Arizona responde al boicot económico de Los Ángeles con cortes en el suministro eléctrico

Arizona responde con contundencia al boicot decretado por el Ayuntamiento de Los Ángeles por su controvertida ley de inmigración: amenaza con la oscuridad. La Arizona Corporation Comission, la agencia reguladora de energía en ese estado, ha advertido que podría reducir el suministro eléctrico a la segunda ciudad de Estados Unidos, dado que sus centrales proporcionan el 25% de la energía que consume la urbe.     

“Si realmente queréis un boicot económico, estaré encantado de promover entre las compañías de electricidad de Arizona una renegociación de los acuerdos de energía de forma que Los Ángeles no reciba nada”, afirmó recientemente Gary Pierce, uno de los cinco integrantes de la Comisión de Corporación, en una misiva enviada al alcalde de L.A., Antonio Villaraigosa. 

Su carta es la respuesta al Ayuntamiento de Los Ángeles por boicotear al estado y a las compañías con sede en Arizona en protesta por la nueva ley de inmigración, que se hará efectiva en julio. Las estimaciones sobre las pérdidas que acarrearía el bloqueo oscilan entre los 10 y los 56 millones de dólares. Según el controlador financiero de Los Ángeles, la ciudad tiene actualmente 15 contratos con empresas con sede en Arizona por un total de 7,7 millones de dólares.

Otros estados como Utah, Rhode Island, Texas, Colorado o Misuri debaten actualmente leyes similares a las promulgadas por Arizona, pese al boicot que han impulsado California o Nuevo México, que albergan grandes comunidades hispanas. Sin embargo, ciudades como Boston, Nueva York, Austin, St. Paul Minnesota, Oakland, San Francisco, West Hollywood o San Diego se han sumado al bloqueo y ya han aprobado resoluciones condenatorias de la ley.

Limpieza de indocumentados

La propuesta de Arizona contempla, entre otras medidas, considerar un delito estatal el hecho de no portar documentación en regla, así como la contratación y transporte de personas que no dispongan de ella. Asimismo, concede nuevos poderes a la Policía para interrogar y arrestar a inmigrantes indocumentados. La ley, llamada SB 1070, exige a las autoridades locales pedir documentos a quien sospeche pueda estar indocumentado en el país, aunque no esté incurso en ninguna actividad ilegal.

Mientras la amplia mayoría de los estadounidenses (73%) aprueba la ley, según un sondeo del Centro de Investigaciones Pew divulgado el pasado miércoles, organizaciones como MALDEF, la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) no han tardado en condenarla y presionar para su derogación. Las organizaciones civiles y laborales estadounidenses lanzaron también un boicot contra Arizona por considerar que la medida promueve el racismo y exigieron una revisión del sistema migratorio.

En esta misma línea se han posicionado los países centroamericanos y del Caribe, cuyos presidentes parlamentarios viajarán a Washington esta semana para mantener encuentros con representantes del Congreso y Senado de EEUU e intentar frenar lo que consideran una ley que criminaliza a los inmigrantes. Los portavoces alertan del peligro de que la medida pueda contagiarse al resto de estados, una ley que tachan de “injusta”, de violación de derechos humanos y que además, dicen, "sienta un precedente terrible". El presidente estadounidense, Barack Obama, ya mostró su rechazo a la ley de Arizona en un reciente encuentro con el presidente mexicano Felipe Calderón. Aunque reconoce el respaldo ciudadano, considera la ley una representación negativa del “fallido sistema de inmigración” y aboga por una reforma migratoria que garantice una "inmigración ordenada y segura".

¿Es un farol la amenaza de Arizona?

Pese a sus amenazas, la Comisión de Corporación no tiene jurisdicción sobre la comercialización de la electricidad procedente de las plantas que venden a California. Además, varias compañías eléctricas californianas son copropietarias de diversas plantas generadoras ubicadas en Arizona, incluida la mayor de todas, la Estación Generadora Nuclear Palo Verde. Por eso, Pierce apuntó que su carta solo pretendía llamar la atención para que Los Ángeles reconsiderase su boicot.

Quienes también parecen estar dispuestos a sabotear la economía del estado de Arizona a través de "boicots informales" son parte de los 65.000 clientes mexicanos que viajan a diario a EEUU y gastan más de siete millones de dólares. Aunque los analistas aseguran que el flujo comercial anual entre México y Arizona -estimado en 21.000 millones de dólares- no se verá afectado por cuestiones políticas, lo cierto es que ya se habla de una caída en las ventas locales de entre el 40 y el 60%.