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Colapso de la DGT, unos 750.000 alumnos pendientes del examen del carnet
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PLANTILLA DE EXAMINADORES MUY LIMITADA

Colapso de la DGT, unos 750.000 alumnos pendientes del examen del carnet

Este informe ha sido elaborado en colaboración con Andrés Luis Romera Zarza, Auditor de Seguridad Vial

Foto: Por la crisis del COVID 19 la situación de las listas de espera se ha agravado.
Por la crisis del COVID 19 la situación de las listas de espera se ha agravado.

La Dirección General de Tráfico es quizá el organismo más polémico de la Administración española. Uno de los puntos más críticos en el funcionamiento de la DGT ahora es el colapso en las pruebas de obtención del carné de conducir, con una cifra aproximada de 750.000 alumnos pendientes de examen en junio de este año. Este colapso en los exámenes del carné de conducir no es por falta de presupuesto, ya que cada año la DGT inyecta más de 150 millones de euros de excedente de su tesorería al Estado.

Hace dos semanas, el Director General de Tráfico compareció ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados a petición propia. En esta comparecencia creó un gran revuelo al responsabilizar a las autoescuelas y a los alumnos del gran atasco en las pruebas para la obtención del permiso de conducir. Por un lado, arremetió contra las autoescuelas por presentar alumnos mal preparados al examen y también contra los alumnos por querer presentarse muy rápido al examen.

El carné de conducir no es un capricho que se da a los jóvenes, sino que es un derecho incuestionable de los ciudadanos. Además, muchos de ellos necesitan ese permiso para poder trabajar en el sector del transporte, para el acceso a oposiciones o simplemente para garantizar su movilidad en una España cada vez más vaciada. Por todo ello, seguro que todos los alumnos ponen el máximo esfuerzo para obtener dicha autorización.

Analizando los datos publicados por la DGT en los anuarios estadísticos entre 2013 y 2018, últimos datos oficiales hechos públicos por el organismo, y recogidos en la siguiente tabla, en España, en el periodo 2013-2018, se realizaron 4.280.198 exámenes del teórico común. de todos ellos, una media del 63 % fueron aptos. En las pruebas de destreza, un 57 % de los alumnos presentados fueron aptos y en las de circulación el porcentaje se situó en un 48 %.

placeholder Tabla 1 (Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web de la DGT)
Tabla 1 (Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web de la DGT)

De estos datos se puede deducir que la preparación de los alumnos es la adecuada y también que el comportamiento de las autoescuelas en cuanto a la formación y presentación en tiempo y forma también es correcto.

Respecto a las pruebas de circulación, el director general de Tráfico aseveró que las autoescuelas presentaban a examen a los alumnos sin estar suficientemente preparados, lo que producía el colapso del sistema. Si se analizan los datos entre los años 2013 y 2018, se puede comprobar que en las pruebas de circulación aproximadamente un 60 % de los alumnos aprobaron en la primera convocatoria, un20 % lo hizo en la segunda convocatoria, un 10 % en la tercera y el 10 % restante en la cuarta convocatoria o posteriores. De todo ello se puede deducir que ni las autoescuelas ni los alumnos son responsables del cuello de botella que hay con el examen de conducir en España.

Examinadores

En noviembre de 2019 tanto el señor Navarro como la asociación de examinadores de tráfico ASEXTRA, reconocieron que existía un total de 300.000 pruebas pendientes de realización. Entonces, se dio como solución que los examinadores trabajaran horas extras. Además, se abrió la posibilidad de incorporar guardias civiles en la reserva al cuerpo de examinadores. Entonces, Navarro aseguró que la existencia de esas 300.000 pruebas pendientes de realizar se debía fundamentalmente a la huelga de examinadores acaecida durante un semestre del año 2017, lo que había provocado la descompensación del sistema.

