en su conjunto. Pues, como recuerda Medina, “terminar el conflicto armado no equivale a construir la paz: es apenas el punto de partida”.