Hablamos con el cerebro del plan B de Grecia: auditar la deuda

“No hay ninguna experiencia similar, es inédito e histórico lo que se va a hacer. No tendremos modelos para reproducir en Grecia lo que se hizo en Ecuador... no se puede comparar”. Así define Eric Toussaint la labor que emprende el nuevo Comité para la Auditoría de la Deuda Pública en Grecia. El economista belga liderará los trabajos técnicos y científicos encomendados por el Parlamento heleno.

“El objetivo es determinar el eventual carácter odioso, ilegal o ilegítimo de las deudas públicas contraídas por el Gobierno griego”, dice por su parte Sofia Sakorafa. La eurodiputada de Syriza rompió en 2010 con el PASOK del entonces primer ministro Yorgos Papandréu tras la firma del primer memorándum de rescate. Entonces, la deuda pública del país representaba cerca del 120% del PIB y, en su mayoría, estaba en manos del sistema financiero internacional.

Grecia ha vivido ya dos rescates y ahora, en 2015, se asoma otra vez al abismo. No genera suficientes ingresos para pagar a los acreedores internacionales y atender a gastos corrientes, como pensiones o sueldos públicos. Bancarrota, salida del euro o tercer rescate son las tres salidas posibles. Las dos primeras interrelacionadas, no se sabe bien en qué orden.

Ahora, su Parlamento, asumiendo las ideas de Syriza antes de que Alexis Tsipras pisase la moqueta gubernamental, apuesta por la medida que espanta a los inversores internacionales: auditar los 320.000 millones de euros de deuda, el 180% del PIB, un anatema en Alemania.

Una montaña de deuda de 20 años

El economista Eric Toussaint propone “concentrarse en dos periodos, del 2010 hasta la actualidad y de la segunda mitad de los 90 hasta 2010, un periodo de 20 años, no más”. Las fechas no están escogidas al azar: el memorándum de 2010 es el inicio de la sustitución de los inversores privados, del mercado, por los miembros de la troika como acreedores.

Más de dos décadas para estudiar también las condiciones de entrada de Grecia en el euro, el maquillaje de las cuentas públicas por Goldman Sachs o el despilfarro de dinero público en las grandes compras a empresas multinacionales, como la alemana Siemens o la armamentística francesa Tales.

Hasta principios de 2010, el 81% de la deuda griega estaba en manos de bancos privados de Francia (con un 25%) y Alemania (en torno al 19%), seguidos de italianos, belgas, de Luxemburgo y Reino Unido. Quince grandes entidades, incluidas las enormes piezas del sistema financiero francés, como BNP Paribas, Societe General o Credit Agricole.

“Vamos a analizar en qué condiciones estos bancos compraron deuda griega, incluso en un periodo de crisis como serían los años 2008 y 2009, donde se vio un apetito muy grande de estas entidades por los títulos helenos sin analizar debidamente la sostenibilidad del país”, explica Toussaint a El Confidencial.

“Se ganó tiempo para franceses y alemanes”

El economista español Antonio Sanabria cree que “lo que se hizo fue ganar tiempo para que bancos franceses y alemanes se deshicieran de esa exposición, porque en 2010 el FMI ya pedía una reestructuración”. Sanabria, experto en análisis sobre sostenibilidad de deuda, considera que el comité de auditoría deberá analizar también la reestructuración realizada en 2012. Un proceso que en sí mismo no tendría por qué ser malo, sino que dependería de los términos de su aplicación.

En pocos días, el Parlamento griego dará a conocer a los integrantes de esta comisión que lidera Toussaint, un economista con experiencia previa en este tipo de trabajos. Como miembro de la Campaña para la Cancelación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), organización con sede en Lieja, formó parte del comité que consiguió para Ecuador la cancelación de 3.200 millones de dólares de deuda.

Una cantidad pequeña, pero es que Ecuador tenía en 2006 una deuda de 14.000 millones de dólares. ¿Cómo se logró? Tras ocho meses sin pagar a los propietarios de los bonos, se ofreció a los acreedores internacionales una reducción del 65% en el valor de la deuda que poseían. Ecuador compró esos bonos con un descuento y por cada 1.000 dólares pagó 350.

