¿Por qué España es el único país europeo que quiere prohibir vehículos de combustión?

Hace varios meses, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, advertía de la prohibición de circular a los vehículos de combustión en 2040, mientras se tramitaba una ley de cambio climático. Con ello se buscaba posicionar a España como el país más avanzado de Europa a nivel legislativo en la descarbonización. Por el contrario Francia, Alemania o Reino Unido no plantean ninguna prohibición por ley, pero llevan un año con importantes medidas para apoyar la llegada del coche eléctrico y con ello avanzar hacia la descarbonización.

No solo el Gobierno de España apuesta por prohibir la venta y circulación de vehículos con motor térmico. También el Gobierno Balear está ultimando una ley de cambio climático aún más restrictiva, según la cual no podrán circular los coches diésel a partir de 2025 en las islas, y ningún vehículo que no sea eléctrico desde 2035. Pero esa ley de cambio climático no lleva asociadas medidas de ayuda concretas para la creación de infraestructuras o para la compra de vehículos eléctricos, que pagan el doble de impuestos que uno equivalente diésel, o para reducir el uso de carbón para producir electricidad. Lo mejor es que el Gobierno balear quiere aprobar su ley estrella antes de las elecciones de mayo.

Aunque sus promotores argumentan que estos objetivos se alinean con la línea más prudente de los países europeos, que están aprobando incluso plazos más cortos para esta prohibición, ningún ordenamiento jurídico de nuestro entorno tiene una limitación similar en ninguna norma con rango de ley o vinculante en Europa. Las iniciativas en la mayor parte de los países se limitan, en este momento, a promesas o titulares en los medios de comunicación, sin tener una trasposición real a nivel legislativo. Lo que sí se han establecido en varios países europeos son limitaciones a la circulación de vehículos diésel o de gasolina en zonas concretas denominadas 'de bajas emisiones' en entornos urbanos en función de su etiquetado medioambiental.

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Previsiones o leyes

El paso que está dando el Gobierno balear no se ha tomado en ningún país de la Unión Europea. Incluso los más avanzados en este sentido, como Noruega y Holanda. En estos dos países lo que se hace es poner todos los medios para conseguir que los ciudadanos prefieran comprar un coche eléctrico antes que uno térmico. En el resto de países europeos, encabezados por las tres principales economías (Francia, Reino Unido y Alemania), no se trabaja en ninguna ley que prohíba circular a estos vehículos. Lo que están haciendo es poner en marcha fuertes inversiones económicas para conseguir una descarbonización real.

Pero en España se hace justamente lo contrario. Mientras se plantea la prohibición de los vehículos de combustión, en 2018 no hubo ni un solo plan de ayudas para la compra de coches eléctricos, salvo uno de la Comunidad de Madrid en diciembre dotado con 2 millones de euros. Ni siquiera se ha llegado a utilizar la partida presupuestaria de 66,6 millones que dejó el Gobierno del PP en los últimos presupuestos. En España, como en las islas Baleares, lo único que se hace es prohibir: prohibir los coches diésel, prohibir los coches de gasolina, los vehículos de gas o los de GLP y hasta los híbridos, que es una tecnología que permite reducir la contaminación y las emisiones de CO2.

Reino Unido

Aunque los titulares de prensa en Reino Unido apunten a una prohibición de los vehículos de combustión en 2040, la estrategia 'Road to Zero' no tiene rango de ley. Establece el objetivo de que todos los coches y furgonetas nuevas en 2040 sean cero emisiones y que todo el parque esté descarbonizado en 2050. Pero no prohíbe tecnologías en particular.

Además, una de las principales metas de esta estrategia es mantener a la industria automovilística británica como líder en el diseño y la fabricación de vehículos cero emisiones, un respaldo al sector imprescindible para hacer frente a esta transición. Cuenta con un presupuesto de 2.700 millones de libras para la descarbonización del transporte, de los que 1.500 millones están directamente dedicados a ayudas a la compra de vehículos cero emisiones y al despliegue de infraestructuras.

Este programa también incluye la financiación de proyectos industriales y de I+D. Prevé la creación de un Automotive Council para la colaboración público-privada con el sector. Esta estrategia va acompañada de un plan de calidad del aire para las principales localidades. Ciudades como Londres, Leeds, Birmingham o Southampton ya tienen previsto un marco regulatorio específico para zonas de bajas emisiones basadas en la restricción de entrada de vehículos en función de su potencial contaminador y su antigüedad.

Francia

En el caso de Francia, la Ley de Ordenación de la Movilidad, cuya publicación está prevista para próximas fechas, enfoca la mejora de la movilidad desde un punto de vista amplio, abarcando no solo el vehículo privado, sino también la mejora de infraestructuras ferroviarias o las carreteras. Lleva aparejados unos incentivos a la renovación del parque con vehículos eléctricos o de combustión con emisiones inferiores a 130 gr CO2/km, ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos y medidas de modernización de las redes. Incluye una partida para el desarrollo de una movilidad limpia y compartida. Además, promueve la implementación de planes de calidad del aire en los municipios.

El presupuesto total comprometido asciende a 20.700 millones de euros. Ciudades como París, Grenoble o Estrasburgo ya tienen zonas de bajas emisiones delimitadas a partir de un etiquetado medioambiental en función del potencial contaminador de cada vehículo.

Alemania

En el caso de Alemania, con una potente industria del automóvil detrás, ha desarrollado un Plan de Fomento de la Movilidad Eléctrica, con un presupuesto comprometido de 3.200 millones de euros. Incluye 1.200 millones de euros en subvenciones directas de hasta 3.000 euros por vehículo en caso de la compra de un híbrido y de hasta 4.000 euros si se trata de un eléctrico. Crea un fondo de 300 millones de euros para la instalación de infraestructuras de recarga y dedica otros 2.200 millones a potenciar la investigación en movilidad eléctrica.

En el caso de Alemania, son varias las ciudades que ya tienen marcos regulatorios para el establecimiento de zonas de bajas emisiones, cuyas restricciones están basadas en un etiquetado medioambiental. Entre ellas las ciudades de Berlín, Hamburgo y Stuttgart.

Holanda y Dinamarca

Ambos países coinciden en la necesidad de descarbonizar el transporte, pero hacerlo también con la generación de energía. Holanda apunta a eliminar el carbón y el gas del mix energético y que el 100% de los vehículos nuevos sean cero emisiones en 2035. En cuanto a Dinamarca, el objetivo es que el suministro de energía para el transporte provenga de fuentes renovables en 2050, lo que implica que el sector tendrá que afrontar una transición ecológica en los próximos años. Se han dotado, en ambos casos, de ayudas fiscales a la compra de vehículos cero y bajas emisiones.