Valls se la juega: la izquierda del Partido Socialista llama al motín contra sus recortes

Es mucho más que la aprobación de un plan de recorte del gasto público; es un auténtico volantazo cultural para la izquierda francesa y, en especial, para el Partido Socialista, cuyos diputados deciden hoy en la Asamblea Nacional si apoyan el machetazo propuesto por el primer ministro, Manuel Valls.

Los diputados socialistas son los principales protagonistas de una sesión parlamentaria que, sin recurrir a la hipérbole, será histórica para este país. El plan de ahorro en el gasto público de 50.000 millones de euros diseñado por Valls para el período 2015-2017 no necesita la aprobación de la cámara legislativa, pero un voto negativo en la Asamblea, gracias al apoyo de algunos diputados del ala izquierdista del PSF, podría crear un terremoto interno en el partido gobernante y una eventual crisis institucional de incalculables consecuencias.

Recordemos que Valls propone que el Estado ahorre 18.000 millones (incluye la congelación de los sueldos para los funcionarios); las Administraciones locales, 11 millones; que los gastos sanitarios se reduzcan en 10.000 millones y la ayuda social en 11.000. A estas cifras, hay que añadir el impacto del llamado Pacto de responsabilidad, al que se le ha añadido a última hora la coletilla “y de solidaridad”, que consiste enperdonar 30.000 millones a las empresas en cargas sociales a cambio de crear empleo.

Carrera para convencer a los socialistas amotinados

Desde que el pasado día 16 Valls presentara su proyecto, la izquierda de la izquierda en el PSF llamó al motín. Un centenar de los 291 diputados socialistas firmaron un manifiesto en el que se oponen al plan de su primer ministro por considerarlo “peligroso económicamente, ya que llevaría a asfixiar la recuperación y el empleo”.

Es mucho más que la aprobación de un plan recorte del gasto público; es un auténtico volantazo cultural para la izquierda francesa y, en especial, para el PS, cuyos diputados deciden hoy si apoyan el machetazo propuesto por Valls

Desde entonces, el jefe del Estado y su jefe de Gobierno han comenzado una carrera frenética para intentar convencer a los rebeldes, que amenazan con no votar el programa de ahorro o, peor, quizá votar en contra. Hollande y Valls han vuelto a repetir las cifras que según ellos marcan la urgencia de una terapia de choque para Francia: la deuda pública ha pasado de un 65% del producto interior bruto (PIB) en 2007, al 90% en 2012; cada año, los intereses de la deuda suponen un desembolso de 45.000 millones de euros; el gasto público, el 57% de la riqueza nacional…

Para hacer olvidar estos datos, para reducir el paro (10,5%), para frenar la desindustrialización, para que las empresas francesas vuelvan a ser competitivas y para que Francia no sea considerada elnuevo enfermo de Europa, Hollande decidió olvidar los discursos ideológicos de la campaña electoral y confirmar que su Gobierno asume la política económica que una cierta izquierda europea califica de austericidio y que, en Francia, algunos legisladores del propio PSF tachan de medidas de derechas.

Y, mientras algunos de esos enragés aseguran que jamás votarán por la solución, otros contestatarios han preferido presentar planes alternativos que protegieran del tijeretazo a los sectores más frágiles. Valls, insistiendo en que, en lo esencial, el plan no se toca, fue a inspirarse en domingo al Vaticano antes de dar una respuesta. Allí, como testigo laico de la canonización de dos expontífices, pretendía respirar aires diferentes a los de revuelta que se preparaba para hoy en el Palais Bourbon (sede de la Asamblea).

Concesiones a los jubilados y a los más pobres

En la misma mañana del lunes, Valls envió una carta a los diputados en la que anunciaba algunas concesiones para izquierdizar su plan: las pensiones de jubilación más bajas, por debajo de 1.200 euros al mes, no serán congeladas. La medida afectará a más de seis millones de personas, según Matignon. Además, el Gobierno se compromete a dejar también fuera de la nevera los sueldos más bajos del funcionariado. Por último, las ayudas para las madres solteras con bajos ingresos o el monto dedicado a las familias pobres se revalorizarán.

