Chevron, de plaga medioambiental a víctima política por la corrupción de Ecuador

La sentencia que debía representar un hito en la defensa del medioambiente y los derechos humanos frente al poder de las grandes petroleras puede terminar en una terrible bofetada a los primeros y una magnífica coartada para las segundas. Dicha resolución no es otra que la reciente condena de la justicia de Ecuador a Chevron, por la cual el gigante estadounidense estaría obligado a pagar 9.600 millones de dólares (7.112 millones de euros) por contaminar la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1992 y provocar, indirectamente, la muerte de hasta 1.400 personas por enfermedades derivadas de los desechos vertidos por Texaco, empresa adquirida por Chevron en 2001.

El Gobierno y la justicia de Ecuador se han encargado de destrozar lo que de otro modo habría sido una hermosa victoria de los indígenas y las asociaciones en defensa de la Amazonía, uno de los pulmones verdes más importantes del planeta. No hay un solo abogado o científico independiente que no haya condenado el manejo fraudulento y oportunista que ha hecho el Ejecutivo de Ecuador de este expediente abierto contra Chevron, que dura ya 12 años.

Chevron no va a pagar, eso es absolutamente seguro. Esta sentencia no tiene nada que ver con el medioambiente, sino con una corrupción política y económica que incluye sobornos y otros delitos

Se lo han puesto tan fácil a la petrolera para rechazar la sentencia, todo el proceso ha sido tan turbio y obsceno en el afán de exprimir a la multinacional, que al final han conseguido que Chevron tenga el amparo legal, y hasta moral, para no pagar ni un centavo de los 9.600 millones de dólares que le reclama la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, la máxima instancia judicial del país. Como casi siempre, las grandes víctimas serán el ecosistema global y los miles de indígenas que padecen malformaciones genéticas y otras calamidades en la región de Lago Agrio.

“Chevron no va a pagar, eso es absolutamente seguro”, adelanta a El Confidencial Douglas Cassel, prestigioso abogado de derechos humanos y experto conocedor del caso. “La comunidad empresarial a nivel global no tiene la menor duda de que esta sentencia es un ejemplo de fraude masivo y un caso totalmente politizado. Por eso no va a suponer un gran impacto en las inversiones de las multinacionales. Ellas entienden que esta sentencia no tiene nada que ver con el medioambiente, sino con una corrupción política y económica que incluye sobornos y otros delitos”, prosigue.

Un ‘thriller’ de empresarios sin escrúpulos y jueces corruptos

Se podría escribir todo un thriller medioambiental sobre el caso de Lago Agrio. Una historia real nutrida de empresarios sin escrúpulos (los que manejaron Texaco hasta 1990), de políticos oportunistas (el Gobierno de Rafael Correa, con el presidente a la cabeza), de jueces y abogados corruptos (hay indicios serios de que los abogados de la acusación Pablo Fajardo y Steven Donziger van a ganar millones de dólares bajo mano si se aplica la sentencia; también de que el juez Juan Núñez ha aceptado cuantiosos sobornos por parte de la acusación) y de multinacionales ávidas por limpiar su imagen y quitarse de encima cualquier responsabilidad a golpe de talón (250 millones de dólares lleva invertidos Chevron en 418 abogados de 39 bufetes distintos. Mientras, Petroecuador ni está ni se le espera, a pesar de que lleva 21 años gestionando los pozos y haber cooperado con Texaco desde el inicio).

Las miles de páginas legales escritas durante décadas pueden resumirse en unos pocos puntos. Texaco comenzó a desarrollar sus operaciones en Lago Agrio en 1964, pero es en 1972 cuando encuentra su primer pozo petrolero y comienza a extraer crudo a gran escala. El Gobierno de Ecuador decide participar del 25% del negocio mediante la empresa CEPE, más tarde llamada Petroecuador. Así siguen hasta 1990, cuando Texaco transfiere la gestión a la petrolera estatal. En 1993 termina la concesión y Petroecuador se queda como único dueño. Desde entonces, la compañía es responsable de la explotación petrolera de Lago Agrio.