Para Grecia, “son otras condiciones históricas, de 2010 hasta la actualidad es un periodo nuevo en la historia económica europea, no hay comparación posible con otras épocas”, matiza Toussaint, consciente de que, quizás, no sería posible un impago unilateral. “En el caso de Grecia serían palabras mayores”, dice por su parte Sanabria, “porque implicaría que el BCE cortase el grifo a los bancos griegos y sería la salida de facto de la eurozona”.

El Parlamento heleno todavía perfila la treintena de economistas, juristas o investigadores y Toussaint avanza a El Confidencial que no será el único miembro no griego. “Por supuesto, ¿o es que acaso la troika no está compuesta de extranjeros? ¿Y no están auditando las finanzas griegas? ¿Son Schaüble o Dijsselbloem griegos?”, se pregunta con ironía.

Este conjunto de expertos deberá ofrecer un informe preliminar en junio. Un calendario exigente para cumplir la primera etapa de un trabajo hercúleo, de 320.000 millones de euros, pero comenzando por la deuda contraída con la troika.

Deuda ilegítima vs. deuda ilegal

El CADTM distingue entre dos elementos fundamentales, si una deuda es legal o si es legítima. El segundo es un concepto político y no jurídico, como el primero, y se refiere a aquellos créditos contraídos por los poderes públicos sin respetar el interés general. O en perjuicio de la ciudadanía.

Antonio Sanabria explica que “si hay un masa social suficiente que considere la ilegitimidad de una deuda, se puede trasladar a una ilegalidad futura, por ejemplo, prohibiendo un tipo de endeudamiento”. Ejemplifica esta diferencia con el caso de Ecuador. “Pensemos en la Constitución ecuatoriana que ilegalizó el rescate de bancos privados con dinero público, como una consecuencia de esa consideración de ilegitimidad previa”, dice el economista.

La auditoría puede evidenciar casos de crímenes financieros o de sobornos que luego derivan en procesos judiciales;yque generan deuda 'odiosa' porque sus condiciones “violentarían los derechos sociales, económicos o culturales” de la población, según los documentos de trabajo. “La Comisión de Auditoría no va a sustituir ni al Gobierno, ni al Parlamento ni a la Justicia pero puede abastecerlescon información pertinente para que inicien lo que les corresponda en el ámbito de sus poderes”, confirma Toussaint.

Tras las conclusiones, el Estado griego comprobará cómo hoy en día no existe una ley de quiebras soberanas. Un país sobreendeudado no puede declararse en concurso de acreedores como una empresa. Debe negociar con sus bonistas para alcanzar un acuerdo sin el respaldo internacional aunque, para ello, cuente con esa auditoría previa.

Las normas de la UE justificarían la auditoría

Los estudios económicos consideran que un nivel de deuda pública en un país superior al 120% de su PIB no es sostenible. Un límite que Grecia supera desde hace años, llegando a alcanzarincluso niveles récord del 230% en 2012. Hasta la actualidad, ese ha sido el punto más crítico de la crisis helena.

El Comité para la Auditoría de la Deuda quiere legitimar sus trabajos gracias a un Reglamento del Europarlamento y el Consejo Europeo de mayo del 2013 que apuesta por “realizar una auditoría completa de sus finanzas públicas para evaluar las razones que han generado la acumulación de niveles de deuda excesivos”. Cifras que en Grecia soninsostenibles desde que en 2009 el Gobierno de Papandreu reconoció el falseamiento del déficit para entrar en el euro.

Este endeudamiento previo se generó, en parte, para sufragar la defensa nacional o los Juegos Olímpicos. Entre 2005 y 2009, el sistema financiero europeo aumentó el crédito a Grecia hasta los 140.000 millones. De forma paralela, los tipos de interés pasaron del 0,35% para la deuda a tres meses en octubre de 2005 al 4,5% cinco años después, según la documentación con la que trabaja CADTM.

