La prensa en México: “Es tan peligroso informar del narco como de sus nexos con políticos”

“¿Quieres tomar la última foto de tu vida, pendejo?”. Ciudad Juárez, noche cerrada, una carretera secundaria. El que pregunta sostiene una pistola escuadra 9 milímetros. El que siente el gélido metal sobre su sien, una Canon 5D. Al final nadie dispara. El primero es un sicario de uno de los cárteles de la droga que operan en México. El segundo es Carlos*, 39 años, fotógrafo de una agencia internacional de noticias amenazado por el crimen organizado.

 

Hablamos de un país en el que el 90% de las noticias violentas son silenciadas por temor a las represalias; venganzas que van desde la ejecución y el secuestro hasta el exilio obligado. Amenazas, además, que no sólo provienen del narcotráfico, sino también del Ejército y de las estructuras políticas, en muchos casos vinculadas con el crimen organizado. México, donde este año han muerto 13 periodistas, se ha convertido en el país de América Latina con menos garantías de seguridad para ejercer la profesión. ¿Cuál es el precio que hay que pagar por informar? ¿Merece la pena jugarse la vida para que los ciudadanos sepan lo que ocurre en su tierra?

Carlos, el fotoperiodista amenazado en Ciudad Juárez, opina que el trabajo es importante, aunque no merece la pena dejarse la vida por una foto. “Cuando te están apuntando con una pistola solo piensas que no quieres morir así. Todavía no. Pero, a pesar de la situación de estrés postraumático que esto ha generado en mi vida, no he pensado jamás en abandonar la profesión. Aunque sea una paradoja, la cámara me ha salvado la vida en múltiples ocasiones”, confiesa.

Germán Guillermo Canseco, reportero gráfico de Proceso y Premio Nacional de Periodismo 2008, también ha temido por su vida mientras trabajaba en Ciudad Juárez, Oaxaca, Michoacán o Guerrero. “Eso hablando únicamente de temas relacionados con la violencia y el narcotráfico”. Y da la voz de alarma al confirmar que las amenazas recibidas siempre han provenido de parte del Ejército o de la Policía Federal. Algo que asusta también a Luz del Carmen Sosa, reportera de El Diario de Juárez, que sufrió una agresión a principios de año: “Nos agredieron militares, eso nos dio más miedo”. Hoy en día en México es tan peligroso difundir información molesta para la delincuencia organizada como informar sobre los nexos de políticos con esos grupos”.

Trece muertos en un año

Al asesinato de 13 periodistas hay que sumar los numerosos casos de secuestro, desapariciones, atentados e intimidaciones contra instalaciones de varios medios de comunicación. ¿Se puede informar en una situación de guerra? En opinión de Miguel González Moraga, editor de la revista especializada en Periodismo Sala de Redacción, “es muy difícil informar en un ambiente hostil generado por el crimen organizado y por la incapacidad de las autoridades de garantizar la seguridad de la población, no sólo la de los periodistas”.

Coincide con él, Elia Baltazar, co editora de Excélsior y fundadora de la red Periodistas de a pie e impulsora del movimiento Los queremos vivos: “Lo que sucede con los periodistas se extiende a toda la sociedad mexicana: la impunidad y la falta de acceso a la justicia”, y recuerda que “las consecuencias de una agresión contra medios o periodistas son más profundas y expansivas, por el efecto silenciador que conlleva”.

En el Grupo Reforma las medidas de protección más elementales consisten en no firmar las notas de corresponsales que están en zonas de guerra ni aquellos reportajes que impliquen un riesgo para su autor, aún estando en lugares más seguros, como en Distrito Federal. Esto, siempre a consideración de los editores de las secciones correspondientes y/o de la dirección editorial.

En casos extremos, cuando ya hay amenazas directas, se ha llegado a cambiar de domicilio a algunos reporteros dentro de su misma ciudad, cambiar de destino a algún corresponsal o incluso variar la cobertura o temática a la que se dedican de forma temporal. En otras zonas, los reporteros han tenido que elaborar reglas mínimas de seguridad, como por ejemplo: nunca ir solos a la cobertura de un hecho violento.

El narco se expande como un cáncer

El número de denuncias y agresiones a periodistas se ha reducido respecto a 2009. Pero esto no significa necesariamente que haya menos ataques. Así lo demuestra la investigación realizada por la Fundación MEPI y publicada en el diario El Universal: México: La nueva espiral del silencio, que mide el impacto de la narco violencia en la cobertura informativa.

Según el estudio, el poder del narco se ha esparcido como un cáncer en los últimos años a regiones donde antes no llegaba, alcanzando ya la mitad del país. “En su avance de ciudad en ciudad, los cárteles de la droga fueron creando agujeros negros de información en el mapa, al obligar al silencio a los periodistas en cada plaza”, cita el informe.

Los resultados de este análisis son reveladores: en la mayoría de las ciudades estudiadas, la población “se entera de uno de cada diez sucesos relacionados con el narcotráfico”. Un ejemplo es el del influyente diario local de Juárez, El Norte, donde se admite que no publican el 80% de las noticias. En Tamaulipas la situación es aún más crítica ya que en la primera mitad del año el periódico La Mañana no publicó ningún artículo sobre ejecuciones. Sin embargo, hubo un promedio de tres ejecuciones al día en ese periodo de tiempo.

En Monterrey, Nuevo León, el periódico El Norte, cuyo director Alejandro Junco se exilió hace dos años a EEUU tras recibir amenazas, publica sólo el 5 a 10 por ciento de las ejecuciones que ocurren en el estado. Asimismo, los periodistas Alejandro Hernández (de Televisa), Emilio Gutiérrez (corresponsal de El Diario, en Chihuahua) y Ricardo Chávez (de Radio Cañón, en Ciudad Juárez) han pedido asilo en Estados Unidos por las amenazas recibidas contra ellos y sus familias y la falta de garantías en su trabajo.

