¿Trabajo o cobro el paro español? Los británicos que abusan del sistema

El Reino Unido ha cerrado desde hace tiempo el grifo a los inmigrantes. Durante los dos últimos años, los subsidios para los europeos se han reducido considerablemente. El premier David Cameron ha amenazado incluso con echar a los comunitarios del país si en un plazo de seis meses no encuentran trabajo. Presionado por el auge euroescéptico del UKIP, el líder tory ha prometido mano dura para acabar con los supuestos abusos de la población extranjera en las prestaciones sociales. La idea generalizada que existe en determinadas circunscripciones es que los inmigrantes acuden al Reino Unido para chupar del bote sin aportar nada a cambio. Pero ¿y si se comprueba que es al revés?

Ésta es precisamente la conclusión de un informe que acaba de publicar The Guardian. El texto ha caído como un jarro de agua fría en Downing Street. El rotativo británico demuestra que, a pesar de los argumentos del Gobierno, los británicos sin empleo que viven repartidos por el Viejo Continente se aprovechan más de los subsidios de estos países vecinos que los inmigrantes que viven en las islas. En cuestión de segundos, la página web del periódico ha recibido centenares de comentarios.

El rotativo británico demuestra que, a pesar de los argumentos del Gobierno, los británicos sin empleo que viven repartidos por el Viejo Continente se aprovechan más de los subsidios de estos países que los inmigrantes que viven en la isla

En el caso de España, el informe señala que el número de británicos que vive en nuestro país es tres veces más elevado que el número de españoles que vive en el Reino Unido. La generosidad con la que los británicos están siendo tratados en Escandinavia y otros países del norte de Europa se invierte con la situación que se vive en el sur. Los italianos, españoles y portugueses que buscan trabajo en el Reino Unido superan en número a los británicos desempleados en esos países por 13.580 a 5.670.

Pero, según el rotativo, en España, donde el Gobierno de Cameron estima que viven alrededor de 800.000 compatriotas, existen decenas de foros en Internet que ofrecen asesoramiento a los expatriados sobre cómo acceder a los servicios sociales españoles.

“Me sentía como si robase a un país que se desmoronaba”

The Guardian cita incluso casos concretos, como el de Josh Taylor, un profesor de inglés al que le explicaron qué tenía que hacer para cobrar el paro en junio de 2011 mientras las academias estaban cerradas. “En cierto modo me sentía como si estuviera robando a un Gobierno que en ese momento se estaba desmoronando. Y sabía que podía trabajar en campamentos de verano, pero, francamente, la idea de tener dinero y tiempo libre era demasiado tentadora”, explica el joven.

La paga que recibía era de alrededor del 60% de su salario como maestro, es decir, tenía 700 euros al mes. “He de admitir que es un sistema bastante generoso y muy útil", recalca. Al verano siguiente repitió la misma operación.

Con todo, el informe señala que los británicos que viven en España son más propensos a hacer cola para ser atendidos por los médicos que para entrar a la oficina del INEM. Con el fin de acabar con lo que denominó “turismo sanitario”, Cameron incluso propuso en 2013 empezar a cobrar a los inmigrantes (incluyendo a los estudiantes) que, estando en el país, requirieran asistencia sanitaria de urgencias. Pero un año antes, la entonces responsable de Salud, Ana Mato, había denunciado los extranjeros que no pagan impuestos y habían utilizado el servicio de salud con un coste de casi 1.000 millones de euros para las arcas españolas.

Entre 2000 y 2010, el número de residentes británicos mayores de 60 años se incrementó en un 400%. Las autoridades españolas estiman que casi la mitad de los expatriados británicos son mayores de 50. Los pensionistas elogian el acceso a los especialistas, la calidad del equipo médico y la infraestructura del sistema de salud pública de España. Incluso alaban el esfuerzo de los médicos por hacerse entender, ya que muchos ingleses -sobre todo los que residen en la Costa del Sol- no hablan español.

