La violencia deja el partido entre Brasil y Uruguay al borde de la suspensión

La violencia en Brasil ha puesto al borde de la suspensión el partido entre la selección brasileña y Uruguay correspondiente a las semifinales de la Copa Confederaciones. Una nueva jornada de protestas ha derivado en la quema de autobuses en los alrededores del estadio de Belo Horizonte. Las manifestaciones son tan multitudinarias que la Policía ha admitido que no puede contener la marea humana ni garantizar la seguridad, según señalan fuentes próximas a la celebración del evento. No obstante, la prensa ya accedió hace horas al estadio Mineiro en el que se celebrará el encuentro, previsto para las 21:00 hora española.

Si el partido entre Brasil y Uruguay se suspendiera finalmente, hay un riesgo evidente de que no pueda terminarse la Copa Confederaciones. Esto sería un serio golpe para el Mundial 2014 que acogerá Brasil, dado que la FIFA y el COI exigen que se garantice la seguridad para un evento de estas características.   

Los manifestantes cortan la autopista Sao Paulo-Río

Las revueltas han vuelto a Brasil. Tres días ha durado la tranquilidad para Dilma Rousseff. Ni el anuncio del plebiscito para un Pacto de Estado ha conseguido poner freno a las manifestaciones de los indignados y, lo que es peor, ha regresado la violencia y el empleo de la fuerza que tanto daño están causando en el Gobierno del Partido de los Trabajadores. Ayer, las protestas se repitieron por muchas zonas del país, pero el corte de la autopista que une Río de Janeiro y Sao Paulo fue el hecho que consiguió centrar la atención mediática y la que sembró el caos debido a las kilométricas filas de coches que quedaron atrapados en plena carretera.

Las movilizaciones no terminaron ahí. Se repitieron manifestaciones en todo el país, pero volvió a adquirir especial importancia la celebrada en Río de Janiero y que obligó a cortar las dos principales arterias de la ciudad.

De manera paralela a las protestas, en la Cámara de Brasilia se decidió dejar sin efecto la derogación del Artículo 37 de  la Constitución, una enmienda que favorecía la impunidad de los políticos, y se aprobó que los royalties producidos por la venta de petróleo vayan a parar a salud y educación, con un porcentaje de 25% y 75% respectivamente. La oposición y miembros del propio Gobierno no quieren que se toque la Constitución, tal y como Dilma Rousseff anunció. Ahora medita cambiar la política, pero sin tocar la Constitución. 

Los movimientos sociales  también han conseguido sembrar la inquietud en la FIFA tras el anuncio hecho por la Policía de no poder garantizar la seguridad del público que asista al Brasil-Uruguay de hoy. De tal manera que llegó a pedir la suspensión del mismo. FIFA ha querido transmitir tranquilidad y ha hecho público el apoyo a la organización. La Cámara ha aprobado la supresión de diferentes medidas de cara al Mundial. Una de ellas habla de la renuncia a diferentes obras de infraestructura y telecomunicaciones por valor de 20 millones de euros y que ya estaban aprobadas.

Incluso se ha anunciado la convocatoria de una huelga general para el 11 de julio. Los sindicatos pretenden parar el país en un gesto que busca dejar contento al pueblo, pero que los analistas políticos lo ven como carente del más mínimo sentido de la oportunidad. Sea como fuere, el gigante ha despertado y las medidas de la presidente no parecen tener ninguna llegada al pueblo, a la clase media, la misma que está tomando la calle.