Desahuciados por el tsunami
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diez años de la tragedia en el índico

Desahuciados por el tsunami

El tsunami arrasó con todo lo que tenían, incluidas sus casas. Después, varias empresas les arrebataron el terreno para construir hoteles de lujo frente al mar

Cuando la ola arrasó su casa, una pequeña construcción de un piso situada a escasos metros de la playa, Sunchai Khuttamas acababa de salir a trabajar, como cada mañana. Allí dejó, también como cada mañana, a su padre. Cuando las aguas se calmaron, volvió con la esperanza de encontrarlo aún vivo, pero en la zona sólo quedaban unos pocos azulejos de lo que había sido uno de los dormitorios. En Baan Nam Khem, el pueblo tailandés en el que Sunchai nació, apenas quedó un ladrillo en pie aquel 26 de diciembre de 2004, cuando un gran tsunami asoló buena parte de las costas del Océano Índico y mató a más de 220.000 personas en una docena de países.

Sunchai volvió a la zona cada día durante una semana entera a buscar a su padre, hasta que una mañana se encontró una valla impidiéndole el paso a lo que había sido su casa.“Había una especie de guardias que parecían militares y que no me dejaban entrar”, recuerda Sunchai. La valla había sido instalada por la Far East Trade Company, una empresa que había comprado un año antes la tierra en la que vivían una treintena de familias. Sus planes eran construir un hotel de lujo en Khao Lak, la región de Tailandia más devastada por el tsunami y que diez años después de la catástrofe vive una explosión turística.

Sunchai volvió cada día a buscar a su padre, hasta que una mañana encontró una valla impidiéndole el paso a lo que había sido su casa. La había instalado Far East Trade Company, una empresa que había comprado la tierra en la que vivían una treintena de familias

La valla que se encontraron los habitantes de Baan Nam Khem no fue una excepción. Según Human Rights Watch, al menos 30 localidades costeras de Tailandia se vieron inmersas en disputas por el suelo con el Gobierno o empresas privadas un año después del tsunami. “Las empresas pensaron que el tsunami les había dado una oportunidad para apropiarse de la tierra, pero el mundo se centró en la catástrofe y no fue tan fácil”, explica Suttipong Laihip, un abogado voluntario que lleva varios de los casos. Laihip explica que, a pesar de la atención mediática, las comunidades han perdido la mayoría de los casos. “No ha habido justicia con ellos”, afirma.

El propio Sunchai acaba de perder su caso y está esperando ahora una orden de desalojo. La mayor parte de sus vecinos cedieron ante las presiones de la empresa y se marcharon tras recibir una compensación económica. La única que todavía resiste en el pueblo es Pen Sri, una viuda de 50 años que perdió a su marido bajo las aguas del tsunami y que se niega a perder también el restaurante a pie de playa que una vez abrió con él. “No pienso moverme de aquí hasta que no haya una orden de desalojo y vengan a echarme”, dice resuelta.

Un problema con los títulos de tierras

“Siempre ha habido un problema grave con los títulos de tierras en Tailandia. El tsunami sólo hizo reemerger las disputas en aquella zona”, asegura Ravadee Prasertcharoensuk, directora de la ONG tailandesa Sustainable Development Foundation. Tailandia ha intentado lidiar durante décadas con sus problemas con la titularidad de la tierra, pero las disputas son aún comunes en el país. La legislación no ha cambiado desde 1954, cuando se estableció un complicado sistema de certificados de propiedad, incluyendo derechos permanentes y temporales, que se solapan y que han creado confusión.

La concesión de títulos de propiedad para aquellos que han vivido durante generaciones ha sido lenta y, dicen los activistas, ha estado marcada por la corrupción, a pesar de que la ley reconoce la propiedad a todos aquellos que ocupaban un terreno antes de 1954. En muchas ocasiones, sin embargo, la falta de pruebas y los intereses de empresas y gobierno han jugado en contra de los más débiles.

El tsunami supuso un reto adicional, ya que muchos perdieron los documentos que demostraban sus derechos. “Después del tsunami, se restableció la propiedad de acuerdo a los catastros que había antes del desastre”, explica Piyapong Choowong, director del Departamento de Títulos de Propiedad, del Ministerio del Interior. “Cuando no estaba claro, se comprobaron las pruebas que existían como los restos de casas o los registros del líder del pueblo”, continúa. “Pero tuvimos que cambiar el sistema, porque con el anterior había muchos errores en los cálculos”.

Baan Nam Khem es uno de los casos más complejos, explica el abogado Laihip, ya que una empresa adquirió las tierras de forma ilícita hace treinta años y luego las vendió a la compañía que ahora las reclama. En el caso de Baan Nai Rai, un pequeño pueblo de mayoría musulmana situado a unos 50 kilómetros al sur de Baan Nam Khem, la disputa incluye una zona de manglar, un árbol que crece en zonas costeras y que es considerado un bien público. “El titulo de propiedad fue adquirido de forma ilegítima porque esa tierra sólo puede ser pública”, asegura Laihip, quien explica que la empresa sólo reclamó el suelo cinco meses después del tsunami.

Sin embargo, un tribunal dictaminó el año pasado que la empresa adquirió la tierra de forma legítima y que tiene derecho a construir otro resort de lujo que tiene planeado. “Yo sólo lucho por mantener el manglar”, dice Anun Poung Sa Nguan, un pescador de 54 años que lleva viviendo tres décadas en el pueblo. “Sin los manglares, tendríamos que ir a pescar muy lejos, porque ahora pueden crecer aquí”, explica el aldeano, en referencia al refugio que las raíces de los manglares suponen para peces y gambas.

Niran Pitakwatchara, comisario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano público que ha revisado varios de los casos de expropiaciones, cree que el problema fundamental es que la protección de los derechos colectivos nunca han sido una prioridad para el gobierno. “Los derechos de las comunidades a vivir [según sus tradiciones] está en la Constitución pero las empresas pueden establecer sus propios límites [de propiedad] sirviéndose de la corrupción”, asegura el comisario. La situación se complica en la actualidad, ya que la Constitución fue suspendida hace siete meses por una junta militar que se hizo con el poder tras un golpe de Estado.

La expropiación de tierras no ha sido un fenómeno aislado de Tailandia. En 2006, la ONG Action Aid presentó un informe denunciaba que estas expropiaciones de tierras se han dado también en Sri Lanka, India y Maldivas.”Tenemos que llegar a un equilibrio. En Tailandia, el 10 por ciento más rico ya es propietario del 80 por ciento de la tierra. Los más pobres sólo tienen el 0,003%” , concluye el comisario Pitakwatchara.

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