De Luisiana a Groenlandia: Trump resuscita la "diplomacia inmobiliaria"

14/04/2025 05:00

A lo largo del siglo XIX, Estados Unidos expandió su territorio a golpe de chequera, adquiriendo vastas extensiones de tierra mediante acuerdos financieros. La Compra de Luisiana a Francia en 1803, la cesión de Florida por parte de España en 1819 y la compra de Alaska a Rusia en 1867 permitieron a la nación casi cuadruplicar su superficie. Estas transacciones respondían tanto a los intereses estratégicos y económicos de Washington como a la fragilidad de las potencias europeas en declive, que, ante crisis financieras o conflictos, optaban por ceder territorios a cambio de compensaciones. Sin embargo, estos acuerdos ignoraban por completo a las poblaciones locales, ya que las decisiones se tomaban exclusivamente entre gobiernos, sin consulta ni consentimiento popular.

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Con la consolidación del derecho internacional en el siglo XX, esta práctica quedó obsoleta debido al principio de autodeterminación de los pueblos, consagrado en la Carta de la ONU de 1945. Hoy, cualquier cambio de soberanía requiere el consentimiento de los habitantes del territorio afectado, generalmente a través de referéndums o complejos procesos legales. Groenlandia es un ejemplo claro: aunque sigue perteneciendo a Dinamarca, cuenta con un alto grado de autonomía desde 2009, y su población tiene el derecho exclusivo de decidir su futuro. Dinamarca no puede vender la isla sin violar sus propias leyes ni los principios internacionales, lo que hace inviable cualquier intento de compra.

El rechazo a los cambios unilaterales de fronteras se ha convertido en un pilar del orden global, como demuestra la invasión de Ucrania, donde la comunidad internacional ha condenado cualquier intento de anexión forzada. En este contexto, la idea de que una nación pueda "comprar" otra no solo resulta anacrónica, sino que desafía los principios modernos de soberanía e identidad nacional. Aunque DonaldTrump parece decidido a hacer retroceder el reloj de la historia.