Elia Baltazar denuncia que les fallaron todos: sus medios, el Gobierno y la justicia. “Lo que pedimos los periodistas es lo que quiere y a lo que tiene derecho toda la sociedad mexicana: garantías, acceso a la justicia, respeto a sus derechos, convivencia pacífica y normalidad democrática”.

Del exilio a la autocensura

 

Bajo estas circunstancias, los propios periodistas buscan cómo protegerse. Por eso, según Miguel González, muchos recurren a la autocensura. “En 2008, después de que 20 personas murieran durante un enfrentamiento entre narcotraficantes guatemaltecos y mexicanos, algunos medios cambiaron su manera de darle cobertura al narcotráfico: no acreditar fotografías, infografías ni textos. Ahora, algunos empleados se sienten intimidados y optan por no cubrir esos temas”.

Baltazar aclara que no se trata tanto de autocensura, sino de “una censura impuesta por la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información. Aunque es cierto que muchos han recurrido al silencio”.

El pasado mes de agosto, un grupo de la delincuencia organizada secuestró a cuatro periodistas en el estado de Durango y los usó como rehenes para pedir, a cambio de su liberación, el silencio sobre los hechos y la retransmisión de mensajes publicitarios a favor de ese cártel. Hubo algunos medios que accedieron, otros no. Estos hechos motivaron la marcha Los queremos vivos.

Inés Giménez, periodista española de 26 años radicada en Guerrero y que ha trabajado en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, cuestiona: “¿Si accedes al chantaje, qué te garantiza que esta práctica no se convierta en una norma? ¿Si no accedes, cómo queda tu conciencia en caso de que el periodista sea asesinado?”. Y continúa: “Creo que la única manera de mantenerse a flote como periodista es guardar la integridad, no corromperse ni entrar en el chantaje de grupos de interés, provenga éste de grupos legales o ilegales, conocer bien los contextos, los actores y saber medir los riesgos”. Pero algunos no lo consiguen.

Periodistas de maquila

 

¿Se puede acusar de cobarde a un periodista que decide protegerse? En opinión de todos los periodistas consultados: no. Miguel González afirma que “los corresponsales de los grandes medios nacionales o de agencias cobran, por nota publicada, el equivalente a €10 en el mejor de los casos. Mientras tanto, quienes se dedican al periodismo en las localidades ya conflictivas conjugan el oficio con otros, como peluqueros, publicistas o mecánicos. Los salarios son muy bajos. Las condiciones laborales, precarias. Los stringers que colaboran con AP en México cobran entre €50 y €60 por artículo. Y no importa la extensión ni el tema, sea narcotráfico o cultura, política o ciencia. Y estos son los mejor pagados.

Carlos se atreve a denunciar que a los medios no les interesa brindar más protección a sus empleados porque les saldría muy caro. “Las empresas lo único que quieren es tener notas pero no pagar los seguros de vida ni los gastos médicos derivados de la cobertura del narcotráfico”.

Desde otra óptica, Luis Méndez, corresponsal de Reforma en España y profesor de posgrado en la UCM, propone que se legisle sobre la publicación de imágenes truculentas, que en muchas ocasiones obedecen más al impulso morboso que a la voluntad de informar. “Habría que cuestionar el interés de la mayoría de los medios de comunicación por propagar este tipo de noticias y ningunear otras, menos dramáticas, pero que tienen también su alcance informativo”.

Elia Baltasar también critica que la única parte que no se involucra es, nada menos, que la de los medios de comunicación. “Las empresas no ven ni oyen a sus periodistas. No les interesan. Son mano de obra barata en esta maquila informativa en que se han convertido los medios. Y no es reciente. Hace mucho que los periodistas han sido maltratados laboralmente, muy despreciados en sus propias empresas y por los ciudadanos”.

Ernesto Núñez, editor del suplemento ‘Enfoque’, de Reforma, afirma que “puede sonar muy fácil decir que vale la pena jugarse la vida desde una oficina en la capital, cuando hay cientos de colegas jugándose el pellejo en sitios como Tamaulipas, Durango, Sinaloa o Guerrero, pero es mi convicción y creo que si estuviera en la situación específica correría el riesgo, tomando, desde luego, las precauciones debidas”.

Los ataques también van dirigidos a los medios. La revista Proceso, en la que trabaja Germán Canseco desde hace 15 años, está sometida a una dura campaña de difamación. El motivo: su línea editorial vincula con pruebas a altos cargos de la política con intereses del crimen organizado.

Buena voluntad gubernamental e impunidad

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al gobierno a cumplir las obligaciones establecidas en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, donde se refiere que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.

Desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se vislumbran avances. Así lo explica Gónzalo Marroquín, presidente de la institución. “En los últimos tres meses hemos tenido dos reuniones con el presidente Calderón y el fiscal especial para investigar los crímenes contra periodistas, y hemos encontrado buena voluntad, pero esperamos que el discurso escuchado se convierta en realidad, principalmente en dos aspectos: la federalización en la investigación de asesinatos contra periodistas (mediante una ley), y la segunda, que funcione adecuadamente el Programa de Protección para Periodistas puesto en marcha en noviembre”.

Mientras que las imágenes del asesinato de la activista Maricela Escobedo dan la vuelta al mundo como una noticia de enorme impacto (Escobedo pedía justicia por el asesinato de su hija en Ciudad Juárez), Baltazar sentencia: “Aquí no hay héroes. Hay víctimas de la violencia y de la impunidad. Ni siquiera podemos saber por qué han asesinado a los periodistas porque casi todos los casos están abiertos y olvidados”.

* Nombre ficticio a petición del entrevistado.