Un pueblo contra el narco: “Hasta mi hija de 14 años cogió un arma cuando atacaron”

“El sacerdote tocó las campanas a las 4.45 de la mañana, cuando estábamos siendo atacados. Se llenaronla iglesia y todos los jardines. El señor cura dijo: ‘Señores, los que puedan agarrar un arma váyanse a La Ganadera -que es nuestra base de operaciones- y los que no quédense aquí a rezar para pedir a Dios que les vaya bien’. No quedó ni un niño en la iglesia, todos corrieron, incluso mi hija de 14 años llegó nomás con una escopeta diciendo: ‘Pá, dónde la pongo, Pá’. Eso es el valor del pueblo”, contaba días atrás José Manuel Mireles, líder del Consejo Ciudadano de Autodefensas de Tepalcatepec, al narrar uno de los últimos ataques de los cárteles de la droga contra civiles.

Ese valor del pueblo es, concretamente, el del estado mexicano de Michoacán, desde febrero levantado en armas contra el crimen organizado, harto de la desidia e incluso la participación policial en las extorsiones y los asesinatos, paradigma de estado fallido en el corazón de México.

Michoacán, paradigma de estado fallido en el corazón de México, lleva desde febrero levantado en armas contra el crimen organizado, harto de la desidia e incluso la participación policial en las extorsiones y los asesinatos

No se sabe exactamente cuándo comenzó a fraguarse el desastre pero sí por qué. Como casi siempre, el negocio de la droga fue el responsable. Michoacán se asienta en la alargada costa del Pacífico mexicano y ha sido históricamente uno de los grandes puertos de entrada y salida de mercancías. Su ubicación geográfica avaló el desarrollo portuario de la región durante el siglo pasado. Su intrincada orografía, repleta de barrancos y cerros, sumada a un buen clima para la agricultura (Michoacán es el principal productor de aguacates del país), pronto llamó la atención del incipiente negocio del narcotráfico.

La cara que da al océano se convirtió en el lugar ideal para recibir cargamentos de droga procedentes de Suramérica y de Asia. La cara que da al interior fue el laberinto perfecto para establecer laboratorios, armar la logística rumbo a Estados Unidos y extender amplios cultivos de marihuana y amapola a lo ancho de la Sierra de Coalcomán. Tan atractivo fue el lugar que desde hace 20 años es centro de disputas entre clanes de la droga, territorio abonado a la extorsión de empresarios, a asesinatos impunes y al soborno masivo de políticos, policías y altos mandos del Ejército para que miren hacia otro lado o participen, si gustan, del festín.

Michoacán, el lugar donde “no pasa nada” según sus políticos, vuelve a estar hoy en el ojo del huracán. Por enésima vez la lucha por el territorio entre Los Caballeros Templarios (escisión de La Familia Michoacana) y Jalisco Nueva Generación, a la que se suma la resistencia cuasi heroica de las Policías Comunitarias integradas por civiles, se ha vuelto a ir de las manos. La nueva escalada comenzó hace una semana con el incendio de gasolineras y de distintas subestaciones eléctricas que dejó a 25.000 personas sin corriente, como respuesta de los cárteles al intento de las autodefensas por recuperar el control sobre Apatzingán, la capital del valle de Tierra Caliente, epicentro del conflicto.

“Es una guerra de baja intensidad, de ataques constantes”

Varios tiroteos con armas de alto calibre y continuos asaltos de Los Caballeros Templarios a las trincheras de la Policía Comunitaria se han cobrado la vida en los últimos días de al menos 24 personas. En Apatzingán la gente tiene hoy miedo de salir a la calle, de ir al trabajo o a comprar. Algunos universitarios han optado por abandonar el curso a la espera de tiempos mejores, muchos vecinos de otros pueblos han decidido no acercarse a la ciudad.

Por lo menos 11 presidentes municipales (alcaldes) de Michoacán, además del exsecretario de Seguridad Pública, han sido señalados por sus presuntos vínculos con Los Caballeros Templarios

Aunque el Ejército se ha hecho con el control de los accesos a Apatzingán, nadie sabe hasta cuándo se van a quedar. “La gente pide la presencia del Ejército, les pedimos que vengan y sigan apoyando a la población. Es una guerra de baja intensidad, de constantes ataques en distintos puntos. El pueblo michoacano ya está acostumbrado a escuchar cosas terribles de muertes y balaceras, pero quien se está deshaciendo es el estado mexicano, es su responsabilidad”, critica Selene Vázquez, diputada local del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán.

Igual que hiciera días atrás en Apatzingán, el Gobierno mexicano tomó el lunes por sorpresa el control sobre Ciudad Lázaro Cárdenas, al sur de Michoacán, principal puerto del estado y el cuarto en facturación de todo el país. Efectivos de la Policía Federal (PF) y del Ejército Mexicano (EM) cesaron y desarmaron a unos 250 agentes de la Policía Municipal supuestamente corruptos y tomaron el ayuntamiento y las tareas de control sobre las instalaciones portuarias.

El puerto de Lázaro Cárdenas es un lugar estratégico para los narcotraficantes y fuente de disputas violentas, ya que permite expandir a quien lo controle la exportación de narcóticos y la importación de materia prima para elaborarlos. Tan sólo de enero a julio de este año, los agentes federales se hicieron con cientos de miles de toneladas de distintos precursores para la elaboración de drogas, cargamentos casi todos procedentes de distintos puertos de China, aunque con banderas de varios países, desde Alemania hasta Liberia.