A pesar de todo, se calcula que entre 20 y 40 diputados socialistas se abstendrán en este segundo voto de confianza a Manuel Valls. Arguyen que no pueden votar “no” y alinearse con la derecha, pero se niegan a dar un visto bueno que les limitará la capacidad crítica en un futuro. El buró político del PSF, por su parte, votó ayer a última hora su aprobación al Plan de Estabilidad del Gobierno.

Algunos irreductibles seguían manifestando su oposición frontal. En realidad, estos últimos ya habían mostrado su rechazo no sólo a los planes de Valls, sino al nombramiento del propio primer ministro, considerado un neoliberal peligroso. Según ellos, la izquierda no triunfará si no demuestra que hace una política distinta de la aplicada por la derecha. “No nos reconocemos”, insisten, “en los términos utilizados por la derecha, como cargas sociales, precio del trabajo o flexibilidad, ni en la opción económica de la oferta y no de la demanda”.

Los diputados socialistas refractarios han hecho temblar al régimen. Pero se les ha hecho ver las consecuencias que su postura podría provocar si el Gobierno no obtiene su objetivo. La más brutal, la simple disolución de la Asamblea y la pérdida asegurada de la mayoría.

La de hoy es una votación importante por lo simbólica. Es, sobre todo, una guerra interfamilias. Pero los legisladores deberán afrontar debates económicos más concretos en junio y en otoño. Si hoy Valls viera su proyecto derrotado, difícilmente podría el Ejecutivo presentar a los parlamentarios su presupuesto para 2015, por ejemplo.

Embarazosa situación para la derecha

La principal fuerza de la oposición, la centroderechista Unión por un Movimiento Popular (UMP), no puede disfrutar de las querellas internas de sus rivales socialistas. El plan de Valls podría haber sido firmado sin problemas por su equipo de estudios, pero se opondrán en su mayoría por simples principios politiqueros.

Para dejar constancia de su diferenciación, consideran que los 50.000 millones de recortes no son suficientes, y proponen entre 70 y 80.000. Para el UMP, antes que congelar los sueldos de los funcionarios habría que suprimir los regímenes especiales y eliminar las jubilaciones anticipadas en algunos sectores privilegiados de ciertos servicios públicos. Fácil de decir desde la oposición, pero fueron incapaces de llevarlo a cabo cuando disfrutaron del poder. Por ello, tampoco les favorecería una disolución de la Asamblea. Ganarían unas elecciones anticipadas, pero se verían obligados a capear con la crisis aplicando las recetas que prometen y perderían así las presidenciales de 2017.

Los diputados socialistas refractarios han hecho temblar al régimen. Pero se les ha hecho ver las consecuencias que su postura podría provocar si el Gobierno no obtiene su objetivo. La más brutal, la simple disolución de la Asamblea y la pérdida asegurada de la mayoría

Los 20 representantes de la centrista Unión Democrática Independiente (UDI) votarán, como han sugerido, a favor del plan. Los ecologistas ya han manifestado que no están de acuerdo con el proyecto del Gobierno. Por si acaso, Valls les reiteró ayer el compromiso gubernamental de continuar obrando para que en 2025 la electricidad en Francia sólo dependa en un 50% de las centrales nucleares.

Si Manuel Valls evita el desastre, los socialistas franceses habrán dado un paso espectacular en su batalla política interna, en favor de las tesis socialdemócratas o social-liberales, depende de cómo se mire. Eso no quiere decir que los recalcitrantes dentro del PSF no vuelvan a la carga en el futuro, pues el plan de recortes que se vota hoy es la primera de una serie de medidas destinadas a reformar Francia y adaptarla económica y mentalmente al entorno que el propio Hollande aseguraba querer combatir en sus mítines preelectorales.

Para los creyentes en otra forma de hacer política fuera del Hexágono, Francia parece dispuesta a dar otro paso para dejar de representar definitivamente la última esperanza blanca contra el rigoricidio.