La coalición gobernante en Tailandia desafía al Constitucional

Los seis partidos de la coalición gubernamental iniciaron hoy los contactos para determinar si reelegirán a Samak Sundaravej primer ministro de Tailandia, en un claro desafío a la Justicia, que ordenó su cese por vulnerar la Constitución. El primer ministro interino y vicepresidente del Partido del Poder Popular (PPP), Somchai Wongsawat, quien como viceprimer ministro primero ha asumido las funciones de Sundaravej, expresó su "confianza en que la coalición se mantendrá estrechamente unida" en la sesión parlamentaria del viernes.

"Estoy seguro que no habrá rebelión", manifestó Wongsawat, cuyo partido tiene 233 escaños de los 500 de la Cámara Baja del Parlamento. Algunos miembros de la coalición y de la patronal, para no crispar más los ánimos, se oponen a la reelección de Sundaravej, quien aún mantiene su acta de diputado.

El líder del Chart Thai (la segunda mayor formación de la alianza de gobierno), Banharn Silpa-archa, quien ha dicho que no quiere la jefatura del Gobierno, tendió su apoyo completo al PPP.

Por su parte, Abhisit Vejjajiva, que dirige el Partido Demócrata (PD), el principal de la oposición, indicó que "el mejor medio de resolver la crisis es formar un gobierno de unidad nacional en el que todos los partidos unan sus manos en favor de la paz y la reconciliación". El líder opositor también manifestó su disposición a sacar adelante el país si se lo encarga el Parlamento.

El Tribunal Constitucional sentenció ayer que Sundaravej, de 73 años, había vulnerado la Carta Magna al trabajar para una empresa privada siendo miembro del Gobierno, por los dos programas de cocina que presentó desde su investidura. Durante siete años, el veterano político, propenso a hacer comentarios mordaces, dirigió "Cocinando y protestando", en el que alternaba la preparación de platos tailandeses con comentarios sobre la actualidad.

Siendo jefe del Ejecutivo, hizo un par de apariciones en la pequeña pantalla y varios senadores de la oposición elevaron el caso ante el Constitucional.

Sundaravej tiene además pendientes en los tribunales varias causas abiertas por corrupción y una por difamación presentada por el vicegobernador de Bangkok, Samart Rapholasit.

La Comisión Electoral ha recomendado al Constitucional la disolución del PPP por haber cometido fraude en las elecciones de diciembre de 2007. De momento, la Alianza Popular para la Democracia (APD), que tiene tomada la sede del Gobierno desde el 26 de agosto, anunció que continuará con las protestas hasta ver qué Gobierno sale elegido del Congreso de los Diputados.

Uno de los líderes de la alianza, Chamlong Srimuang, aseguró que no aceptarán al frente del Ejecutivo a Sundaravej ni a ningún otro aliado del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, depuesto mediante un golpe militar en 2006 y exiliado en el Reino Unido desde agosto para escapar a los pleitos por corrupción.

La Federación Tailandesa de Industrias calculó que, de continuar esta situación, el país perderá casi 3.000 millones de dólares (2.121 millones de euros) en exportaciones y otros 800 millones de dólares (565,6 millones de euros) en el sector turístico.

La crisis se gestó en las elecciones de diciembre del año pasado al ganar los mismos políticos que desalojó del poder la asonada incruenta de 2006.

En mayo, la APD comenzó con sus manifestaciones acampando frente al edificio de las Naciones Unidas en Bangkok para exigir la dimisión del Gobierno, al que acusó de corrupción, fraude electoral y de ser títeres de Shinawatra.

Las protestas se recrudecieron con la ocupación del palacio gubernamental y los cortes temporales de varios aeropuertos y carreteras nacionales ese día y los siguientes. El 2 de septiembre, el Gobierno declaró el estado de excepción en Bangkok, después de que una persona muriese y decenas resultaran heridas en enfrentamientos entre detractores y partidarios de Sundaravej. En vez de disolver a los manifestantes y liberar el palacio gubernamental, como se temía, el Ejército dijo que la fuerza no era la solución.

La sentencia del Constitucional ha supuesto un punto y aparte en la crisis, cuyo próximo capítulo se escribirá en la sesión parlamentaria del viernes.