A finales del año 2018 existían aproximadamente medio millón de alumnos pendientes de realizar la prueba de circulación, lo que sumado a los desajustes que se produjeron en 2019, del que no hay datos oficiales, y los producidos por el COVID se puede presuponer que en el mes de junio pasado había una bolsa mínima de aproximadamente 750.000 pruebas pendientes de realizar. Una de las causas de este incremento se debe a la no ampliación de la plantilla de examinadores en el momento adecuado, lo que ha llevado también a un déficit en el número de dichos funcionarios.

Este déficit se debe a las jubilaciones producidas y no cubiertas, y a que no se han realizado las suficientes ampliaciones de plantilla en el periodo entre 2013 y 2019. Hay un dato destacable en la evolución del número de pruebas realizadas en los últimos años. En 2013 fueron un total de 1.984.613 pruebas entre teórico común, específico, destreza y circulación, cifra muy similar a la del año 2017, y esta cifra se elevó en el año 2018, en el que los examinadores habían conseguido que se aceptasen todas las reivindicaciones exigidas en la huelga del año anterior, a 2.454.111 pruebas. Y eso teniendo en cuenta que a finales de ese año había pendientes 500.000 pruebas de circulación aproximadamente.

En este sentido, un aspecto clave es el número de examinadores para obtener el carné de conducir. En el año 2011 eran 847 examinadores, mientras que en el 2018 la cifra bajó hasta 734. En el año 2019 se incorporaron 68 hasta alcanzar la cifra de 791, descontadas las jubilaciones producidas. En 2020 se incorporarán otros 40 más, procedentes de la convocatoria prevista para octubre en Madrid. En el año 2015 y según las cifras oficiales de la DGT eran 730 examinadores, de los que 66 ejercían funciones de coordinación, y en el 2019 la cifra era de 791, de los que igualmente 70 eran coordinadores y otros 17 estaban adscritos a la subdirección general de formación y educación vial.

placeholder El porcentaje de aprobados varía en función de las provincias.
El porcentaje de aprobados varía en función de las provincias.

De esta forma, participando de forma activa en las pruebas evaluativas, la cifra de examinadores era de 664 en el año 2015 y de 704 a finales del 2019. Esas son las cifras oficiales de la DGT pero según la CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas) en el año 2015 ejercían de forma activa solo 564 personas, ya que los demás estaban de baja laboral, en otros servicios, etc... Pero según un estudio, en el año 2017 eran necesarios 877 examinadores más otras 66 personas adicionales realizando las labores de coordinación. Todo ello para poder reconducir la situación y celebrar las pruebas pendientes hasta ese momento.

Es decir, que a principios de 2020 había un déficit de examinadores de entre 126 y 156, una cifra imposible de compensar con la convocatoria de 40 nuevas plazas previstas para el año 2020. Sobre todo si tenemos en cuenta que en este periodo se van a producir otras 18 jubilaciones, según los datos de la DGT. Y en los próximos cuatro años está prevista la jubilación de otros 250 examinadores.

Jubilaciones

En el año 2012 cada examinador hacía una media de 16 pruebas por día. A partir del año 2018 esta cifra se ha reducido a 12 pruebas por examinador y día. Finalmente, se están realizando en la actualidad, como consecuencia de la pandemia del COVID, 10 pruebas por examinador y día. Lo más curioso es que los alumnos pagan sus correspondientes tasas para poder presentarse al examen, pero no pueden hacerlo por la falta de infraestructura de un organismo público como la DGT.

Otro aspecto clave es la diferencia en las horas trabajadas en cada jefatura provincial de Tráfico. En la que más se trabajaba se alcanzaban las 1.666 horas al año de trabajo por parte de los examinadores, mientras que en las que menos se trabajaba la cifra se quedaba en 1.481 horas trabajadas. Esto significa una diferencia de 185 horas, o lo que es lo mismo más de un mes de trabajo cada año de diferencia.

