Amnistía fiscal como receta para recuperar el crédito exterior

La lucha por la dignidad no sólo fue una de las materias inflamables que incendiaron la revolución egipcia. También se convirtió en una de las principales promesas de Mohamed Morsi, el primer presidente elegido democráticamente tras esas revueltas, que hipotecó su mandato a acabar con la corrupción. La brecha entre ricos y pobres seccionaba cada vez más a un país esquilmado por una poderosa élite, que ahora podría ser reparada a fuerza de la necesidad.

Al Estado se le venían escapando grandes sumas al margen de la ley desde hacía décadas, pero fue a mediados de los noventa cuando irrumpieron definitivamente. La política de privatizaciones de Hosni Mubarak permitió a políticos y empresarios fieles asegurarse terrenos, contratos y concesiones a precios inferiores a los del mercado. Actualmente Egipto ocupa el puesto número 118 de un total de 174 países en el índice anual que elabora la ONG Transparencia Internacional. Las principales sumas opacas ya habían salido del país, pero cuando finalmente cayó la dictadura la mayor parte de estos magnates tomaron el resto del dinero y salieron corriendo.

Uno de los ejemplos paradigmáticos es el del capo del gas Husein Salem, quien permanece en Madrid gracias a la negativa del Tribunal Constitucional de ordenar la extradición dictada por la Audiencia Nacional. Salem -mano derecha de Mubarak durante años en el mundo de los negocios- intenta librarse de la prisión peses a tener cargos abiertos tanto en España como en Egipto. Por eso, en las últimas semanas, uno de sus abogados formuló una petición al Gobierno egipcio para conseguir inmunidad judicial a cambio de devolver los fondos conseguidos de forma ilegal.

La propuesta no cayó en saco roto, ya que hace unas semanas la Cámara Alta -que ostenta el poder legislativo en ausencia de la disuelta Asamblea del Pueblo- ratificó una ley, que ahora recae en manos del Ejecutivo. El exdiputado del partido de los Hermanos Musulmanes, Mahmud Amr, explica a este diario que la norma “tiene como finalidad recuperar los fondos expatriados de todos aquellos que se muestren dispuestos a colaborar, siempre que no tengan delitos de sangre”. Según Amr, esta disposición afectaría a quienes ya hayan sido condenados. La única penalización sería una compensación al Estado por las causas que se les imputan.

Entre la extensa lista de personalidades que podrían acogerse a esta amnistía fiscal figuran al antiguo primer ministro Ahmed Nazif, el exministro de Finanzas Yusef Butros Ghali o el propio Husein Salem, todos ellos huidos del país y juzgados en rebeldía por cargos de corrupción. Aunque siguiendo estas premisas también podrían acogerse a ella el magnate del acero Ahmed Ezz, que esta misma semana ha sido condenado a 37 años de prisión por apropiación indebida o incluso los hijos de Mubarak, Alaa y Gamal, sobre quienes también pesan varios cargos de corrupción.

La extensa fortuna del dictador se encuentra repartida entre paraísos fiscales y los bancos de distintos países europeos y norteamericanos, donde los fondos permanecen congelados a la espera de avances en los respectivos procesos judiciales. La recuperación de los miles de millones expoliados se antoja una quimera, pero la alternativa planteada tampoco convence a organizaciones sindicales como el Centro Egipcio para la Economía y los Derechos Sociales, que la considera un “fraude de ley”.

Una nueva vanguardia económica

Las viejas caras de estos magnates caídos en desgracia han sido sustituidas por una nueva plétora de hombres de negocios, que manejan el tejido empresarial del Egipto posmubarak. El millonario dirigente de los Hermanos Musulmanes, Jairat el Shater, a quien se le atribuye el control económico del movimiento islamista, apadrina a un nuevo grupo de pequeños y medios empresarios afines que declaran que su objetivo es tomar las riendas de la economía egipcia, dejando de lado la corrupción de años pasados. 

Aunque precisamente el socio de Shater y fundador de esta patronal, Hasan Malek, asegura estar detrás de las presiones para contar de nuevo con los magnates del antiguo régimen. “Es muy importante priorizar la legislación, los tribunales deben decidir primero sobre los casos abiertos, pero toda esta gente tiene que volver”, aseguraba hace unos días a la agencia Reuters.

Los expertos en disputas de activos internacionales , Walid Nasar y Eric Lewis, argumentan en las páginas del periódico estatal Al Ahram que “Egipto acierta en explorar las posibilidades para recuperar este dinero”, pero advierten de que las negociaciones tienen que ir acompañadas de nuevas y exhaustivas investigaciones internacionales para hallar los fondos extraviados en otros países.

Tanto en la construcción, como en las telecomunicaciones o en la gestión de recursos energéticos la habitual receta para amasar dinero era la concesión a un empresario amigo que atraía inversiones extranjeras. Pero ahora el clima de negocio espanta al capital y de hecho en las últimas semanas la principal fortuna del país, la familia Sawiris, ha anunciado su decisión de abandonar su presencia empresarial en Egipto. Un anuncio no exento de controversia, ya que en las últimas horas el fiscal general ha prohibido la salida del país a varios de los Sawiris por supuesta evasión de impuestos.

Esta ausencia de inversión externa ha reducido las reservas de divisa extranjera a sólo 13.500 millones de dólares, una cantidad que los economistas empiezan a considerar crítica para hacer frente a la deuda externa. Egipto se ahoga a la espera de firmar un préstamo con el FMI que no sólo le debería suministrar 4.800 millones de dólares, sino la vuelta de los inversores. Mientras tanto la moneda local continúa débil, lo que puede provocar una peligrosa inflación que agravaría la ya de por sí inestabilidad política y, sobre todo, la reinante conflictividad social. Los antiguos hombres de Mubarak esperan una nueva oportunidad, esta vez de sus enemigos islamistas, quienes se debaten entre ejercitar su habitual pragmatismo o seguir a pies juntillas los postulados de la revolución.