PERMITE LA EXPULSIÓN INMEDIATA DEL PAÍS

Un artículo con tintes xenófobos para callar a los extranjeros en México

“No hablo porque me aplican el 33” es una broma común entre los extranjeros en México. Se refiere al artículo 33 de la Constitución, que concede

Foto: Un artículo con tintes xenófobos para callar a los extranjeros en México
Un artículo con tintes xenófobos para callar a los extranjeros en México
“No hablo porque me aplican el 33” es una broma común entre los extranjeros en México. Se refiere al artículo 33 de la Constitución, que concede al Ejecutivo la facultad de expulsar inmediatamente de su territorio, sin necesidad de juicio previo y sin concederle recurso de amparo, a todo extranjero que juzgue inconveniente o que se inmiscuya en los asuntos políticos del país. Joaquín Sabina, Manu Chao, José María Aznar o Mario Vargas Llosa han tenido encontronazos con este polémico enunciado constitucional.

Aunque muchos países se reservan el derecho de expulsar a los extranjeros, se requieren motivos de peso como poner en peligro la seguridad del Estado y se garantiza el derecho a un juicio previo. Según ha informado a El Confidencial el experto en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales Miguel Carbonell, el artículo 33 “no tiene parangón en esos términos en ningún otro país”, sobre todo por la inmediatez en la expulsión -en unas dos horas son sacados del país- y “sin ningún tipo de derecho a su defensa”. Por ello considera que es “incompatible con el Estado de Derecho”.

El cantautor español, de exitosa gira por México con su disco Vinagre y rosas, tildó de “muy ingenuo” al presidente Felipe Calderón por creer que puede ganar su guerra contra el narcotráfico y abogó por la legalización de las drogas. Planeó la sombra del artículo 33 y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, salió a la palestra para afirmar que “toda crítica respetuosa sobre un dilema universal, como es la inseguridad y la legalización de las drogas, debe ser aquilatada y bien recibida” y decir que no esperasen de su persona “una actitud revanchista ni acomplejada por sus dichos”.

Pero las opiniones sobre la política interna por parte de extranjeros escuecen mucho en este país y quien las hace no suele irse de rositas. Por ello Gómez Mont no dio por zanjado el asunto y consideró oportuno enviar una carta a Sabina explicándole los pormenores de la estrategia gubernamental contra el narco, negando que se haya actuado “con ingenuidad” y rebatiéndole su postura sobre la legalización de las drogas. Hasta Calderón, que escucha a Sabina, entró al trapo. Afortunadamente, Sabina podrá seguir deleitando a un público que le adora.

Otros cantantes han estado amenazados con la expulsión por sus declaraciones. Hace un año el hispano-francés Manu Chao calificó de “terrorismo de Estado” una intervención policial que se saldó con dos manifestantes muertos; ante las voces que pedían la aplicación del artículo 33, la Secretaría de Gobernación defendió el “pleno respeto a la libertad de expresión que existe en México”. En 2005 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reclamó esta medida para el grupo estadounidense Kumbia Kings por actuar en la campaña electoral del candidato conservador a un Estado; la banda ya había molestado a las autoridades mexicanas por usar una guitarra con el escudo y los colores del país, lo que se consideró un uso indebido de los símbolos patrios.

Fuera de la farándula también ha habido potenciales víctimas. En 2006 la oposición solicitó al entonces mandatario Vicente Fox el uso del 33 contra el ex presidente José María Aznar por apoyar públicamente a Felipe Calderón en su candidatura presidencial. También lo pidió para el escritor Mario Vargas Llosa en 2000 por hacer lo propio con Vicente Fox, lo que se consideró una “descarada intromisión” en la política interna de la República. Con ese precedente, no extraña que José Saramago, un año después, se cuidara de nombrar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cuando elogió su marcha, con el subcomandante Marcos al frente, hacia la capital.

