La condena de cuatro años a Carromero abre la puerta de su regreso a España

Exteriores sigue negociando bajo cuerda la suerte del diputado de Nuevas Generaciones del PP, Miguel Ángel Carromero, y la condena de ayer en el tribunal de Bayamo ha sido acogida con prudente satisfacción en círculos diplomáticos españoles. Al ser condenado a menos de cinco años queda abierta la puerta a que cumpla la pena en España, que es lo que persiguen en el departamento de José Manuel Margallo.

Desde el primer momento la diplomacia española pidió prudencia al Partido Popular y a la prensa a la hora de ‘presionar’ al régimen. Los expertos que negocian con las autoridades cubanas saben que La Habana tiene la sartén por le mango, y que lo que estaba en juego es la libertad nada menos que de un miembro del PP, una pieza codiciada por el régimen como objeto de negociación.

Desde el primer momento, las autoridades españolas eran conscientes de que habría una condena a Carromero. Él mismo, en una declaración que fue tildada de farsa por los propios familiares del opositor Osvaldo Payá, muerto en el accidente de julio, reconoció que el siniestro fue por un exceso de velocidad.

En la diplomacia española, incluso, se sabía que el veredicto del juicio no se haría público antes del 12 de octubre, porque era una manera de presionar por parte de La Habana. El Día de la Hispanidad estaba marcado en rojo por la oposición a los Castro: en la Embajada volvía a haber un representante del PP y, por tanto, debían volver los fastos que estableció José María Aznar, invitando a los opositores a celebrarlo en la embajada en un claro desafío al régimen. Con Carromero pendiente de un veredicto, no ha habido tal reto ni fastos opositores en la legación española.

Sin embargo, lo que ha sido una clara cesión ante el régimen ha tenido su primer fruto: Carromero ha sido condenado a 4 años, tres menos de los 7 que pedía la Fiscalía del régimen. Y lo que es más importante: por debajo de los cinco que habría impedido seguir negociando para que el político del PP pueda cumplir su condena en España.

Ahora, el Código Penal cubano, o Ley 62, estipula en su artículo 46.3 que el Consejo de Ministros de la isla "puede decretar la expulsión del extranjero antes de que éste cumpla la sanción principal impuesta", que se declarará "extinguida". Sin embargo, si el régimen castrista no quisiera expulsarle, a Carromero le quedaría otra opción que sería un traslado para cumplir en España la condena.

España y Cuba tienen un convenio bilateral para el traslado de personas condenadas que data de 1998 y podría aplicarse ya que no ha superado los cinco años de condena. Eso sí, para aplicar este acuerdo, la sentencia debe ser firme, es decir, ni Carromero ni España deben recurrir.