Ciudad Juárez, la urbe más peligrosa del mundo

Personal diplomático estadounidense o adolescentes que se divertían en una fiesta; la violencia en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, no hace distingos. Esta localidad del Estado de Chihuahua ostenta desde 2008 el triste título de ser la urbe más violenta del mundo, con 191 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2009, año en que se registraron 2.658 asesinatos, según las ONG mexicanas, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal y Movimiento Blanco. En lo que llevamos de 2010  ya se han producido unas 400 muertes en hechos atribuidos al crimen organizado.  

Sus informes señalan que de 2007 a 2009 los homicidios aumentaron un 800%, incremento inédito en el mundo. A ello se añaden los secuestros que, con una tasa de 100 casos por cada millón de habitantes, multiplicó por seis la de Venezuela, país que lideró el año pasado la incidencia mundial de ese delito. Las autoridades mexicanas no facilitan datos sobre esta sangría. Pero los juarenses soportan además extorsiones y corrupción y se cansan de exigir que acabe la impunidad tras la que se amparan la mayoría de los delitos.

La probabilidad en México de que un delincuente pase a disposición judicial es del 1,7%. Desesperados, 100.000 de ellos abandonaron la ciudad el año pasado para instalarse principalmente en la vecina El Paso (Texas). Con ellos se van muchos negocios. Según la Cámara Nacional de Comercio mexicana, unos 50 establecimientos comerciales de la ciudad echan el cerrojo cada mes por la inseguridad. Bares, comercios y restaurantes han ardido al negarse sus dueños a pagar por la protección de las bandas armadas de los cárteles que se disputan el control de este punto estratégico para el narcotráfico: el de Juárez y el de Sinaloa. 

Cuando el conservador Felipe Calderón llegó a la Presidencia mexicana en 2006 hizo de la lucha contra la droga una de sus principales banderas e implicó más en ella al Ejército. Uno de sus focos fue este Estado, donde creó el Operativo Conjunto Chihuahua, una misión de fuerzas militares y federales que ahora cuenta con unos 10.000 integrantes; así trató de confrontar la corrupción en las policías locales, compradas en muchos casos por los cárteles aprovechando sus míseros salarios. El alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, vive bajo amenazas de muerte que atribuye a la depuración policial constante, ya que desde enero ha dado de baja a 70 agentes por sus nexos con la delincuencia organizada. 

Esa estrategia de diseminar por el país 45.000 militares para combatir a los cárteles, que según sus opositores no ofrece resultados, es también cuestionada por activistas de derechos humanos que denuncian los abusos cometidos por el Ejército. Un informe de Estados Unidos presentado esta semana recoge 1.289 denuncias por detenciones ilegales, en algunos casos con tortura, e incluso asesinatos por parte de militares y policías en 2009 que quedan impunes en manos de la justicia castrense.  

El mandatario se defendió en un comunicado alegando que, aunque hay retos importantes en esta materia, cuatro militares han sido sentenciados por violaciones de los derechos humanos en tribunales civiles y otros 55 están siendo enjuiciados en cortes marciales. Los activistas de derechos humanos son otras víctimas de esta guerra. Según dicho estudio, entre 2006 y 2009 se reportaron 128 ataques y 10 asesinatos en este colectivo. En Ciudad Juárez murió acribillada el 3 de enero Josefina Reyes, luchadora social con 20 años de trayectoria en los que combatió los feminicidios primero y los abusos militares después.

 Los periodistas, en el punto de mira 

Los periodistas son también víctimas de asesinatos, secuestros y amenazas; muchos de ellos se han visto obligados a renunciar a su profesión tras llamadas intimidatorias. Y no sólo en Ciudad Juárez. El popular periodista y director de informativos Ciro Gómez Leyva denunció recientemente que “el periodismo ha muerto” en ciertas áreas de México después de que un reportero y un cámara de Milenio TV enviados especiales a Reynosa, Tamaulipas -también fronteriza con Estados Unidos-, fueran secuestrados por sicarios que los liberaron tras amenazarlos y exigirles que dejasen de informar sobre la violencia y el narcotráfico.

A Ciudad Juárez, con 1,5 millones de habitantes y primer consumidor de heroína de Latinoamérica, la puso en el foco informativo la ola de feminicidios que desde 1993 siguen sin esclarecerse en su mayoría. El enfrentamiento entre los cárteles y la Guerra contra el Crimen Organizado emprendida por el Gobierno federal, que han disparado la tasa de mortalidad, han hecho el resto. Los asesinatos son macabros y las imágenes de cuerpos desmembrados, cabezas cortadas o despellejadas ya no sorprenden en México; las “balaceras” mortales se suceden y los medios informan de las víctimas en un frío y breve recuento diario. Si un objetivo sobrevive, se le persigue en su ambulancia o hasta el hospital para rematarlo, y los tiroteos se llevan a víctimas ajenas e inocentes, muchos de ellos menores. 

