México: fábrica de ricos, país de pobres

Nueve de las fortunas más importantes del mundo residen en México, donde el 44% de la población es pobre. El México de Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea Mota o Emilio Azcárraga es muy diferente al de los 47,2 millones de pobres que viven en este país de 107 millones de habitantes. La pobreza es uno de los más graves problemas estructurales de una nación donde políticas que favorecen los monopolios, amistades con el poder y permisividad en la evasión de impuestos permiten a unos pocos acumular riquezas mientras casi la mitad de la población sufre algún tipo de carencia.

México, con un PIB per cápita de 6.749 euros, es uno de los países con peor distribución de los ingresos, lo que genera grandes desigualdades sociales: una décima parte de la población más rica gana más del 40% de los ingresos totales; los 90.300 millones de dólares que atesoran los nueve mexicanos incluidos en la lista Forbes 2010 -encabezada por el magnate Slim y que reúne a fortunas que superan los mil millones de dólares- equivalen al salario anual de 14.333 trabajadores mexicanos. Sólo 19,5 millones de habitantes (el 18,3% de la población) disfrutan de un bienestar económico adecuado.

El 65,5% de los mexicanos no tiene acceso a la seguridad social, el 40,7% a los servicios de salud y el 21,6% a la alimentación; un 21,7% presenta retraso educativo, un 18,9% carece de servicios básicos en su vivienda y el 17,5% de calidad y espacio en el hogar, según la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). El salario mínimo es de 54 pesos diarios (3 euros) y el promedio no ha dejado de caer en los últimos años hasta llegar a los 193 euros al mes y 27,5 en las áreas rurales, las más desfavorecidas y donde reside la mayoría de la población indígena. La crisis económica global que arrancó en 2008 golpeó aún más los sueldos y generó más desempleo, por lo que, aunque se han logrado avances en materia de salud, coberturas básicas y vivienda en los últimos años, la pobreza en cuanto a ingresos aumenta, explica a El Confidencial el secretario ejecutivo de CONEVAL, Gonzalo Hernández.

Herencia colonial

En su opinión, el que la desigualdad esté “muy enraizada” en México y el resto de América Latina es una herencia de la época colonial, cuando la explotación de las minas o la caña de azúcar creó dos clases sociales bien diferenciadas: “los hacendados y la masiva mano de obra no cualificada, como ocurrió en el Sur de Estados Unidos con el cultivo del algodón”. Hoy se manifiesta en “empresas monopólicas contrarias a la entrada de la competencia y en manos de unas pocas familias que combinan inteligencia y capacidad con relaciones con elementos políticos relevantes”, apunta. Empresarios y líderes sindicales apoyan a un determinado Gobierno a cambio de facilidades y regatean salarios y prestaciones sociales, lo que constituye “un círculo vicioso que dificulta salir de la desigualdad”.

La tasa de desempleo, del 5,44%, es engañosa, ya que ante la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios y las escasas prestaciones sociales buena parte de los mexicanos se enrola en el trabajo informal. Con una población económicamente activa de 47 millones de personas, hay 2,5 millones de parados, y eso que en el país se considera empleados a los mayores de 14 años que trabajan al menos seis horas a la semana en cualquier puesto; otra forma de maquillar la falta de empleo.

“Dieciséis millones de mexicanos ganan menos de dos salarios mínimos, y eso no da para sostener a una familia promedio de cuatro personas”, expone a este medio José Luis De la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Monterrey. Al menos 12,8 millones de ciudadanos trabajan en la economía informal, sin recibir prestaciones ni pagar impuestos, ocupando las calles y obteniendo energía del alumbrado público. Las aceras del país están atestadas de pequeños puestos en los que es posible comprar de todo -especialmente productos falsificados- y comer sin las mínimas condiciones de higiene. “Esto tendrá un impacto muy severo a corto y medio plazo, porque se fomenta la piratería y es un caldo de cultivo para otras actividades, donde el crimen organizado puede extenderse”, advierte.

La inestabilidad económica (el país ha sufrido cuatro crisis desde la década de los ochenta) hace desaparecer las pymes y favorece la concentración de riqueza en las grandes empresas, que sobreviven gracias a su mayor capacidad de inversión, innovación y a sus “fuertes nexos” con las clases políticas, señala De la Cruz. Y a la evasión de impuestos, ya que, según Hacienda, las empresas más importantes del país apenas pagan el 2,7% de sus ingresos en tasas. Las privatizaciones de los programas de reajuste económico también han favorecido la acumulación del 10% del PIB en los nueve magnates mexicanos que aparecen en la lista Forbes.

Las mujeres y los grupos indígenas acusan más la desigualdad de oportunidades. Según CONEVAL, sólo el 22% de los senadores son féminas y suponen el 27,2% de los diputados; si el 12,5% de los niños menores de cinco años tienen baja talla, en la población indígena el porcentaje se dispara al 32,2 por la desnutrición; el 10,5% de la población vive en extrema pobreza, pero en las comunidades indígenas sube al 39,2%. Pese a residir en las regiones con más recursos energéticos y agrícolas, son explotados con salarios paupérrimos como mano de obra no cualificada, si es que llegan a acceder a un empleo.

La solución a la pobreza y desigualdad históricas pasa para De la Cruz por un nuevo pacto social, el fomento de la competencia, la distribución de las ganancias de las empresas subiendo los salarios, la detonación de los motores de crecimiento del país, el cambio de la política económica para que los trabajadores reciban salarios en función de su productividad y no de la inflación esperada y un gasto ordenado y eficaz por parte del Gobierno en los programas sociales. Hernández apuesta por la salud universal, que la seguridad social se financie con impuestos generales y no esté vinculada al estatus laboral para abaratar la creación de empleo, por desarrollar políticas públicas de acceso al mercado de trabajo, por mejorar las infraestructuras en las áreas más marginadas y por una política fiscal más progresiva.