Las sentencias judiciales anulan las multas 'foto-rojo' de los semáforos

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Madrid ha sentenciado que “la fotografía es cualquier cosa menos concluyente”. La polémica sigue creciendo en torno al ya famoso sistema 'foto-rojo' con el que se está sancionando con 200 euros y 4 puntos del carné de conducir a miles de conductores por, supuestamente, saltarse un semáforo en rojo. En este sentido, una nueva sentencia judicial dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Madrid ha anulado una de estas sanciones impuesta a un automovilista.

En concreto, la multa anulada fue por rebasar, presuntamente, un semáforo en fase roja en el Paseo de la Castellana, a la altura del número 167. Además, el juzgado ha condenado con 200 euros de costas al consistorio madrileño. En el fundamento jurídico primero de la sentencia se señala que “la principal, y en realidad, la única prueba de cargo de los hechos está en la fotografía (…) que es cualquier cosa menos concluyente”.

Esta resolución judicial se une a las decenas de sentencias judiciales promovidas por los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de los intereses de sus miembros, ante los distintos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid (núms. 5, 8, 10, 21, 23, 25 y 34). Lo más importante es que esta nueva actuación judicial pone en evidencia una vez más la falta de garantías del sistema utilizado por el Ayuntamiento de Madrid, desde noviembre de 2009, para captar supuestas infracciones por rebasar los semáforos en rojo, de momento en 26 intersecciones de la capital.

Pero pese a este nuevo varapalo judicial, y a que la alcaldesa de Madrid es exjuez, el consistorio madrileño no hace caso de estas reiteradas sentencias y en lugar de paralizar este sistema de captación de imágenes -sobre el que incluso se han pronunciado en contra tanto el Tribunal Superior Justicia de Madrid como el Tribunal Supremo-, ha anunciado que a lo largo de 2016 va a instalar otras 15 cámaras más de este mismo tipo. Y por ello, igual de ilegales.

Según los datos que maneja AEA, hasta octubre de 2015 con este sistema se han formulado 18.208 denuncias por este motivo, con una recaudación de más de 3.500.000 euros. Y todas ellas deberían ser anuladas por la jurisprudencia acumulada.