La duda sobre la validez de las sanciones de tráfico detectadas por drones de la DGT

Ante el anuncio de la Dirección General de Tráfico (DGT) de comenzar a utilizar drones para sancionar a los conductores infractores en las carreteras españolas durante el periodo estival, la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha cuestionado la validez de estas posibles denuncias por no reunir las necesarias garantías jurídicas.

Dicha asociación plantea la validez de las denuncias que se pudieran formular por este sistema siempre que las infracciones objeto de sanción no hayan sido observadas directamente por agentes de la Guardia Civil. También ha advertido que pueden ser objeto de impugnación por no reunir las mencionadas garantías jurídicas.

Los responsables de AEA han realizado esta advertencia al tener conocimiento de una instrucción dictada por el director general de Tráfico, el pasado 26 de junio, en la que pretende equiparar las denuncias cuyas infracciones han sido observadas por los agentes de la autoridad a aquellas que han sido constatadas por empleados públicos de la unidad de medios aéreos de la DGT (UMA). Incluso también las detectadas por medios técnicos automatizados, como ocurre en el caso de las infracciones captadas por cámaras por no llevar el cinturón o hablar por el móvil.

A juicio de la AEA, "solo gozarían de presunción de veracidad aquellas sanciones formuladas por observación directa de los agentes de la Guardia Civil y no por los funcionarios de la DGT, por cuanto son los únicos que tienen la condición de agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico".

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Sin control técnico

En este sentido, la AEA aclara que en la actualidad "ningún dron está sometido a ningún control técnico que certifique su correcto funcionamiento conforme a la Ley de Metrología" y que las pruebas metrológicas a las que según la DGT se han sometido estos aparatos "solo tienen carácter de ensayos voluntarios de equipos que no garantizan ni su buen funcionamiento ni la inalterabilidad de las imágenes".

Por ello, la AEA considera que antes de iniciar cualquier procedimiento sancionador utilizando para ello sistemas de captación de imágenes "de dudosa legalidad", la DGT debería promover "una mayor presencia física de la Guardia Civil en la carretera, devolviéndole el protagonismo que le corresponde para mejorar la seguridad vial y la regulación del tráfico".

En los últimos años, la DGT se ha visto implicada en diferentes procesos judiciales por aplicación irregular de procedimientos sancionadores a los conductores que los propios jueces han anulado. Sin duda el más claro es el de la aplicación del margen de error de los radares. El criterio empleado por la DGT era el de aplicar dicho margen de error de sus equipos solo para determinar la velocidad a la que debía saltar un radar y sancionar. Por ejemplo: en una zona con límite de 120 km/h, la DGT daba 10 km/h de margen de error y los radares saltaban a 130 km/h. Pero al conductor detectado a 141 km/h se le sancionaba por circular a 141 km/h, sin aplicar el margen de error legal del cinemómetro a la velocidad captada, tal y como determina la ley. Y lo peor es que en las sanciones advertía de que ya se había aplicado el margen de error legal.