la fiscalía de méxico ha cerrado el caso

Los 43 estudiantes de Iguala: asesinados a tiros, quemados a 1.600 ºC y arrojados al río

La Fiscalía mexicana ha asegurado que ha comprobado científicamente que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero

Foto: Varios padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en una protesta el pasado 15 de enero. (EFE)
Varios padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en una protesta el pasado 15 de enero. (EFE)

La Fiscalía mexicana ha asegurado este martes que ha comprobado "científicamente" que los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en un basurero por miembros del cártel Guerreros Unidos, versión que los padres continúan sin aceptar.

Cuatro meses y un día después de la desaparición de los jóvenes en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, el fiscal general, Jesús Murillo, y el director de la agencia de investigación criminal, Tomás Zerón, ofrecieron una rueda de prensa para presentar las conclusiones del caso.

Pese a que solo uno de los restos encontrados en el basurero ha sido identificado, Murillo explicó que las pruebas científicas y periciales dan sustento a los testimonios de los autores materiales detenidos. Entre ellos el de Felipe Rodríguez, alias el ‘Cepillo’, el último capturado, quien dirigió supuestamente la operación de asesinato e incineración de los 43 jóvenes, ordenando quemar todas sus pertenencias, incluidos los teléfonos móviles.

El fiscal confirmó así que gracias a 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos "ha quedado acreditado" de modo "contundente" que los jóvenes fueron privados de la libertad por policías de Iguala y asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan por los criminales.

Uno de las madres de los 43 estudiantes asesinados en Iguala busca a su hijo. (AP)
Uno de las madres de los 43 estudiantes asesinados en Iguala busca a su hijo. (AP)

Aunque "cerrar el caso no es la palabra adecuada", los elementos de la averiguación "son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron", dijo Murillo, quien insistió en que hay muchos más indicios concluyentes "que en otros muchos casos". "Hay cuatro confesiones de autores materiales", "confesiones de los policías que los trasladaron a ese lugar y se los entregaron a estas gentes" y, además, han sido identificados "plenamente" cuatro de los estudiantes. Uno por un laboratorio de Austria que ha analizado algunos de los restos encontrados y los otros tres porque los asesinos los ubicaron en el lugar de los hechos, citando sus apodos, ya que fueron interrogados antes de matarlos al pensar que podían ser infiltrados del cártel rival de Los Rojos.

"En ninguno de los casos de los estudiantes hemos podido determinar si son parte de algún grupo delictivo", explicó el fiscal, quien añadió que "la mayoría de ellos eran jóvenes que tenían deseos de ser maestros y de estudiar" y son "las víctimas más dolorosas de este proceso".

Entre 15 y 18, muertos por asfixia 

Murillo aseguró que los normalistas "fueron asesinado en las circunstancias descritas" por los detenidos, unos por asfixia en la camioneta antes de llegar al basurero -entre 15 y 18- y los otros a tiros, cuyos casquillos fueron encontrados en el terreno.

Las pruebas periciales, aseguró el fiscal, han confirmado que los jóvenes fueron quemados en una hoguera que alcanzó los 1.600 grados, gracias a la combustión de neumáticos y a la orografía del terreno, que alcanza los 40 metros de profundidad. Esta perfecta combustión de más de 12 horas en un lugar que se asemejaba a un horno hizo que la mayoría de los restos que se encontraron en bolsas junto al río y en el lugar de la hoguera quedaran tan dañados que no se les puede extraer material genético para su identificación.

De estos restos, 17 fueron enviados a un laboratorio de Austria "porque eran los que mayor posibilidad tenían de ser identificados". Los forenses lograron la identificación solo de uno de los estudiantes, Alexander Mora, bajo métodos rutinarios, por lo que los otros 16 restos van ser sometidos a una técnica más prometedora, cuyos resultados tardarán "un buen tiempo".

 María de los Ángeles Pineda, mujer del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. (EFE)
María de los Ángeles Pineda, mujer del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. (EFE)

Murillo explicó que el caso tampoco está cerrado del todo porque aún hay seis órdenes de captura pendientes, entre ellas la del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, considerado una de las piezas "fundamentales" de lo ocurrido.

En total, hay 99 detenidos, entre ellos el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, considerados autores intelectuales de los hechos que desencadenaron la tragedia y miembros de Guerreros Unidos.

Según testigos, Abarca ordenó la noche del 26 del pasado mes de septiembre atacar a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa para evitar que arruinaran un acto de su esposa. En el tiroteo murieron seis personas, incluidos tres normalistas, y 43 alumnos más fueron detenidos y entregados a Guerreros Unidos, según los testimonios citados por la Fiscalía.

Los padres, en contra de la decisión judicial

Los padres de los jóvenes, en contra de la decisión de la Fiscalía. (EFE)
Los padres de los jóvenes, en contra de la decisión de la Fiscalía. (EFE)

Horas después de que se cerrara el caso, los padres de los desaparecidos han ogrecido una conferencia de prensa en la que insistieron en que no hay pruebas científicas que confirmen que sus hijos fueron asesinados e incinerados como asegura la Fiscalía, a la que acusan de pretender cerrar el caso por la cercanía de las elecciones."No vamos a permitir que cierren las investigaciones con la sola declaración de los asesinos", dijo el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz, y añadió que los padres van a mantener su lucha "hasta que se nos demuestre de manera científica" lo ocurrido.

Por su parte, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, dijo que el 2 y 3 de febrero viajará a Ginebra para denunciar al Gobierno ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, en el marco de la evaluación a México en la materia, y aseguró que en el caso ya se ve una "tendencia a la impunidad"

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