La deuda generada por el gasto militar será más complicada de analizar que la de la troika porque las armamentísticas o las empresas de tecnología no prestaron directamente. Las compras de armas están financiadas con deuda vendida a inversores internacionales en una decisión soberana de Atenas. La auditoría comprobará si existen evidencias de sobornos o comisiones ilegales cobradas por funcionarios públicos o políticos para adjudicar esas ventas.

El dinero adeudado a la troika y al Eurogrupo

Los socios europeos, junto al FMI y el BCE, poseen en la actualidad el 80% de la deuda pública helena. Los bancos del país tienen el 20% restante en papel a tres, seis, nueve o doce meses, los conocidos como treasury bills. “En realidad los miembros de la troika tiene más del 80% porque los treasury bills, como son a corto plazo, se refinancian cada cierto tiempo”, afirma Toussaint, quien puntualiza que “dentro de ese 20% hay unos títulos que todavía están en manos de acreedores privados, incluyendo fondos de inversiones y fondos buitre”.

Por ejemplo, España otorgó créditos de 6.500 millones de euros en 2010 a una tasa de interés del 5%, dinero luego renegociado en 2012 y ampliado con nuevas garantías de cada Estado a Grecia. Por eso, en los últimos Eurogrupos, el ministro de Economía Luis de Guindos hablaba de 26.000 millones de euros que el Estado griego adeudaría al español.

Los últimos cinco años han cambiado la fotografía del acreedor heleno. Desde mayo de 2010 los públicos sustituyen a los privados. Bruselas y las capitales europeas asumieron el riesgo de la quiebra con dinero de sus contribuyentes. Los bancos permanecieron a salvo.

¿El ejemplo griego vale para España?

La eurodiputada Sakorafa lamenta que pese a que “los niveles de deuda europea están por las nubes, las condiciones para los ciudadanos no es que hayan empeorado, es que son trágicas”. “Como en la tragedia griega, hay unidad de tiempo, unidad de protagonistas y una acción trágica bastante fácil de analizar en sus consecuencias, las consecuencias de las políticas impuestas a Grecia por parte de los acreedores de la troika”, relata Toussaint. No sólo desde la izquierda radical griega o los economistas de la auditoría denuncian las políticas económicas imperantes los últimos años en la UE.

El último informe del European Systemic Risk Board, el organismo para la estabilidad financiera del BCE, denuncia cómo desde 2009 los inversores empezaron a recelar de los países que acumulaban déficits y deuda mientras sus economías se hundían. Los 'especuladores' incorporaban la debilidad del sector bancario como otro ingrediente para el cóctel explosivo.

El exministro de economía de Argentina, Hernán Lorenzino, afirmaba recientemente en Bruselas que “todos reconocemos que el sistema financiero internacional tiene un problema, al menos en lo que respecta a la deuda soberana”. El hoy embajador ante la UE desnudaba algunas lagunas de las grandes reformas bancarias en EEUU y Europa.

Lorenzino alertaba ante situaciones como la italiana, donde sus bancos tienen el 11% de la deuda del país. O la de España, cuyo papel soberano supone el 8% del balance de sus principales entidades. El miedo es que una salida griega del euro genere un nuevo contagio en los mercados y que estas inversiones se conviertan en agujeros para los bancos en medio de una recuperación aún verde.

El reglamento del Europarlamento y el Consejo Europeo que esgrime CADTM para auditar la deuda pública helena podría aplicarse a todos los países bajo “un programa de ajuste macroeconómico”. Es decir, los rescatados. Además de Grecia, Chipre, Portugal, Irlanda y España.

Auditorías aplicables también a las deudas privadas de los ciudadanos. En España, las hipotecas con claúsulas suelo u otro tipo de condiciones abusivas que derivan en desahucios podrían considerarse como ilegítimas e, incluso, odiosas y ser declaradas ilegales por ley. En Grecia o en Ecuador, el parlamento y el gobierno dieron el primer paso.