LA LICITACIóN FUE APROBADA EN JULIO DE 2005

La Audiencia Nacional, contra la DGT por los cursos de recuperación de puntos

Por el acuerdo de licitación para regular los cursos de recuperación de puntos del carné de conducir

Foto: Agentes de la Guardia Civil de Tráfico vigilan la circulación. (EFE)
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico vigilan la circulación. (EFE)

La Audiencia Nacional ha anulado el acuerdo de licitación llevado a cabo por la orden del Ministerio del Interior de 28 de julio de 2005 —por la que se regulan los cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de conducción— y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 10 de agosto. La sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional así lo estableció el pasado 28 de noviembre.

Este procedimiento judicial supone un nuevo varapalo a la política de la Dirección General de Tráfico, ahora dirigida por Pere Navarro. Fue el propio Pere Navarro, en su anterior etapa al frente del organismo del Ministerio del Interior, el que puso en marcha el carné por puntos. También fue el responsable de la adjudicación de los cursos de recuperación de puntos, en exclusiva, a la Confederación Nacional de Autoescuelas, CNAE.

En este tipo de procedimientos judiciales, nunca actúa la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, en este caso, y tras petición por parte de la asociación de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA), finalmente el ministerio fiscal se personó en el caso. La razón es que una de la funciones de este organismo judicial, aunque poco conocida, es la de defender los derechos de los consumidores.

En este caso, lo que estaba en juego era el derecho de los consumidores, los conductores, que debían hacer cursos de recuperación de puntos y que tenían que pagar sobreprecios en dichos cursos y muchas limitaciones a la hora de poder realizarlos. Por ejemplo, en otros países se pueden hacer los cursos también los domingos, mientras que en España esa opción no es posible, con el correspondiente perjuicio para los usuarios.

La organización de defensa de los conductores ha dirigido un escrito al fiscal general del Estado para felicitar la magnífica actuación que el ministerio fiscal ha desarrollado, en defensa de los consumidores españoles, en el asunto de los cursos de recuperación de puntos de la DGT. Como consecuencia, la adjudicación de los mismos ha sido anulada por la Audiencia Nacional por ser contrarios al derecho de la Unión y por restringir la competencia.

A pesar de la oposición de alguna de las partes en el proceso judicial para que el ministerio fiscal se personara en este procedimiento en defensa de los consumidores y usuarios, su actuación ha sido decisiva en la resolución favorable del recurso. Hace dos años, AEA solicitó al fiscal general del Estado la intervención del ministerio fiscal en este procedimiento. Su actuación se basa en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en asuntos que no corresponden estrictamente al ámbito civil (como puede ser la subida del precio de la luz), sino que están enmarcados dentro del ámbito administrativo, pero con efectos muy negativos para estos porque el modelo utilizado por la DGT daba lugar a prácticas monopolísticas.

En su petición, AEA no solo hizo un pormenorizado análisis del modelo utilizado por la DGT desde que se implantó el permiso por puntos en España sino que aportó reiterados informes de diversas entidades oficiales (Comisión Nacional de la Competencia, Autoridad Catalana de la Competencia, CNMC) que advertían sobre los efectos negativos del sistema. El defensor del pueblo también en 2013 formuló una recomendación para que la DGT utilizara un modelo menos lesivo para la competencia y más eficiente para los ciudadanos. Dichos informes fueron ignorados por Tráfico.

Uno de los aspectos más controvertidos de los cursos diseñados por la DGT es su precio, ya que al tratarse de una prestación patrimonial de exigencia o realización obligatorias, debía haberse establecido por una norma con rango de ley, que hubiera justificado el coste real del servicio. Como no se ha elaborado ningún informe económico ni se ha justificado el precio que se cobra, no se puede determinar si éste cumple con la Ley de Tasas y Precios Públicos.

En el informe a la Fiscalía se evidenciaba un importante sobrecoste en el precio que los automovilistas tenían que pagar al realizar alguno de estos cursos en relación a otros de características similares realizados en régimen de autorización. Así, por ejemplo, mientras un curso de recuperación del permiso sale a 16,60 euros la hora, el curso de capacitación profesional que deben realizar periódicamente los transportistas (Cursos CAP) sale a tan solo cinco euros la hora. Incluso el Servicio Público de Empleo Estatal fijaba en ocho euros la hora de acción formativa asociada a los certificados de profesionalidad.

También se denunciaba ante el ministerio fiscal la grave distorsión del mercado que se producía con los cursos diseñados por la DGT en relación con los cursos de formación continua que periódicamente deben realizar los transportistas (CAP). En España, existen 4.117 centros autorizados para impartir cursos CAP donde se pueden realizar este tipo de formación que conforme a la legislación europea también permite recuperar puntos.

Sin embargo, dado el modelo diseñado por la DGT un transportista solo podría recuperar puntos si hiciera el curso CAP en unos de los 243 centros que tienen la concesión por parte del organismo de tráfico, con lo que sus posibilidades de elección de centro se ve reducida en un 95% (de 4.117 a solo 243 centros).

Y eso es lo que le ha ocurrido desde la puesta en marcha del carné por puntos a más de 110.000 conductores profesionales que, o bien han tenido que hacer dos cursos (el CAP en un centro y el de recuperación de puntos en otro) o bien han tenido que ir obligatoriamente a uno de los centros que tiene la exclusiva por parte de la DGT.

También AEA analizó en su informe presentado a la Fiscalía el modelo de cursos que se está utilizando en Europa y en ninguno de los países más importantes de nuestro entorno se utiliza un sistema similar de concesión. Ejemplos de ello son Francia (del cual supuestamente copiamos el modelo), Italia, Portugal o Alemania.

En Francia, por ejemplo, un automovilista que quiera realizar un curso de recuperación de puntos puede acudir, por ejemplo, a un centro del distrito nueve de Paris, donde el curso le costaría 250 euros mientras que en otro del distrito veinte pagaría solo 130 euros. Es decir, un 48% más barato. Y diferencias similares existen entre centros de recuperación de puntos de diferentes departamentos.

La competencia se nota también en el servicio. Así, en Francia existen diversas organizaciones nacionales que coordinan los centros de recuperación de puntos (automóvil clubs, autoescuelas, centros de enseñanza), y es a través de ellas con las que se garantiza la rápida participación en un curso de recuperación de puntos cerca del domicilio, aunque se tenga que anular la convocatoria por falta de asistentes (en el caso de Francia está previsto un mínimo de 10 participantes). También se garantiza el reembolso del dinero abonado, o cambiar la reserva para otra fecha, o para otro centro en cualquier parte del territorio francés que más le convenga al usuario. En España, hasta ahora, el usuario no tenía ningún derecho. Solo pagar y callar. Pero gracias al ministerio fiscal y la sentencia de la Audiencia Nacional, esto va a cambiar para beneficio de los consumidores y usuarios.

Motor

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
3 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios