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El pacto secreto entre Italia y la mafia, a juicio
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PARA ACABAR CON LA CAMPAÑA DE ATENTADOS QUE ASOLARON EL PAÍS EN 1992 Y 1993

El pacto secreto entre Italia y la mafia, a juicio

Italia está a punto de intentar despejar las sombras sobre uno de los episodios más oscuros de su historia reciente: el posible pacto secreto suscrito entre

Foto: El pacto secreto entre Italia y la mafia, a juicio
El pacto secreto entre Italia y la mafia, a juicio

Italia está a punto de intentar despejar las sombras sobre uno de los episodios más oscuros de su historia reciente: el posible pacto secreto suscrito entre el Estado y Cosa Nostra, la mafia siciliana, para acabar con la campaña de atentados que asolaron el país en 1992 y 1993. A cambio la mafia obtenía dos cosas: el fin al régimen carcelario más duro para los capos, el llamado 41 bis, y  una mayor influencia política. Piergiorgio Morosini, juez de instrucción de Palermo, tiene en sus manos la decisión: a él le toca dictaminar si acepta la investigación realizada por la Fiscalía de Palermo, liderada por el magistrado Antonio Ingroa, para concluir así la fase preliminar y dar comienzo a un juicio histórico en el que el Estado italiano procesará a una parte de sí mismo.

Si, como se espera, Morosini da luz verde, en el banquillo donde coincidirán simbólicamente los 12 acusados podrá verse tanto a mafiosos como a altos representantes del Estado. Entre los primeros están algunos de los mayores capos y asesinos que ha tenido Cosa Nostra, como Salvatore Totò Riina, Giovanni Brusca y Leoluca Bagarella. Todos están encarcelados con el 41 bis, por lo que se conectarán por videoconferencia con el aula búnker de la cárcel palermitana del Pagliarelli donde se celebra el juicio. Por parte de las autoridades, los imputados son el exministro del Interior Nicola Mancino, los senadores Calogero Mannino y Marcello Dell'Utri, éste último durante años hombre de confianza de Silvio Berlusconi, los generales de los Carabinieri Antonio Subranni y Mario Mori y el excoronel de este cuerpo Giuseppe De Donno. Entre los inculpados también están Massimo Ciancimino, hijo del exalcalde de Palermo, el fallecido Vito Ciancimino conocido como Don Vito, el hombre que supuestamente ejerció de enlace entre el Estado y los mafiosos sicilianos.

Con su denuncia sobre el papel desempeñado por su padre, Ciancimino, acusado de asociación mafiosa, abrió la veda para que otros testigos o protagonistas de aquellas negociaciones secretas comenzasen a hablar. Estas declaraciones pusieron a Ingroa sobre la pista: en cuatro años de trabajo acumuló una cantidad enorme de pruebas por medio de los testimonios de los colaboradores con la Justicia y de las  interceptaciones telefónicas. Con ellas ha armado la tesis de la acusación.

Los fiscales de Palermo han presentado esta semana a Morosini una síntesis en 22 páginas de su investigación con la que piden el inicio formal del proceso. El documento describe el vacío de poder que sufría Italia a principios de los años 90 por el escándalo de corrupción de Tangentopoli, que acabó con los principales partidos políticos de entonces. “En aquella nebulosa fase de transición, Cosa Nostra concibió un plan para desestabilizar la política nacional”, sostienen los magistrados, quienes consideran que los mafiosos organizaron las matanzas para luego ofrecer la paz al Estado y negociar desde una posición de fuerza. También buscaba Cosa Nostra “nuevos referentes políticos” después de que el vendaval de Tangentopoli acabase con los mejores contactos que tenía hasta entonces. “El largo recorrido de una difícil negociación culminó con las garantías ofrecidas por el dúo Dell'Utri-Berlusconi”, afirman los investigadores, basando su acusación en el testimonio de tres mafiosos arrepentidos.

La Fiscalía denuncia la “grave amnesia colectiva de la mayor parte de los responsables políticos institucionales de la época”, pues durante 20 años han negado que existiese una negociación con la mafia. Salvatore Borsellino, hermano del magistrado antimafia Paolo Borsellino, asesinado por la Cosa Nostra en julio de 1992 (dos meses después de que también muriera en un atentado mafioso su compañero, el juez Giovanni Falcone), lleva desde entonces clamando para que se haga justicia y se aclare la complicidad del Estado en la muerte de su hermano. “A Paolo le mataron porque sabía que había una negociación con la mafia y se negó. Yo llevo veinte años diciéndolo y siempre me tachaban de loco. Finalmente se comenzó a hablar de ello y ahora por fin hemos llegado a un juicio en el que se van aclarar estas conversaciones secretas”, cuenta Borsellino a El Confidencial.

En el proceso, el hermano menor del juez se ha constituido como parte civil junto a la asociación de la que forma parte, el Movimiento de las Agendas Rojas. Este grupo de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, hace referencia al cuaderno que siempre portaba consigo Paolo Borsellino y en el que llevaba apuntadas algunas declaraciones de los mafiosos arrepentidos. La agenda desapareció en el atentado que le costó la vida a este mártir de la lucha contra Cosa Nostra y a cinco policías de su escolta.

“Nos hemos constituido como parte civil por el daño que las negociaciones entre el Estado y la mafia supusieron para la sociedad. Esperemos que se haga justicia y logremos este resarcimiento moral. Queremos además estar presentes para mostrar nuestro apoyo a los magistrados, a quienes se está atacando desde todos los ámbitos, especialmente por parte de la prensa y de los políticos”, denuncia Borsellino. En el juicio también se han constituido como parte civil el Gobierno italiano y el Ayuntamiento de Florencia, ciudad donde se produjo un atentado mafioso en 1993 que dejó cinco muertos.

A sus 70 años, Salvatore no tiene grandes esperanzas de llegar a ver con sus propios ojos si se aclara de una vez por todas la muerte de su hermano. “Creo que la verdad emergerá en el proceso. No puedo permitirme ser pesimista. El problema es que estamos ante el inicio de un juicio que será muy largo. A mí me quedarán unos 15 años de vida y no creo que sean suficientes. Antes de morirme, haré todo lo posible para que no torpedeen el proceso y los jóvenes de hoy puedan saber realmente qué ocurrió”. 

Italia está a punto de intentar despejar las sombras sobre uno de los episodios más oscuros de su historia reciente: el posible pacto secreto suscrito entre el Estado y Cosa Nostra, la mafia siciliana, para acabar con la campaña de atentados que asolaron el país en 1992 y 1993. A cambio la mafia obtenía dos cosas: el fin al régimen carcelario más duro para los capos, el llamado 41 bis, y  una mayor influencia política. Piergiorgio Morosini, juez de instrucción de Palermo, tiene en sus manos la decisión: a él le toca dictaminar si acepta la investigación realizada por la Fiscalía de Palermo, liderada por el magistrado Antonio Ingroa, para concluir así la fase preliminar y dar comienzo a un juicio histórico en el que el Estado italiano procesará a una parte de sí mismo.