Chevron se escuda como punto fundamental en que Texaco y el Ejecutivo ecuatoriano firmaron un acuerdo de exoneración de responsabilidad en 1993, luego ratificado en 1998. Dice la empresa que Texaco invirtió 40 millones de dólares en limpiar los pozos y piscinas del lugar de residuos, que cumplió con su responsabilidad y el Gobierno la avaló mediante ese acuerdo de exoneración. Y que, si hoy existe contaminación en Lago Agrio, habría que preguntarle a Petroecuador, que supuestamente ha llevado una gestión deficiente de los pozos desde 1993 y que, sin embargo, ni siquiera ha sido acusado por las asociaciones de afectados. Afirma Chevron que la mayor parte de los daños se han producido a partir de 1990, incluyendo derrames del sistema de tuberías que Petroecuador supuestamente no mantuvo.

Los casos de cáncer aumentan un 150%

Según las evidencias técnico-científicas, no se constata que hoy haya contaminación más allá de las plataformas donde se extraía el petróleo en su día. Incluso los científicos contratados por los demandantes confirman esa conclusión

A su vez, Ecuador insiste en que Texaco, y por consecuencia Chevron, es responsable de provocar daños en alrededor de 2 millones de hectáreas en una región que era reconocida como una de las que atesoran mayor biodiversidad del mundo; de haber arrojado 16.000 millones de galones de agua de formación (agua tóxica que queda de la extracción del crudo) a los lagos y ríos de la zona, hecho por otro lado reconocido por la propia petrolera como práctica habitual 30 años atrás debido a la ausencia de regulación medioambiental. Se la acusa de que, cuando supuestamente limpió su desastre, se limitó a tapar la tercera parte de las piscinas abiertas, dejando instalaciones deficientes y altamente contaminantes y un cúmulo de 680.000 barriles de crudo arrojados a los ríos, flora y fauna ecuatoriana, convirtiendo el lugar en un auténtico vertedero que ha condenado la salud de varias generaciones de indígenas por venir (los casos de cáncer han aumentado un 150%, según la acusación).

En 2011, una primera sentencia de la justicia provincial de Lago Agrio condenó a Chevron a pagar 19.000 millones de dólares (14.000 millones de euros), pues se contemplaron en esa cifra daños punitivos. El reciente auto de la corte nacional elimina esa cláusula para dejar la cifra en la mitad, 9.500 millones de dólares. En septiembre, un tribunal arbitral en La Haya dictó un laudo parcial en el que reconoce que los acuerdos suscritos hace más de 15 años entre Texaco y Ecuador liberan a esa compañía de responsabilidades ambientales. El documento del tribunal arbitral, compuesto por tres juristas independientes consensuados por ambas partes, dijo que "los acuerdos de Liberación de Responsabilidades que el Gobierno de Ecuador firmó con TexPet (Texaco), liberaron a TexPet y a sus afiliadas de toda responsabilidad por cualquier reclamo ambiental colectivo o de interés público".

La acusación: “Los hechos no existen, están fabricados”

“Según las evidencias técnico-científicas no se constata que hoy, a diferencia de los años 80, haya contaminación más allá de las plataformas donde se extraía el petróleo en su día”, explica a El Confidencial el abogado Douglas Cassel. “Incluso los científicos contratados por los demandantes confirman esa conclusión. Lo corroboraron hace ocho años en grabaciones de vídeo que nunca pensaron que saldrían a la luz pública, y en sus testimonios de 2013 han confirmado que no habían encontrado contaminación fuera de los lugares de extracción”, añade.

En efecto, uno de los momentos más turbadores del caso es la secuencia de vídeo en la que el abogado principal de la acusación, el estadounidense Steven Donziger, reconoce con soberbia a una científica que “los hechos no existen, los hechos están fabricados”. Un regalazo sin duda para Chevron, que ha aireado esas declaraciones todo lo que ha podido.

Se podría escribir todo un 'thriller' medioambiental sobre el caso de Lago Agrio. Una historia real nutrida de empresarios sin escrúpulos, políticos oportunistas, jueces y abogados corruptos, y multinacionales ávidas por limpiar su imagen y quitarse de encima cualquier responsabilidad a golpe de talón

“Los abogados Donziger y Fajardo han cometido fraude a los habitantes de la región que dicen representar, porque no sabemos si en un juicio honesto hubieran aparecido pruebas de daños que necesitan ser reparados. En un juicio honesto no se le hubiera dado inmunidad a Petroecuador, sino que hubiera sido también demandado”, prosigue Cassel. “Sí que hay contaminación en el lugar, pero quien lleva 21 años sacando petróleo es Petroecuador, y los demandantes no sólo no la han demandado, sino que firmaron un acuerdo con la empresa para no imputarla a cambio de que Petroecuador, o el Gobierno, les ayudaran en su litigio contra Chevron en Nueva York en los años 90”, indica este abogado de derechos humanos, poco sospechoso de plegarse al poder de las multinacionales.