Sin duda, España tiene un problema con la obtención del carné de conducir provocado por la gestión de la DGT, que es la responsable de evaluar a los alumnos para otorgarles estos permisos. Una posible solución sería crear una plantilla itinerante suficiente en número, que puntualmente pudiera reforzar el trabajo en algunas jefaturas provinciales, lo que permitiría solucionar problemas puntuales de sobrecarga de trabajo en épocas como Navidad o verano.

Otro problema en torno a los exámenes para la obtención del permiso de conducir es la territorialidad. Por un lado, algunas comunidades han pedido que se transfiera dicha competencia, por lo que Cataluña o el País Vaco podrían emitir sus propios permisos de conducir.

También es un problema que dependiendo de las provincias se aplican unos criterios más o menos estrictos para el aprobado. Así, en el periodo 2103-2015 ha habido una diferencia en el nº de aprobados, entre la provincia con más aprobados y la provincia con menos, del 21% en la prueba de teórico común y del 27% en la prueba de circulación, lo que está haciendo que los aspirantes se trasladen a otra provincia en busca de un aprobado más fácil.

Hay que buscar soluciones a todos estos problemas. Pere Navarro ha planteado la posibilidad de incorporar personal jubilado de la Agrupación de Tráfico para la realización de esta labor de examinador, sin duda una buena idea. Pero esto ya estaba previsto en noviembre de 2019 y un año después todavía sigue siendo una idea en la que trabajar.

También se debería contratar de forma inmediata a personal interino o laboral que realice las labores de administración en las distintas jefaturas de Tráfico. De esta forma se podrá liberar al personal examinador que está realizando las mismas y que podrían dedicarse nuevamente a las labores propias de su puesto.

Otra posible solución pasaría por aumentar el número de examinadores y de personal de administración en las diferentes jefaturas provinciales de tráfico donde existe insuficiencia del mismo. Como se observa, esta solución no se ha mostrado efectiva hasta la actualidad debido a las dificultades de la Administración para realizar contrataciones de forma flexible y rápida.

Empresas privadas

De la misma forma se podría plantear un sistema mixto donde haya empresas privadas, debidamente acreditadas, certificadas e inspeccionadas, que complementen la labor del Estado. Esto permitiría al sector de las autoescuelas y a los alumnos la posibilidad de evitar estos colapsos que suponen un grave problema para los ciudadanos. También se evitarían huelgas salvajes, como la que se produjo en 2017, y que tuvo durante meses paralizada esta actividad.

Además, este sistema permitiría al Estado un ahorro económico como ya se ha demostrado en el pasado con privatizaciones parciales y también podría percibir ingresos en forma de cánones por parte de dichas empresas. Sería un sistema similar al empleado en las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) que se viene realizando desde hace tiempo por empresas privadas. Este sistema mixto ha demostrado un eficaz funcionamiento y es un modelo que ya viene utilizándose de forma satisfactoria en otros países de la Unión Europea, como Portugal.

No hay que olvidar que a la DGT cada año le "sobra" parte de su presupuesto, obtenido en base a las multas y a las tasas que cobra por sus servicios, incluida la obtención del permiso de conducir. Cada año, la DGT transfiere más de 150 millones de euros que ingresa a la Tesorería del Estado y que en algunos casos ha llegado a superar los 500 millones de euros en un solo año. Con estas cifras, hablar de que no se haya podido contratar examinadores parece un poco ridículo, sobre todo si tenemos en cuenta que cada alumno ingresa en las arcas de la DGT 92,20 euros de tasas para obtener el permiso de conducir o 43,70 euros en el caso de una licencia.

La Dirección General de Tráfico es quizá el organismo más polémico de la Administración española. Uno de los puntos más críticos en el funcionamiento de la DGT ahora es el colapso en las pruebas de obtención del carné de conducir, con una cifra aproximada de 750.000 alumnos pendientes de examen en junio de este año. Este colapso en los exámenes del carné de conducir no es por falta de presupuesto, ya que cada año la DGT inyecta más de 150 millones de euros de excedente de su tesorería al Estado.

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