La DGT sanciona más y los tribunales rechazan más sanciones

La DGT impone cada vez un mayor número de multas a los usuarios de las carreteras, básicamente por exceso de velocidad, a través de la amplia red de radares instalados en las carreteras. Cuenta ya con más de 1.200 equipos de medición, a los que se han sumado los helicópteros Pegasus y más recientemente una amplia flota de drones. Sin embargo, y pese a la fuerte inversión de la DGT en equipos, cada vez hay más resoluciones judiciales que anulan dichas sanciones, según denuncia la asociación de ayuda de los conductores, AEA.

Los trámites para poder recurrir ante la justicia por una infracción de tráfico son muy complejos en España. En la mayor parte de los casos requiere de un abogado y un procurador para llevarla a cabo. Y acaba costando más dinero recurrir una multa que el pago de la misma. Pero pese a ello, hay conductores que deciden acudir a los tribunales para defender sus derechos ante una sanción que consideran injusta. Y la Justicia les está dando la razón.

Cada vez son más numerosas las resoluciones judiciales que anulan total o parcialmente las multas impuestas por la DGT. También son más frecuentes las sentencias que condenan a este organismo de la administración al pago de las costas por apreciar temeridad o mala fe en las mismas, según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA). En dicho estudio se ha analizado la litigiosidad de los conductores españoles

70 millones de multas

En los últimos veinte años, la DGT ha formulado unos 70 millones de denuncias en las carreteras de su competencia, según datos de AEA. Con estas denuncias se ha logrado una recaudación en torno a los 6.500 millones de euros. Durante este periodo las sanciones se incrementaron un 122% ya que de las 2.105.024 denuncias formuladas en 2001 se ha llegado a 4.684.286 en 2019. Y esto a pesar de que el parque automovilístico solo creció una tercera parte respecto al incremento de la multas.

Es curioso que hay más sanciones, pero al mismo tiempo se han reducido los recursos de las multas ante los tribunales. Estos recursos planteados por los ciudadanos han experimentado un notable descenso . Especialmente a raíz de la reforma en la Ley de Seguridad Vial en el año 2009. Con su entrada en vigor se redujeron las posibilidades de defensa de los ciudadanos, Aunque la razón fundamental es que en dicha ley se incluye una reducción del 50% en la mayor parte de las infracciones por "pronto pago". Y esto elimina la posibilidad de recurrir dicha sanción. Por esta causa, los conductores deciden no recurrir y pagar una multa para facilitarse la vida pese a ser conscientes que en muchos casos son sanciones injustas.

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Rubén Rodríguez

Sin duda el caso más claro es el de la no aplicación por parte de la DGT del margen de error legal de los aparatos de radar. Ese margen es un valor que está fijado por ley en todos los aparatos de medición. Determina que puede haber un error en la medición por la precisión del propio aparato. En el caso de los radares fijos de la DGT es del 5%, que pasa a un 7% en los móviles, en general.

Es decir, que si un radar nos detecta circulando a 120 km/h, puede que estemos circulando a 126 km/h, pero también a 114 km/h y en todo ese margen. Por ello, no se puede multar con el valor medido por el cinemómetro sino descontando el 5% del valor medido. La DGT estuvo años sin aplicar dicho margen de error y los ciudadanos que decidían recurrir la sanción ante los tribunales siempre ganaban. Pero había que tener dinero, tiempo y ganas de defenderse. Y en muchos casos la multa era de 100 euros, por lo que con el pronto pago queda en 50 €.

Margen de error

Esta es la razón por la que el 64% de los conductores sancionados paga la multa aunque considere que es injusta, sin plantearse recurrir. Además, el recuso ante la DGT no sirve de nada nunca, porque siempre la respuesta es la misma, el agente se ratifica o ya se han aplicado los márgenes de error legales en España. El paso siguiente es el contencioso-administrativo. Y de ahí que en las sentencias se aluda a la mala fe del organismo, que es consciente de que no se aplica bien dicho margen.

Pero la Justicia sigue apoyando a los conductores. En los últimos tres años el número de sentencias judiciales favorables a los sancionados se ha incrementado en catorce puntos porcentuales, llegándose a anular en la actualidad cerca del 50% de las multas impuestas por la DGT que se recurren ante los tribunales.

Esta situación anómala no solo hace que los ciudadanos pierdan confianza en los organismos e instituciones, sino que está colapsando los juzgados. Sobre todo en un momento muy complejo en el que por causa de la pandemia acumula importantes retrasos. Pero la DGT sigue a lo suyo, que es recaudar. En cualquier caso quiero aclarar que yo estoy a favor de que se sancione a los conductores infractores, pero que se haga legalmente, con todas la garantías de un estado de derecho, que se supone que somos de momento.