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México tiembla de nuevo: un alcalde utilizó a su Policía para asesinar a un periodista
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el vínculo entre poder y crimen organizado

México tiembla de nuevo: un alcalde utilizó a su Policía para asesinar a un periodista

La víctima del último compadreo entre gobiernos locales y crimen organizado se llama Moisés. Taxista, decidió emplear todos sus ahorros en crear un semanario

Foto: Una manifestante llora durante una protesta en Ciudad de México ante la oficina del Fiscal General por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa (Reuters).
Una manifestante llora durante una protesta en Ciudad de México ante la oficina del Fiscal General por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa (Reuters).

Es habitual que a un alcalde le irrite la presencia de ese periodista o activista local que se dedica a airear las vergüenzas de su gestión. Ocurre en todo el mundo, también en España. Lo normal es que el político se contente con regalar a su contrincante miradas de odio, exabruptos y, si se tercia, alguna zancadilla burocrática. En algunos países incluso logra que lo despidan del trabajo. O que lo enjuicien. Pero en México, cuando un alcalde se cabrea de verdad, lo tiene muy claro: avisa a su jefe de policía y manda asesinar al incordio. Con mucha diligencia, el agente contacta con algún sicario de confianza y le subcontrata la faena. Y así, en menos de 24 horas, el problema está resuelto.

De ese modo procedió el alcalde de Iguala en el infausto secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, todavía por resolver, y así ha procedido ahora presuntamente Omar Reyes, alcalde de Medellín de Bravo, quien, cansado de que el editor del semanario local La Unión atacara continuamente su mala gestión, decidió que ya era hora de que el maldito periodista dejara de aguarle el vino.

La víctima del último escándalo de compadreo entre Gobiernos locales y crimen organizado se llama Moisés Sánchez, uno de esos héroes anónimos. Taxista de profesión, decidió emplear todos sus ahorros en crear un semanario para narrar la actualidad de Medellín de Bravo

La víctima del último escándalo de compadreo entre los Gobiernos locales y el crimen organizado en México se llama Moisés Sánchez, y es uno de esos héroes anónimos que dignifican una sociedad. Taxista de profesión, decidió emplear todos sus ahorros en crear y financiar un semanario para narrar la actualidad de Medellín de Bravo, ciudad ubicada en la conurbación de Veracruz, célebre puerto del golfo de México. Todo lo que ganaba en el taxi lo dedicaba a informar a sus vecinos.

Pronto se vio abocado a denunciar en sus páginas los desmanes, promesas incumplidas y deterioro social a cargo de la Administración del alcalde, Omar Reyes. La inseguridad, según el editor, estaba llegando a cotas insostenibles. El alcalde ya había amenazado en reiteradas ocasiones a Sánchez por su osadía. Según testigos, incluso le llegó a advertir de que le iba a “dar un buen susto”, y existen incluso vídeos en internet con sus disputas. Un talante mafioso que sorprende en un alcalde que cuenta apenas 29 años y se jacta en las redes sociales de ser un respetable licenciado en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.

Libertad para vender droga a cambio de “un favor muy especial”

Todavía está por confirmar si ese “susto” efectivamente consistía en lo que ocurrió el 2 de enero: cinco delincuentes irrumpieron en casa de Sánchez, lo arrastraron a la calle por la fuerza y lo metieron en una camioneta rumbo a unos matorrales. La familia y distintas organizaciones de derechos humanos llevan desde entonces exigiendo la aparición con vida del periodista y marcando muy de cerca al alcalde. Imperaba el silencio oficial sobre la investigación hasta que el domingo apareció en rueda de prensa el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo, para asegurar que Moisés Sánchez fue asesinado el mismo día de su secuestro de manera brutal, y que ha sido la confesión de uno de los autores materiales, antiguo agente de policía para más señas, la que ha permitido desencallar la investigación durante el fin de semana y encontrar el cadáver del periodista dentro de una bolsa negra.

“El grupo liderado por Clemente Rodríguez (ex policía y asesino confeso) es contactado por el chófer y escolta personal del alcalde de Medellín, quien le pide desaparecer a Moisés porque le afecta mucho en lo que ellos llaman calentar la zona, dice que está pateando el avispero, y esa es la razón por la que el chófer del alcalde (quien además es el subdirector de la Policía local) le pide a un tal Harry que lo desaparezcan", narró el fiscal de Veracruz.

"Así", continúo la autoridad judiciaria, "planean la sustracción violenta el 2 de enero, se lo llevan a un punto no muy lejano de Medellín, a unos 40 minutos, y allí es donde de una manera cruel y sumamente inaceptable privan de la vida a Moisés”, narró el fiscal de Veracruz. “Rodríguez era miembro de una banda dedicada a la venta de droga en ese municipio, y en su declaración reconoció que la muerte de Moisés Sánchez fue un encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín”, remató.

Al parecer, el alcalde habría pactado con el grupo criminal total libertad para vender droga dentro del municipio a cambio de un “favor muy especial”, como textualmente solicitó el alcalde a su subdirector de Policía y escolta privado. El jefe policial, de igual manera que sucedió en Iguala con los 43 estudiantes, llamó a sus contactos dentro del crimen organizado para que ejecutaran la misión. Hasta tres policías locales en activo podrían haber participado en el asesinato.

placeholder Agentes de Policía escoltan a Clemente Rodríguez a la salida de los juzgados, en Veracruz (Reuters).

