Los aliados de Merkel que exigen a los inmigrantes hablar alemán en la intimidad

La idea de obligar a los extranjeros a hablar en sus hogares en el idioma del país en que residen suena a ocurrencia mitinera del Frente Nacional francés o del UKIP británico, partidos de la derecha populista que no ejercen efectivamente el poder. Pero la propuesta, ya rebajada a causa de la controversia, partía de la bávara Unión Cristianosocial (CSU) alemana, un aliado histórico y estratégico de Angela Merkel que sienta a tres ministros en Berlín. Y que en los primeros doce meses de esta legislatura ha logrado recortar los beneficios sociales para los residentes comunitarios y va camino de implantar un peaje sólo para vehículos extranjeros.

“Quien quiera vivir aquí de forma permanente debe hablar alemán tanto en los espacios públicos como en su casa”. Este es el origen de la polémica, esas cuatro últimas palabras: como en su casa. El coletazo final de una frase sobre política migratoria incluida en los tres folios que componen el borrador de la ponencia política que se va a debatir en el congreso anual de la CSU, previsto para finales de esta semana.

El texto se filtró el viernes pasado y a lo largo del fin de semana se hicieron eco de él periódicos y televisiones. Como una bola de nieve, la controversia se fue agrandando, salpicando a unos y otros en un país que, por motivos históricos, es especialmente sensible a la discriminación racial. Si el domingo el secretario general de la CSU, Andreas Scheuer, explicó que la ponencia estaba “bien preparada” y contaba con un “amplio respaldo” dentro de la formación, el lunes el vicepresidente del partido, Peter Gauweiler, pese a su querencia a nadar contracorriente, reconocía que “cada uno debe poder hablar en casa como le parezca”.

En ese lapso de tiempo, un torrente de críticas han desarbolado a la CSU, el único partido que ha gobernado en la rica Baviera desde la II Guerra Mundial. Desde la izquierda y desde la derecha, pasando por expertos en idiomas y derecho. Los socialdemócratas han tachado la propuesta de “completamente estúpida” y de “ejemplo extremo de confusión política”. Los Verdes han acusado a los socialcristianos bávaros de querer actuar de “policía lingüística” en un país en el que el 20% de la población es extranjera o descendiente directo de inmigrantes.

Grandes aliados de Merkel

Incluso se ha desmarcado de esta postura, aunque de una forma más matizada, la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, hermanada con la CSU de tal forma que ambas se presentan siempre conjuntamente en las elecciones federales y que los de la canciller no compiten en los comicios bávaros. La CDU ha resaltado la importancia de dominar el alemán, pero sin interferir nunca en el ámbito privado. La propia canciller, de forma sutil, ha ensalzado a raíz de esta cuestión las ventajas de una crianza bilingüe.

Más allá del rifirrafe político, de los encendidos debates en las redes sociales –la CSU era trending topic en Alemania este lunes– y de la contradicción de que sean bávaros –que hablan un dialecto comprendido con dificultad en el resto del país– quienes pretenden imponer el alemán en los hogares de los extranjeros, muchos analistas creen necesario ir más allá de la anécdota. Algunos engarzan esta propuesta –que los expertos ven directamente contraria a la Constitución alemana, además de educativamente contraproducente– con otras iniciativas de corte cuando menos nacionalista que la CSU ha impulsado este año y ven detrás una clara estrategia política.

Hace exactamente un año, escasas semanas después de que Merkel estrenase su tercera legislatura –esta vez una “gran coalición” de CDU/CSU con los socialdemócratas– y a escasos días del cambio de año, los bávaros lanzaron la alerta sobre el “turismo social”. Según ellos, la inclusión de rumanos y búlgaros entre los ciudadanos europeos que tenían plena libertad de circulación en la UE iba a generar una avalancha de inmigrantes en Alemania que sólo buscaban beneficiarse de las prestaciones del Estado de bienestar germano (sin trabajar).

La alarma social que generaron –y que caló especialmente entre los sectores conservadores gracias a la repercusión mediática– hizo que finalmente el Gobierno alemán en su conjunto moviese ficha y limitase las ayudas sociales a los ciudadanos comunitarios que no buscasen activamente trabajo. Gracias a una reforma legal, Berlín redujo a seis meses el permiso de residencia de los inmigrantes comunitarios que buscan empleo y se reservó el derecho de prohibir temporalmente la entrada en el país de quienes comentan fraude con ese permiso o con las prestaciones sociales.

¿Turismo social?

Las dudas sobre la legalidad de esta medida se han esfumado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló en noviembre a favor de Alemania y de su derecho a negar algunas ayudas sociales a ciudadanos comunitarios que no desarrollen ninguna actividad económica ni busquen activamente trabajo.

En su último boletín, el Instituto para la Investigación del Mercado Laboral y las Profesiones (IAB) de Núremberg publicó un informe destacando que el número de búlgaros y rumanos con trabajo ha crecido este año mucho más que el de ciudadanos de estos países que solicitan ayudas por desempleo. Además, destacó que proporcionalmente solicitan menos ayudas que residentes de otras nacionalidades. De poco ha servido.

La CSU también ha sido la fuerza política alemana que ha promovido la introducción del peaje para extranjeros. Al principio parecía una excentricidad propia de la campaña electoral, pero luego la matemática de las urnas hizo que –pese a las reticencias de Merkel y los socialdemócratas– se incluyese en el acuerdo de gobierno por la insistencia del presidente de la CSU, Horst Seehofer.

Ahora, el proyecto de ley está listo para ir a Consejo de Ministros, después de varias piruetas legales para sortear las dudas de la Comisión Europea (CE), que entrevé un trato discriminatorio para el resto de comunitarios. El semanario político Der Spiegel publicó que el Ministerio de Finanzas, en manos de Wolfgang Schäuble, temía que los costes de este plan acabasen superando a los ingresos, pero nadie ha tratado seriamente de abortarlo.

Los derrotes de la CSU hacia la derecha extrema y populista no son nuevos. Ya el gran patriarca de la CSU, Franz Josef Strauß, que presidió la formación entre 1961 y 1988, sentenció que "a la derecha de la CSU no puede haber ningún partido legítimamente democrático". Pero ahora se perciben desde una óptica coyuntural diferente.

Populismo para combatir el populismo

Por un lado, la formación bávara parece tratar de resaltar en un panorama político átono por el eclecticismo pragmático y el hacer político sinuoso de Merkel y por el efecto sedante de la “gran coalición”, que ocupa el 80% del Bundestag. La CSU parece estar buscando además restar atractivo entre los votantes más conservadores a la euroescéptica Alternativa por Alemania (AfD), una estrella política ascendente –aunque aún con sólo un 6 % de intención de voto– que opera en su mismo caladero.

Por otro, el partido alienta ciertos temores en la población alemana, que se convirtió el año pasado el segundo país que más inmigrantes recibió por detrás tan solo de Estados Unidos, en parte a causa de la crisis europea, y que ha recibido en lo que va de año casi 181.500 peticiones de asilo, un 57% más que en el mismo periodo de 2013.

El Süddeutsche Zeitung, un periódico de Múnich con proyección nacional, consideraba en un editorial que el objetivo de los socialcristianos era, simplemente, “movilizar a cierto nicho electoral”. En esta misma línea, se ha pronunciado el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el rotativo de referencia de la derecha alemana. “Es evidente que la propuesta no está pensada como una contribución seria a la integración. El partido trata de nuevo de asegurarse el flanco derecho, en el que tiene nuevos competidores desde la crisis del euro”.