El enunciado enturbió las relaciones diplomáticas con el Vaticano, que México retomó en 1992 tras 133 años de ruptura, cuando varios partidos pidieron en 1994 que se utilizase contra el primer nuncio del Vaticano en el país, Girolamo Prigione, por reunirse con los narcos culpables de la muerte de un cardenal; la Cámara de Diputados lo rechazó.

Explicación histórica

En todos estos casos las peticiones de emplear el 33 cayeron en saco roto; pero el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) lo aplicó a más de 400 extranjeros, entre ellos sacerdotes y observadores internacionales, solidarios con la causa zapatista, según la organización internacional Global Exchange. Su actuación contra lo que consideraba “turismo revolucionario” llevó a varias ONG a pedir la reforma de dicho artículo para permitir el trabajo de observadores internacionales después de que el EZNL se levantara en armas en enero de 1994 por los derechos humanos de los indígenas. Su causa contó con muchos simpatizantes extranjeros que eran vistos como enemigos por Zedillo, quien recurrió al arma fácil del artículo 33 para quitárselos de en medio. Le llovieron las críticas internacionales por abuso de poder contra estos extranjeros, principalmente provenientes de España, Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, Italia, Suecia, Dinamarca, Holanda y Suiza, algunos expulsados de por vida.

La medida le resultó tan costosa que cambió la expulsión por la entrega de un “oficio de salida” en la que, en cumplimiento del 33, el requerido debía abandonar el país por sus propios medios. Así se marchó el escultor danés Jens Galschiot por elevar su 'Columna de la infamia' donde fueron asesinados 45 indígenas por paramilitares.

También se ha empleado en otros casos, como el del capo del Cártel del Golfo Juan García Abregó, enviado a Estados Unidos en 1996, o el del presunto etarra Andoni Aspiazu, expulsado en 2007. Según expone el experto en Derecho Internacional Manuel Becerra en su estudio El artículo 33 constitucional en el siglo XX, el Estado busca “evadir los trámites engorrosos de la extradición para expulsar a los españoles supuestamente involucrados con ETA”. También denuncia que se ha resguardado en él para expulsar “de forma colectiva” a emigrantes centroamericanos que pasan por México para ir a Estados Unidos.

En su opinión, se trata de una facultad tan amplia que es “digna de un dictador del siglo XIX o bien de una dictadura de militar”, aunque tiene una explicación histórica justificable, ya que el modelo de expulsión de extranjeros adoptado por México se remonta a 1829 cuando, poco después de lograr su independencia, el joven país se veía amenazado por España y por los afanes expansionistas estadounidenses y se adoptó una postura defensiva hacia los foráneos. La redacción actual del artículo 33 es de 1917.

Para Miguel Carbonell, quien junto a otros profesionales mexicanos del derecho reclama desde hace diez años su derogación por ser “inaceptable en un Estado democrático” y una muestra paradigmática de que “el régimen autoritario sigue entre nosotros”, debe haber un proceso de expulsión de extranjeros “con el debido proceso legal”. También defiende que la libertad de expresión debe “garantizarse universalmente, independientemente de la nacionalidad”. El 33 es a su juicio una herramienta “de venganza política” a la que se recurre para “acallar la disidencia y limitar la libertad de expresión”, atribuciones poco acordes con un Gobierno democrático.

La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos recientemente aprobada por el Senado limita la facultad del Ejecutivo en este aspecto y concede a los extranjeros el derecho a una audiencia antes de su expulsión, aunque la Cámara de Diputados aún no se ha pronunciado al respecto y para que entre en vigor debe aprobarla por mayoría cualificada. Después deberán refrendarla al menos la mitad más uno de los Congresos de los 31 Estados de la República y sólo entrará en vigor cuando sea promulgada por el presidente. Si todo ello se logra, el artículo 33 pasará a la historia y los extranjeros recuperarán oficialmente su derecho a la libertad de expresión pública en México.
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