El Reino Unido transfiere una suma mensual para compensar por cada pensionista que reside legalmente en España. Sin embargo, esto sólo se aplica a aquellos que se han registrado con las autoridades locales. El propio informe reconoce que ya sea “por ignorancia o preocupaciones fiscales”, la mayoría no hace los trámites por lo que el número de británicos que vive en nuestro país está subestimado.

El límite a la entrada de comunitarios

Después de que el UKIP haya hecho historia consiguiendo meter dos diputados por primera vez en la Cámara de los Comunes, la inmigración se ha convertido en la gran protagonista de cara a las elecciones generales de mayo. Es más, presionado más que nunca por el ala más euroescéptica de su partido, Cameron ha prometido incluso que, si gana un segundo mandato, convocará un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.

Hasta un 42% de los británicos apoyaría la salida (en 2013 el porcentaje era del 35%), frente a un 37% que votaría en contra, si se convocara ahora el plebiscito. Según el sondeo, realizado por OnePoll en diciembre, un 55% opina que al país "le iría bien" fuera de la UE, y entre un 34 y un 40% no se cree las advertencias de algunos políticos y la comunidad empresarial de que la salida del bloque causaría desempleo y una caída en la inversión.

Por otra parte, un 60% de los encuestados es partidario de que se imponga un límite a la entrada de comunitarios, mientras que el 23% desea la prohibición total de la inmigración. Eso sí, un 61% considera que los británicos deben tener libertad para vivir y trabajar en cualquier lugar de la UE. En este sentido, Cameron ha prometido que, si gana los comicios, no solo echará del país a los comunitarios que en seis meses no hayan encontrado trabajo, sino que también está dispuesto a restringir determinadas prestaciones sociales para hacerlas accesibles sólo a aquellos que demuestren que lleven viviendo en el país, al menos, cuatro años.

Un 60% es partidario de que se imponga un límite a la entrada de comunitarios, mientras que el 23% desea la prohibición total de la inmigración

Precisamente con el objetivo de buscar consenso, el primer ministro británico no quiere incluir en su programa electoral ningún coto a la inmigración. Éste era uno de los polémicos puntos reclamados por sus filas más radicales. Pero consciente de que se toparía con un no rotundo por parte Angela Merkel ha decidido apostar por redefinir el sistema de bienestar.

Tanto la canciller alemana como el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sí estarían dispuestos a contemplar una modificación de estas prestaciones sociales en los diferentes estados miembros. Actualmente, al menos 30.000 británicos reciben prestaciones por desempleo en países de la UE, según los datos oficiales proporcionados a The Guardian por 23 de los otros 27 países miembros.

Así, los británicos que reciben prestación por desempleo en Alemania cuadriplican a los alemanes que reciben esta ayuda en Reino Unido. En Irlanda, esta proporción es de cinco a uno. Además, el estudio destaca que las prestaciones en otros países suelen ser mucho más generosas que las que concede el Reino Unido, como en Francia, donde la prestación triplica a la de las islas.

Este panorama revela una realidad mucho más compleja que la versión "simplista" que plantean los políticos contrarios a la inmigración, según el periódico británico. Éstos a menudo se refieren a la presencia de inmigrantes de los países del este de la UE. Es cierto que no hay apenas británicos -sólo existen 62- pidiendo prestaciones en los diez países que se han unido a la UE desde 2004, pero también que son apenas un millar los rumanos y 500 los búlgaros que han pedido prestación por desempleo.

En enero de 2014, cuando expiraron las restricciones al libre acceso al mercado laboral impuestas por Londres para estos dos últimos países, salió a la luz un informe que circulaba por Downing Street con propuestas para bloquear ayudas estatales a los inmigrantes en sus primeros cinco años de residencia, reservar puestos de trabajo a los nacionales y limitar el acceso al mercado laboral a los ciudadanos de aquellos países cuyo PIB no alcance el 75% del marcador británico. El texto llevó al primer ministro rumano, Victor Ponta, a mostrar su desacuerdo y, aunque dijo entender “las preocupaciones expresadas en los medios”, denunció que “los temores no pueden ser utilizados para generar o justificar abusos o discriminaciones”.