“Por ahora estamos tranquilos, pero necesitamos presencia de las fuerzas federales. Ahora toda gente está con temor de que en cualquier rato lleguen estos cuates a atacarnos otra vez, la gente no se siente tranquila cuando no están el Ejercito y la Policía Federal”, narra Hipólito Mora, miembro del Consejo de Guardias Comunitarias y líder de las autodefensas de La Ruana. “Por mucho tiempo se va a necesitar presencia militar en Michoacán, este problema no se va a terminar en meses sino que se va a tratar de años, porque estos cuates están muy bien organizados, tienen fuerza todavía. El Gobierno tiene que echarle ganas”, prosigue Mora.

Política y narcotráfico, una connivencia ya endémica

Un empaquetador de limones aseguró al canal de televisión MVS que se ha unido a las fuerzas de autodefensa harto de pagar hasta 3.600 euros al mes a Los Caballeros Templarios

El temor ciudadano a quedarse solos al amparo de los ayuntamientos y la policía municipal es comprensible. Según el diario Los Ángeles Press, por lo menos 11 presidentes municipales (alcaldes) de Michoacán, además del ex secretario de Seguridad Pública, han sido señalados por sus presuntos vínculos con Los Caballeros Templarios. Seis alcaldes pertenecen al PRI; uno a la coalición PRI-PVEM; tres al PAN y uno más al PRD. Es decir, todo el espectro político mexicano está representado en la ya endémica connivencia entre políticos, policías y narcotraficantes. “El narco patrocina con apoyo económico a quienes comulguen con Los Caballeros Templarios, a cambio de que los apoyen y denuncien a las policías comunitarias”, dice el diario norteamericano.

Uno de esos políticos coludidos es Uriel Chávez Mendoza (PRI), precisamente el alcalde de Apatzingán, uno de los municipios más anhelados y plaza disputada por Los Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación. En esa ciudad confluyen todos los elementos que conforman ese microcosmos de estado fallido: la podredumbre de la clase política, la toma de los campos fértiles para el cultivo de marihuana, la fabricación de droga sintética en los cerros, el control sobre el tráfico marítimo y terrestre, las extorsiones y secuestros a empresarios y a gente poco cooperadora, la total inactividad de la policía, los cobros “de piso” a cualquier tipo de negocio, asesinatos, ataques a fuerzas federales y, finalmente, el surgimiento de grupos de autodefensas al margen de la ley.

Y Apatzingán no es excepción sino punta de lanza. La revista Proceso reveló esta semana cómo en 2007 hasta 14 alcaldes fueron financiados en sus campañas por el narco, que luego se cobró los favores disponiendo a su voluntad del control sobre dichos municipios.

La imposibilidad de quedarse al margen del narcotráfico

El gran problema radica en que, aunque se quiera, es casi imposible mantenerse al margen del narco. Los cárteles imponen cuotas de producción a productores de frutas y a ganaderos, marcan rutas y horarios a las compañías de taxi y a los transportistas, extorsionan a los pequeños comerciantes y por supuesto les cobra a todos ellos un porcentaje de sus ganancias. A los ganaderos, por ejemplo, el narco les sustrae un peso por kilogramo vendido, según reveló la Asociación de Ganaderos de Michoacán.

Lo mismo al gremio de la fruta: un empaquetador de limones aseguró al canal de televisión MVS que se ha unido a las fuerzas de autodefensa harto de pagar hasta 60.000 pesos al mes (3.600 euros) a Los Caballeros Templarios. El año pasado un informe aseguró que la acción del narco provocó pérdidas estimadas en el sector limonero en la región de más de 130.000 toneladas, alrededor del 70% de la producción, a causa de represalias por impagos y otras extorsiones. “Si no obedecíamos sus órdenes, nos quemaban los empaques”, admitió el empresario ahora miembro las fuerzas civiles de autodefensa.

La Iglesia se levanta contra los cárteles

Varios tiroteos con armas de alto calibre y continuos asaltos de Los Caballeros Templarios a las trincheras de la Policía Comunitaria, integrada por civiles, se han cobrado la vida en los últimos días de 24 personas

Incluso la Iglesia se ha levantado contra una situación insostenible. Fue precisamente una carta abierta del obispo de Apatzingán, monseñor Miguel Patiño, la que centró la atención del Gobierno de México y de los medios sobre la tragedia, hasta entonces ampliamente ignorada o minimizada. “El Estado de Michoacán tiene todas las características de un estado fallido. Los grupos criminales: Familia Michoacana, Zetas, Nueva Generación y Caballeros Templarios, principalmente, se lo disputan como si fuera un botín. (…) Han aumentado los secuestros, los asesinatos, el cobro de cuotas se ha generalizado y familias enteras han tenido que emigrar por el miedo y la inseguridad que se está viviendo. En los últimos días se está obligando a líderes sociales y a las personas en general para que firmen y pidan que el Ejército y los federales se vayan de Michoacán, y a los comisariados ejidales (representantes municipales) se les ha amenazado para que vayan ante el Congreso de la Unión a hacer la misma petición”, denuncia Patiño.

El obispo ahonda aún más en la herida: “Los gobiernos municipales y la policía están sometidos o coludidos con los criminales, y cada vez más crece el rumor que el Gobierno Estatal también está al servicio del crimen organizado, lo que provoca desesperanza y desilusión en la sociedad. Hasta la fecha no hemos visto la efectividad (del Ejército y Policía Federal desplazada), porque no se ha capturado a ninguno de los capos principales del crimen organizado, aun sabiendo dónde se encuentran”.

Michoacán es el primer gran reto del presidente Enrique Peña Nieto en su lucha contra el narcotráfico, su primer gran operativo. De su capacidad para limpiar el estrato político y policial del estado y diezmar a los cárteles de la droga dependerá que los mexicanos confíen en sus tan anunciadas “nuevas estrategias” para controlar la lacra del crimen organizado, o si bien prolongará el absoluto desastre de las políticas de guerra a gran escala emprendidas por Felipe Calderón, su antecesor en la silla presidencial.