Represión, detenciones arbitrarias y tortura en la Venezuela de Maduro

Las fuerzas de seguridad emplearon una fuerza excesiva para dispersar las protestas de la oposición. Decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y vieron negado su acceso a abogados omédicos. Se denunciaron torturas y malos tratos a manifestantes y transeúntes, se siguió utilizando el sistema judicial para silenciar a críticos con el Gobierno, las personas que defendían los derechos humanos fueron objeto de intimidación y ataques, y las condiciones de encarcelamientono mejoraron en absoluto. Estas son las conclusiones del capítulo dedicado a Venezuela enel informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre el estado de las libertades en el mundo.

La denuncia del movimiento global en defensa de los derechos humanos coincide con el asesinato del adolescente de 14 años Kluiver Roa, muerto supuestamente a manos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) durante una protesta estudiantil en la ciudad de San Cristóbal, uno de los bastiones de la resquebrajada oposición venezolana –en la capital de Táchira surgieron las manifestaciones de 2014 que desataron la grave crisis política aún vigente–.

El asesinato del joven, que falleció en el hospital tras recibir un disparo en la cabeza, forzó la reacción de un Nicolás Maduro ya de por sí acorralado, ahora que el Gobierno chavista arresta y amenaza a rivales políticos mientras denuncia una conspiración golpista orquestada por EEUU, España y Colombia. El líder venezolano propagó ayer a bombo y platillo la detención de un agente de la PNB, Javier Mora Ortiz, de 23 años, quien, según Interior, fue arrestado por su “presunta implicación en el hecho y declaró haber efectuado un disparo al estudiante con una escopeta, municiones de goma (…). Fue pasado inmediatamente a la orden del Ministerio Público (MP) para establecer las responsabilidades”.

El presidente Maduro envió sus condolencias a la familia del joven y condenó su “asesinato” durante una intervención en la cadena estatal, asegurando que se trata deun "hecho de violencia" en el momento "en el que un grupo de muchachos con capuchaestabanen actividades de protestasy de generación de violencia".

“En ese momento se produjo un hecho inverosímil: pasaron unos policías por allí, se enfrascaron en una pelea, dicenlos policías que fueron rodeados y golpeados y atacados con piedras y uno de los policías accionó la escopeta de perdigones y asesinó a este muchacho”, explicó el jefe del Ejecutivo en una alocución en la cadena estatal VTV, tras subrayar que “larepresión armada está prohibida de manera explícita en la Constitución”. Pese a condenar los hechos, Maduro repitió unadenuncia ya habitual:en la derecha hay "sectas que captaban jóvenes desde muy temprana edad para inducirlos a cometer actos violentos”.

Un año sangriento

Los cadáveres agravaron en 2014 la descomposición social de Venezuela. Al menos 43 personas murieron y más de 870 resultaron heridas –entre manifestantes, miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes– durante las protestas opositoras enun año marcado, según AI, “por un creciente descontento” con el Gobierno de Maduro. Su informe no sólo denuncia enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, sino también la acción represora de grupos armados favorables al chavismo.

Más de 3.000 personas fueron detenidas durante las protestas que ocuparon las calles de varias ciudades, de las que la mayoría fueron puestas en libertad al cabo de unos días. No obstante, al final de 2014, más de 70 manifestantes seguían detenidos en espera de juicio. Destaca el caso del estudiante Daniel Quintero, que fue golpeado y amenazado con ser quemado vivo mientras permanecía bajo custodia. La Policía lo arrestó cuando regresaba a su casa tras participar en una manifestación contra el Gobierno celebrada en febrero en Maracaibo, en el estado de Zulia.

AI también critica un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que declaró ilegal cualquier protesta que no contara con autorización previa, y constata que las fuerzas de seguridad emplearon una fuerza excesiva para dispersar las marchas. En particular, Amnistía Internacional denuncia el uso de munición real a corta distancia contra personas desarmadas, el empleo de armas de fuego y materiales antidisturbios inadecuados y de gas lacrimógeno y balas de goma en espacios cerrados.

Respecto a la tortura, el informe de AI asegura que al menos 23 personas fueron detenidas el 19 de marzo en una operación conjunta de la Guardia Nacional y el Ejército en Rubio, en el estado de Táchira, recibieron patadas, golpes y amenazas de muerte y de violencia sexual mientras se encontraban bajo custodia.

En cuanto al sistema de justicia, Amnistía afirma que sufre injerencias gubernamentales, especialmente cuando se juzga a ciudadanos críticos con el Gobierno. La organización cita el caso de Leopoldo López, dirigente del partido opositor Voluntad Popular, el líder más carismático y electoral de la oposición y representante del ala más ultra de los antichavistas. Permanece recluido desde hace un año sin pruebas para las acusaciones en su contra, que obedecen a motivos políticos. Se enfrenta a cargos de incendio y daños, instigación y asociación para delinquir, castigados con hasta 10 años de prisión.