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El ‘pacto con el diablo’ que salva vidas en El Salvador
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2.000 ASESINATOS MENOS EN UN AÑO

El ‘pacto con el diablo’ que salva vidas en El Salvador

América Latina sigue sorprendiendo al mundo con su capacidad para crear insólitos procesos sociales y políticos. La tregua entre las temibles maras, o pandillas criminales salvadoreñas,

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El ‘pacto con el diablo’ que salva vidas en El Salvador

América Latina sigue sorprendiendo al mundo con su capacidad para crear insólitos procesos sociales y políticos. La tregua entre las temibles maras, o pandillas criminales salvadoreñas, facilitada por el Gobierno, ha cumplido un año, reduciendo la tasa de homicidios un 54% y salvando 2.000 vidas. El notable descenso de los asesinatos en el que hasta ahora era el país más violento del mundo ha seducido tanto a las autoridades nacionales como a las internacionales, e incluso Naciones Unidas recomienda trasladar este modelo al resto de países de la región. Sin embargo, las dudas sobre el verdadero contenido del acuerdo, su viabilidad o la conducta que debe seguir el Ejecutivo ensombrecen la buena nueva del incremento de la seguridad.

El primer aniversario de la tregua alcanzada entre la Mara Salvatrucha (MS) y la M18, dos auténticos ejércitos de sicarios y delincuentes que suman entre 50.000 y 60.000 pandilleros, ha sido saludado con entusiasmo por la Organización de Estados Americanos (OEA), que desde un inicio ejerce de garante del pacto. “El Salvador en 2011 estaba catalogado como uno de los países más violentos del mundo, registrando 66 homicidios por cada cien mil habitantes. Desde que se inició este proceso, la tasa de homicidios ha disminuido a menos de 30 por cada cien mil”, afirmó José Miguel Insulza, secretario general de este organismo, en un discurso pronunciado el pasado 11 de marzo en una de las zonas liberadas en El Salvador.

No se ha logrado que la gente deje de ver a los pandilleros como delincuentes y aprovechadosPese a que Estados Unidos sigue sin ver con buenos ojos el pacto con el diablo salvadoreño, y a que otros gobiernos del continente observan desconcertados la tregua, la OEA se ha implicado a fondo en el proceso, e Insulza no ha dudado en estrechar la mano de los tatuados líderes de estas organizaciones criminales. “La reducción del crimen y la violencia tiene  muchas complejidades, y sería iluso considerar que la mano dura es la única salida para lograr seguridad y la paz.  De ahí que consideramos que el proceso es una opción, viable, posible a la que vale la pena apostar”, aseguró a El Confidencial el canadiense Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA.

“Creemos que a medida que actores clave como el sector privado y el Gobierno se involucren más y se logre la institucionalización del proceso, habrá mayores oportunidad de éxito”, añadió. La implicación del Gobierno es precisamente uno de los asuntos más controvertidos y menos transparentes del acuerdo. Pese a que el Ejecutivo niega que haya entablado una negociación con los pandilleros, lo cierto es que ha reconocido un papel como “facilitador” de la tregua y apoya la ampliación del número de municipios declarados “libres de violencia”. Además, la prensa salvadoreña dio cuenta en 2012 del traslado de 30 líderes pandilleros desde una prisión de máxima seguridad a otros penales con menos controles, un movimiento que se relacionó con el avance de la tregua.

Resistencia de la población

Sobre esta polémica, Roberto Oswaldo López, jefe del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la salvadoreña Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, considera que “no es conveniente” beneficiar  de esta forma a los líderes de las maras. “Se deben mejorar las condiciones en que se encuentran los privados de libertad, porque son condiciones verdaderamente inhumanas, y eso incluye a los pandilleros. Pero no se deben dar beneficios por ser pandilleros”, expresó a este diario. 

“La población tiene poca información sobre el acuerdo con las maras. Aquella que se ha difundido por los medios de comunicación ha sido poco clara y convincente; no ha logrado que la gente deje de ver a los pandilleros como delincuentes y aprovechados; y en ese sentido se mantienen las resistencias al pacto porque no se le encuentra un sentido claro”, agregó López.

En defensa de la tregua, Blackwell señaló que “todo proceso tiene sus riesgos, pero eso no implica que no tenga viabilidad”. “Creo que nadie puede garantizar que  los pandilleros no vuelvan a delinquir, pero sin duda los resultados alcanzados muestran que hay elementos para considerar que han asumido la responsabilidad sobre los acuerdos a los que se han comprometido”.

Prevención y reintegración en la sociedad

Por ello, de cara al futuro, el secretario de Seguridad de la OEA cree que la segunda etapa del proceso trata de llevar los acuerdos a las comunidades “involucrando diversos actores clave para la sostenibilidad, y tratando de asegurar mayores oportunidades para la prevención, desarme y  reintegración social de los jóvenes”.

La prevención y la generación de oportunidades constituye también la condición fundamental para que la tregua funcione, de acuerdo con López: “La violencia se irá resolviendo en la medida en que vayamos dando pasos claros y firmes a favor de una mejor distribución de la riqueza, generación de oportunidades de formación y de empleos dignos, mayor cohesión social, una política social fuerte o el fomento de una cultura de respeto a las leyes”.

Entre tanto, las pandillas siguen sin desmovilizarse, y apenas han entregado 267 armas en un año de tregua que nadie se atreve a pronosticar si será definitiva, pero que al menos ha logrado salvar 2.000 vidas en este pequeño país centroamericano.

América Latina sigue sorprendiendo al mundo con su capacidad para crear insólitos procesos sociales y políticos. La tregua entre las temibles maras, o pandillas criminales salvadoreñas, facilitada por el Gobierno, ha cumplido un año, reduciendo la tasa de homicidios un 54% y salvando 2.000 vidas. El notable descenso de los asesinatos en el que hasta ahora era el país más violento del mundo ha seducido tanto a las autoridades nacionales como a las internacionales, e incluso Naciones Unidas recomienda trasladar este modelo al resto de países de la región. Sin embargo, las dudas sobre el verdadero contenido del acuerdo, su viabilidad o la conducta que debe seguir el Ejecutivo ensombrecen la buena nueva del incremento de la seguridad.