Científicos y ecologistas abandonan a Correa

Gota a gota, científicos y medioambientalistas han ido descolgándose de la causa del Gobierno de Ecuador debido a la corrupción y a la falta de pruebas, hasta dejar a Quito prácticamente solo. Mientras tanto, los auténticos perjudicados, las miles de familias que viven en Lago Agrio, ven cómo ni Chevron ni la estatal Petroecuador están dispuestos a soltar ni un solo céntimo como indemnización por los daños evidentes que han sufrido.

“Las grandes empresas petroleras internacionales siempre tienen que trabajar en entornos donde existen riesgos muy significativos, no sólo ambientales sino también riesgos políticos. Y el caso de Repsol en Argentina es paradigmático. Si algo se ha criticado a América Latina es la falta de desarrollo de las instituciones, la ausencia de un Estado de derecho suficiente para poder garantizar los derechos tanto de particulares como de las empresas”, reflexiona Luis Miguel Labardini, consultor de la firma Marcos y Asociados y experto conocedor del negocio petrolero.

“La capacidad económica de las empresas petroleras y los grandes riesgos ambientales y de seguridad de este negocio convierten a estas compañías en un objetivo muy socorrido para demandas millonarias, en especial por parte de Gobiernos populistas. Hemos visto, por ejemplo, en estos años cómo en Venezuela y Bolivia el poder judicial se ha alineado con el poder ejecutivo en materia de decisión petrolera. O Rusia, donde Vladimir Putin ha tratado de meter presión sobre las compañías petroleras en forma de amenazas medioambientales”, prosigue Labardini.

Algunos ven este movimiento coordinado de Gobierno y judicatura en Ecuador (los 21 jueces de la Corte Nacional fueron nombrados a dedo por Rafael Correa en enero de 2012) como un intento del presidente de amortizar los miles de millones de dólares que ha dejado de ganar en su intento fallido por preservar el pulmón verde del país de la explotación petrolera.

Correa se ha visto obligado a cancelar su gran iniciativa ambiental, la más original y valiente de los últimos años en América Latina, que consistía en no extraer crudo de la Amazonía a cambio de completar un fondo de compensación económica que cubriera aproximadamente la mitad de lo que se esperaba ganar vendiendo ese crudo, fondo que en efecto no ha prosperado. Se buscaba preservar, entre otras extensiones vírgenes, la reserva de la biosfera de Yasuní, que con 9.820 kilómetros cuadrados es una de las zonas de mayor riqueza ecológica del continente. Después de seis años, Correa canceló esa iniciativa el pasado 15 de agosto para dar paso al llamado “plan B”, que permite la explotación petrolera en la zona con el objetivo de aligerar la situación de pobreza extrema de la comunidades indígenas de la zona.

¿Sentará un precedente esta sentencia multimillonaria?

¿Sentará un precedente esta sentencia multimillonaria? Cassel considera que no, debido a la naturaleza corrupta implícita en el caso. Las grandes petroleras seguirán invirtiendo en países con marcos jurídicos inestables

¿Sentará un precedente esta histórica sentencia multimillonaria en contra de Chevron? Cassel considera que no, debido a la naturaleza corrupta implícita en el caso y porque Chevron tiene todas las cartas en su favor para no cumplir la sentencia. Las grandes petroleras seguirán pues invirtiendo en países con marcos jurídicos inestables en función de sus estimaciones de riesgo y oportunidad, igual que hasta ahora.

El abogado pone un ejemplo: “Si hay un país en América Latina que ha traicionado a las empresas inversoras más que cualquier otro es Argentina, como es el caso reciente de Repsol, pero hay otros muchos casos anteriores. Y sin embargo las empresas siguen llegando a Argentina siempre que haya posibilidad de ganancias muy atractivas. Por supuesto tienen sus negociaciones para decidir cuál es el foro donde se deben resolver problemas contractuales o jurídicos, pero al final las empresas llegan e invierten”.