La jefa del Gobierno local de Hong Kong, Carrie Lam, da por muerta la polémica ley de extradición. Esta ley se ha encontrado con una gran oposición desde diversos sectores de la sociedad hongkonesa. El proyecto de ley planteado suponía, según los opositores, que Hong Kong perdiese su independencia judicial. Además, para las organizaciones de derechos humanos, permitía que activistas o periodistas fuesen entregados a un sistema judicial que no ofrece garantías.

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