Ante este panorama, estos mexicanos confían más en las organizaciones sociales que en las autoridades, asegura a El Confidencial Irma Guadalupe Casas, directora de Casa Amiga, que desde 1999 presta apoyo psicológico y legal a víctimas de la violencia. Vivir en una ciudad donde “se ha perdido totalmente la seguridad” genera trastornos como ansiedad, miedo y depresión. De las 400 personas de media mensual a las que dan ayuda psicológica, un centenar son menores. Pero lo más grave es el “costo generacional” que pagarán los juarenses con “jóvenes criados en el narcotráfico como modo de vida y la resolución de los conflictos mediante las armas”. Ver un asesinato se ha convertido en algo tan común que “la gente se arremolina como si fuera un circo”, lamenta Casas. 

Es tal la desconfianza en el sistema, que muchas desapariciones y crímenes ya ni siquiera se denuncian; son los propios familiares quienes acometen las pesquisas “logrando más resultados que la autoridad”, comenta Casas. 

Aunque la policía enmarca la  mayoría de los asesinatos en ajustes de cuentas entre narcos y sicarios o enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, la matanza de 15 adolescentes durante una fiesta en Villas de Salvárcar el 31 de enero conmovió e indignó a los juarenses, hasta el punto de que Felipe Calderón, poco dado a visitar la zona, tuvo que acudir acompañado de buena parte de su Gabinete en sendas ocasiones en apenas dos semanas. A marchas forzadas se diseñó la estrategia “Todos somos Juárez”, que contempla, entre otras medidas, una inversión de unos 39 millones de euros en educación, vivienda, sanidad, infraestructuras, instalaciones deportivas y lucha contra la pobreza.

Visita de Hillary Clinton 

Su tercera gira al lugar se produjo el pasado martes, tras el asesinato de tres personas vinculadas al Consulado de Estados Unidos; sus vehículos fueron acribillados con sus hijos dentro, aunque sólo murieron los adultos, entre ellos una mujer embarazada. El presidente Barack Obama ordenó que el FBI colaborase en la investigación -lo que ha despertado no pocas suspicacias al otro lado de la frontera- y se prevé que se intensifique la cooperación entre estos países que ya impulsaron la Iniciativa Mérida, un plan conjunto contra el crimen organizado. 

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, acudirá a México el martes junto a otros miembros y altos cargos del Gobierno para fortalecer esa colaboración. 

Estados Unidos y México comparten más de 3.000 kilómetros de frontera y corrupción aduanera que permite el paso de armas “gringas” para los sicarios mexicanos y de droga latinoamericana para su principal consumidor, con 20 millones de adictos. Sheriffs de un lado y secretarios estatales de Seguridad del otro penan en cárceles sus relaciones con el narcotráfico. Los cárteles también recurren a medios sofisticados como aviones ultraligeros para eludir los controles militares en las carreteras. Según USA Today, el Gobierno mexicano ha confiscado 400 aeronaves en los últimos cinco años y desde 2006 ha destruido 2.086 pistas de aterrizaje no registradas. 

La localidad chihuahuense vivió mejores épocas. Entre 1980 y 1990 experimentó un importante crecimiento por la implantación de maquiladoras, empresas que importan materiales sin pagar aranceles y que destinan toda su producción a la exportación, principalmente a Estados Unidos. La cercanía a la frontera y la mano de obra barata atrajeron a compañías y trabajadores de otros puntos de México y Latinoamérica. Pero el aspecto negativo fue un desarrollo sin planeamiento urbanístico, con barrios sin luz ni agua, sin espacios recreativos, culturales o deportivos. Además, los amplios horarios laborales frente a los reducidos escolares dejaron a niños en la calle a merced de bandas callejeras y las drogas. Hoy se calcula que unos 70.000 juarenses de entre 15 y 20 años ni estudian ni trabajan; los cárteles de Juárez y Sinaloa se nutren de pandilleros de ambos lados de la frontera. Una violencia que recuerda a la de las mafias italianas ha perjudicado la imagen exterior del país.

Estados Unidos y Canadá, principales emisores de turistas para México, desaconsejan viajar a las ciudades más peligrosas, mientras los cárteles extienden sus tentáculos por Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Coahuila o Nuevo León. Calderón tiene hasta 2012 para demostrar a sus detractores que Ciudad Juárez no es el principal ejemplo del fracaso de su política contra el narcotráfico.