La investigación oficial, como siempre, bajo sospecha

Según el fiscal, los restos recuperados en la bolsa de plástico no son “un cuerpo que a través de los sentidos puedas reconocerlo, es un cuerpo brutalmente lastimado, algo que atenta contra la dignidad de la familia”. El cuerpo fue supuestamente degollado y desmembrado, y según Bravo es imposible reconocer visualmente al periodista. Fue la comparación de una huella dactilar del cadáver con la del acta matrimonial del periodista, sellada hace 25 años y en mal estado, la que permitió tener “certeza absoluta” de que se trata de Moisés Sánchez.

Para atajar suspicacias, el fiscal de Veracruz anunció ayer que también las muestras de ADN analizadas coinciden con la identidad de Moisés Sánchez. Los peritos forenses habrían contrastado restos de cabello recuperados en el vehículo del secuestro con material genético del hijo del periodista, Jorge Sánchez, resultando en una total coincidencia. Pero ni así consigue sacudirse la fiscalía de Veracruz el habitual recelo ciudadano hacia las investigaciones oficiales.

La familia del periodista teme que se trate de un montaje para cerrar el caso y aplacar la creciente indignación popular: “He visto el cuerpo y dudo que sea de él”, espetó Jorge, hijo del periodista desaparecido, horas después de ver el cadáver. “Ciertas características no coinciden, hay ciertos rasgos muy marcados que no están en ese cadáver. Lo resolveremos más adelante porque queremos estar seguros. Queremos que sea la propia PGR (Procuraduría General de la República) la que lo confirme o desmienta”, advirtió. Está previsto que la fiscalía mexicana estudie en las próximas horas el cadáver, las huellas y los cabellos y otorgue luz definitiva al caso.

Lo que ha molestado a la familia y a las organizaciones de derechos humanos son las prisas del fiscal de Veracruz por cerrar el caso mediante una huella dactilar dudosa y un opaco proceso de análisis genético. Hasta un centenar de organizaciones han denunciado irregularidades en la investigación. También provoca recelo la insistencia en que el cadáver de la bolsa es irreconocible, donde ni la ropa permite aportar alguna pista. En descargo del fiscal está el haber invitado en repetidas ocasiones a la familia a llamar a los peritos que considere para que estudien el cadáver de manera independiente.

“Hay muchas preguntas que deben ser resueltas”, afirmó en un videocomunicado Darío Ramírez, director para México de Artículo 19, una organización internacional de Derechos Humanos enfocada en la defensa de la libertad de expresión y parte de la investigación en este caso. “En México nos basamos mucho en la autoinculpación de testigos e implicados para cerrar un caso, y este es uno de ellos. (La fiscalía) sólo ha mostrado como prueba un vídeo editado con la confesión del asesinato", considera el activisat.

"¿Qué tanta confianza nos puede dar un vídeo editado? Hay que revisar el expediente y ver qué más dijo ese presunto responsable. Luego dicen que el cuerpo estaba sumamente deteriorado, pero sí se pudo comparar una huella dactilar con un acta de matrimonio de 25 años atrás en mal estado”, considera el activista. Veracruz, el mismo lugar en el que se celebró la Cumbre Iberoamericana a inicios del pasado diciembre, es hoy uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Hasta 11 informadores han sido asesinados desde el año 2010. Otro cinco están desaparecidos.

Apenas unas horas después de ser señalado por el fiscal del Estado, el alcalde de Medellín de Bravo no acudió el lunes a sus labores en el Ayuntamiento. Según su responsable de prensa, se encuentra muy ocupado diseñando su defensa junto a sus abogados. Pero la realidad es que nadie le ha visto en dos días y existe el temor de que se haya dado a la fuga, igual que hicieran su colega de Iguala y su esposa, quienes permanecieron escondidos durante semanas en una chabola de los suburbios de la Ciudad de México.

Por desgracia, no se trata de una desafortunada coincidencia en el tiempo que hayan surgido dos alcaldes sin escrúpulos aliados con el crimen organizado. Sin ir más lejos, el líder del cártel Los Caballeros Templarios, Servando Gómez “la Tuta”, grabó durante meses sus conversaciones con alcaldes y funcionarios de todo pelaje en Michoacán.

Según ha reconocido el propio Gobierno mexicano, el 75% de los 2.457 municipios que hay en el país son “vulnerables a la infiltración del crimen organizado, puesto que 1.854 cuentan con pocas herramientas ante la penetración de la delincuencia”. Mediante una iniciativa muy polémica, el Senado de México está estudiando la posibilidad de disolver temporalmente algunos ayuntamientos y tomarlos bajo tutela federal debido a la manifiesta incapacidad de los funcionarios locales y sus policías de desempeñarse bajo los valores éticos más elementales.

Es habitual que a un alcalde le irrite la presencia de ese periodista o activista local que se dedica a airear las vergüenzas de su gestión. Ocurre en todo el mundo, también en España. Lo normal es que el político se contente con regalar a su contrincante miradas de odio, exabruptos y, si se tercia, alguna zancadilla burocrática. En algunos países incluso logra que lo despidan del trabajo. O que lo enjuicien. Pero en México, cuando un alcalde se cabrea de verdad, lo tiene muy claro: avisa a su jefe de policía y manda asesinar al incordio. Con mucha diligencia, el agente contacta con algún sicario de confianza y le subcontrata la faena. Y así, en menos de 24 horas, el problema está resuelto.

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