Aprobado el último Plan PIVE de la legislatura

El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros la octava edición del Plan PIVE de ayuda a la compra de vehículos eficientes en el que se aumenta la dotación presupuestaria hasta 225 millones de euros, pero al mismo tiempo se reduce la asignación por vehículo hasta los 1.500 euros. De esa cantidad, la mitad la aporta el Gobierno y la otra mitad la marca o el concesionario que realiza la venta del vehículo.

Lo que no cambia es el montante de la ayuda cuando se trata de un vehículo adquirido por una familia numerosa o por discapacitados de movilidad reducida que necesiten un vehículo adaptado. En ambos casos la cuantía de la ayuda se mantiene, como en el Plan PIVE 7, en 3.000 euros que serán aportados a partes iguales por el Gobierno y el concesionario.

Soraya Saénz de Santamaría ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros que este nuevo plan se ha aprobado mediante Real Decreto-ley y que su objetivo es continuar con la reducción de la edad media del parque automovilístico español, una de las más altas de Europa, y sustituir los vehículos de más edad por otros de alta eficiencia energética. Estos coches también ofrecen un mayor nivel de seguridad.

La vicepresidenta también ha resaltado que los diferentes planes PIVE han permitido que el mercado del automóvil en España sume 19 meses de crecimiento continuado y que en 2014 casi se alcanzase el millón de vehículos matriculados.

Según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la nueva edición es la "última" y se ha aprobado ante la "favorable acogida" por parte de los consumidores y por el efecto "positivo" en la economía y el medio ambiente. Y es que en los últimos tres años, desde que comenzara a aplicarse el Plan PIVE, la producción de coches en España ha aumentado en más de medio millón de vehículos anuales en 2014 frente a las cifras de 2011.

El PIVE 8 mantiene la obligatoriedad de que el beneficiario tenga la titularidad del vehículo a achatarrar (de diez años o más para los turismos y de siete para los comerciales) al menos durante el año anterior a la fecha de solicitud de la ayuda. Además, el vehículo a achatarrar deberá contar con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) vigente a la entrada en vigor del Real Decreto.

Los vehículos acogidos a las ayudas deberán ser nuevos y podrán ser convencionales, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida clasificados como A o B en la base de Datos del IDAE, con lo que sus emisiones no podrán ser superiores en ningún caso a los 160 g/km.

El precio de adquisición no podrá superar antes de aplicar el IVA o IGIC (en Canarias) los 25.000 euros, salvo para vehículos de más de cinco plazas destinados a familias numerosas o para discapacitados en cuyo caso este tope asciende a 30.000 euros. En el caso de un eléctrico puro, híbrido enchufable y de autonomía extendida la tarifa no podrá rebasar los 40.000 euros. Para los turismos convencionales (gasolina o diesel) que se encuentren clasificados como clase energética B y cuenten con emisiones de CO2 homologadas entre 120 y 160 g/km el precio no podrá rebasar los 20.000 euros.

La reducción de la ayuda por coche y la ampliación del montante total hace prever que con esta edición del Plan PIVE se pueda llegar hasta final de año. Pero lo que ya no queda claro es si habrá una posible novena edición o si con esta octava se cerrará un programa de ayudas que habrá retirado de la circulación en los últimos cuatro años, según las estimaciones de la asociación de vendedores GANVAM, más de 1,8 millones de coches con más de diez años de antigüedad, con el consiguiente ahorro de combustible, de emisiones contaminantes y también con notables mejoras para la seguridad vial.