¿Buscas empleo y no dominas el inglés? No vayas a Londres

Rastrear un trabajo en el Reino Unido -ya ni siquiera encontrarlo- se está convirtiendo en una tarea cada vez más complicada. Desde que llegó a Downing Street, David Cameron ha ido creando una carrera de obstáculos para extranjeros con aquello de regular la inmigración. Y ayer no dudó en colocar una nueva valla al anunciar la última remesa de recortes para hacer frente a la deuda del país, que ya asciende al 75,2% del PIB. Aviso para todos los que pensaban meter el paraguas en la maleta: la prestación por búsqueda de empleo se limitará sólo a los que hablen inglés.

En las islas, todo aquel en edad laboral que demuestre que está buscando un trabajo recibe lo que se llama Jobseeker´sallowance, una ayuda de entre 56.80 y 71.70 libras a la semana –distinta a la del paro– para cuya solicitud no es necesario haber contribuido previamente a la seguridad social. Mientras que los ciudadanos fuera de la UE tenían que pasar por un examen de residencia, los europeos tenían las puertas abiertas.

Pero ahora, el idioma será requisito imprescindible. Y no sólo eso, el beneficiario tendrá que esperar una semana para recibir la prestación -en vez de los tres días actuales- y deberá personarse cada siete días en la oficina de empleo, en vez de cada dos semanas.

La medida entrará en vigor en 2015. Aún no se han dado muchos datos sobre el examen de nivel de inglés que se realizará. Pero todo indica que será similar al anunciado por TheresaMay en junio de 2010 para los no comunitarios que quieran trasladarse al Reino Unido para vivir con su pareja. La ministra del Interior aseguró entonces que de este modo se ayudaba a “promover la integración”, aunque diferentes organizaciones tacharon los planes de discriminatorios.

La lengua de Shakespeare siempre ha sido la asignatura pendiente de los españoles. Y ahora la barrera del idioma impide encontrar hasta trabajos temporales, esos mismos que en el pasado servían como la mejor escuela para empezar a soltarse y educar el oído.  

Con un nivel de desempleo de 2,51 millones -el 7.8% de la población activa- y, entre ellos, un total de 950.000 parados de edades entre 16 y 24 años, los empresarios miran mucho a quien dan las oportunidades y hasta para poner un café te piden un nivel de vocabulario decente.

Según un informe de la Universidad de Cambridge publicado recientemente, un 60% de españoles afirma que si no se marcha a trabajar fuera es por su bajo nivel de inglés. Un 63% cree que un mejor nivel del idioma facilitaría una salida más rápida a la crisis.

Con todo, con una pronunciación mejor o peor, desde 2009 hasta 2012 han emigrado ya casi 400.000 españoles con la intención que encontrar posibilidades fuera. Los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que aportamos cerebros cuya formación ha costado mucho a la sociedad, pero cuyos frutos se recogen en el extranjero.

El Reino Unido es la opción más popular (4.780) superada sólo por Francia (8.273). En tercer lugar se encuentra Alemania (3.262), seguida de Suiza (3.141). En lo que respecta a saltar el Atlántico las preferencias de traslado las encabeza Argentina (22.073), aunque, curiosamente, Cuba es la segunda opción (13.890), por delante de países más desarrollados, como Brasil(8.362), México (7.959) y Estados Unidos (7.134).

El aterrizaje en las islas no es fácil. A pesar de que en la última década los extranjeros se hicieron con tres cuartas partes de los nuevos empleos en el Reino Unido, el año pasado la tendencia cambió radicalmente: casi nueve de cada diez de los nuevos puestos de trabajo creados fueron para nacionales. Y Cameron, lejos de esconder la cabeza se congratula por los “logros conseguidos para controlar la inmigración”.

Es más, sus planes para poner cerco llegaron hasta tal punto que en mayo anunció restricciones para los no británicos al paro y la sanidad. Bruselas le dio un toque de atención. Entre la batería de medidas destacaban la promesa para cortar el acceso de los migrantes de la UE a la prestación por desempleo a los seis meses -si no estaban buscando activamente trabajo y no podían demostrar que tienen una oportunidad real de conseguirlo- y colocar nuevas responsabilidades a los estados miembros de la UE para pagar si sus ciudadanos utilizaban el Sistema Nacional de Salud.