México se cuestiona legalizar las drogas ante el fracaso de la guerra contra los narcos

Las más de 28.000 víctimas que se ha cobrado la guerra contra el narcotráfico desde el 1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2010 son motivos suficientes para que se haya reabierto en México el debate sobre la legalización de las drogas. Aunque el presidente Felipe Calderón es contrario a la medida porque cree que implicaría un aumento del consumo en varias generaciones de mexicanos, cada vez son más quienes reclaman una iniciativa al respecto, no sólo en México sino en otros países afectados por la acción de la delincuencia organizada como Colombia. Además, 16 estados de EEUU están impulsando medidas para legalizar la marihuana con fines medicinales y el país es el primer consumidor de las drogas que se producen en Latinoamérica.

 

La mala imagen externa e interna de México por los magros resultados de la acción estatal contra el narco llevó a Calderón -que estrena DIRCOM y estrategia de comunicación- a convocar a expertos de todo el país al “Diálogo por la seguridad. Evaluación y fortalecimiento” y allí se abrió la espita. El presidente de México Unido Contra la Delincuencia, Eduardo Gallo, reclamó la legalización de las drogas “como un plan B ante el fracaso del plan A en curso”; le secundaron responsables de otras ONG, académicos, especialistas en el narcotráfico y periodistas. El mandatario mexicano admitió que se trata de un “debate medular” y, aunque se mostró en contra de esta vía, instó a entablar la discusión con “pluralidad democrática”.

Es un paso adelante, pero poco más, declara a El Confidencial el sociólogo del Colegio de México Arturo Alvarado, que participó en dicho foro. Dada la postura contraria del mandatario conservador, es difícil pensar que prosperaría una inciativa al respecto, aunque “es posible que se sienta obligado a cambiar de opinión” si se llega a un “amplio consenso político y social”. En un país donde el consumo de drogas no está penalizado e incluso hay Estados que permiten “cantidades altas” de posesión, la despenalización se dirigiría hacia la producción, distribución y venta.

Repercusión sobre la violencia

Las consecuencias negativas que podría implicar una medida de este calibre para la salud personal y pública obliga a hacer llamamientos a la prudencia. Los expertos congregados en el foro “Diálogo por la seguridad” señalaron que es mejor optar por regular el mercado de algunas drogas, como la marihuana, con objetivos médicos, y advirtieron de los efectos que puede tener en la comunidad internacional y, especialmente, en las relaciones con Estados Unidos. Algunos también dudaron de la repercusión que pudiera tener sobre la violencia. Para Alvarado, es naïf pensar que se reduciría a corto plazo porque el país sufre también la acción de bandas de crimen organizado, de la delincuencia común o maltrato hacia mujeres y niños.

Sin embargo, partidarios como Eduardo Gallo opinan que ante la violencia que asola el país es necesario tomar medidas. En declaraciones a este medio señaló que México necesita una “verdadera política de Estado, con duración indefinida” que debe incluir acciones para golpear la estructura financiera de la delincuencia, como legalizar la marihuana, que supone el 60% del mercado de estupefacientes en la República. “Si queremos aplastar las finanzas de los cárteles, sólo con esto se reducirían a la mitad sus vías de ingresos”, explica. También alega que el 85% de las drogas que se producen en México se venden en EEUU, donde 16 estados estudian la legalización del cáñamo: “Si ellos lo hacen, nosotros también debemos analizarlo a fondo”.

El presidente de México Unido contra la Delincuencia defiende que si se corta a los cárteles el flujo de efectivos que provienen de los estupefacientes “a varios de ellos, los que se alimentan exclusivamente del narcotráfico, los borraríamos de inmediato” y, aunque subsistirían los que han diversificado sus actividades incursionando en las extorsiones, secuestros o tráfico de personas, se trata de acciones “más fácilmente rastreables”.

Subraya que su país no puede cerrar el sexenio de Calderón con 60.000 muertos y que los ciudadanos no merecen continuar viviendo atemorizados por cifras como 200.000 extorsiones al año y 100.000 secuestros del total de dos millones de delitos que se registran al año. “Nos hemos encerrado muchos años en tabúes que no nos dejan ver la realidad”, indica Gallo, quien recuerda que desde hace 15 años la seguridad del país “está dirigida por las mismas personas y la delincuencia está peor que nunca, por lo que ellos no son los dueños de la verdad y quizá no visualizan todas las alternativas de solución”.

Recordó que en el foro de expertos convocado por el presidente “un grupo muy rotundo” se mostró a favor de la legalización de drogas blandas -entre ellos la organización Causa Común, el escritor Héctor Aguilar Camín o la académica Ana Laura Magoloni- por lo que opinó que “llegó el momento de estudiarlo y no será fácil pararlo”, y se mostró partidario de convocar un referéndum al respecto. En contra -además de Calderón y su asesor en seguridad, el ex guerrillero de El Salvador Joaquín Villalobos- también hay varios expertos en narcotráficos como Jorge Montaño, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, quien subraya que en ningún país la despenalización de estupefacientes ha inhibido su consumo ni frenado las operaciones de las organizaciones criminales encargadas de su comercialización.