¿Ganar dinero por jugar en la Universidad? Guerra legal en EEUU por un negocio millonario

Durante 115 años, la National Collegiate Athletic Association ha ido aumentando su control sobre la que se ha convertido en la multimillonaria industria deportiva universitaria, con el lucrativo torneo masculino de baloncesto anual como buque insignia. Sin embargo, en los próximos meses, la NCAA puede perder el control del futuro de su imperio por una cuestión que las escuelas asociadas esperaron esquivar durante mucho tiempo: la remuneración de los deportistas.

Los atletas universitarios han sido tradicionalmente clasificados como ‘aficionados’, incluso aunque ayudasen a generar miles de millones para sus universidades e hiciesen millonarios a sus entrenadores. Las normas de la NCAA han limitado durante mucho tiempo la remuneración de los deportistas a poco más que la matrícula, una habitación y dietas. Pero la opinión pública que una vez apoyó el modelo existente ha cambiado y los deportistas, que han estado callados durante mucho tiempo, se han convertido en grandes críticos del sistema. Muchos jugadores marcaron el inicio del torneo de la NCAA de este año tuiteando: ‘#NotNCAAProperty’.

La tensión ha provocado una disputa por definir el futuro del deporte universitario. Los políticos estatales y federales de ambos lados han propuesto decenas de proyectos de ley que permitirían a los deportistas universitarios ganar dinero por su nombre e imagen -medida prohibida bajo la actual política de la NCAA-. Ya se ha aprobado una serie de leyes estatales, incluida una en Florida que entra en vigor el 1 de julio. La propia NCAA ha ordenado que las leyes federales deroguen un entramado caótico de control estatal.

Ahora, la NCAA se enfrenta a una semana sin precedentes. El Tribunal Supremo de EEUU escuchó los argumentos de un caso relacionado con la remuneración de deportistas universitarios este miércoles, tres días antes de que comience el ‘Final Four’ de baloncesto masculino. Se espera una sentencia a finales de junio. “Creo firmemente que este año será el año más decisivo de la historia del deporte universitario desde su fundación”, dice Mark Emmert, presidente de la NCAA.

Pronto el escenario podría ser muy diferente, con los deportistas universitarios ganando derechos económicos que difuminarían aún más la línea entre ellos y los profesionales remunerados. Puede que tan pronto como este verano los deportistas universitarios puedan recibir dinero por patrocinar un producto en Instagram, dar clase o grabar un vídeo felicitando a un fan.

Los sueldos para deportistas están descartados de momento, pero algunas propuestas dan un paso importante en esa dirección, exigiendo a las instituciones que compartan algunos ingresos deportivos con ellos. Eso cambiaría radicalmente la visión centenaria de los deportistas universitarios como aficionados. Los deportistas y sus defensores alegan que corren el riesgo de lesionarse para ayudar a generar grandes sumas de dinero para sus universidades, todo con unas restricciones más estrictas que otros estudiantes universitarios.

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Los críticos temen que incluso un pequeño cambio, como permitir a los deportistas que promocionen productos, pueda desencadenar una guerra de pujas por reclutas, dividir todavía más los departamentos deportivos más ricos y más pobres y desviar ingresos que de otra forma respaldarían a los doce equipos que suele financiar un departamento deportivo corriente además del fútbol y del baloncesto masculino. También defienden que el deporte universitario ayuda a dar una oportunidad a muchos deportistas con una educación que puede que no obtuvieran de otra forma.

Las raíces del preeminente consejo de administración del deporte universitario datan de 1906, cuando varias decenas de universidades fundaron lo que se convirtió en la NCAA para evitar las muertes de jugadas peligrosas en el fútbol. Hoy supervisa 24 deportes masculinos y femeninos en más de 1.000 universidades. Cerca del 80% del presupuesto anual de casi 1.000 millones de dólares de la NCAA procede de la venta de tarifas de televisión y tasas de derechos de comercialización, lideradas por el torneo de baloncesto masculino. La mayoría de ese dinero se redistribuye a las universidades asociadas a la institución.

La NCAA actúa como el 'sheriff' de los deportes universitarios, penalizando a los equipos que infringen sus normas, que regulan aspectos desde el número de entrenamientos de fútbol antes del primer partido (no más de 25) hasta los medios de transporte que se pueden utilizar durante una visita de captación de un deportista (no limusinas). La NCAA también organiza campeonatos nacionales, y ha suscitado duras críticas por un peor 'marketing', instalaciones de menor calidad y menos test de covid-19 para el torneo femenino de baloncesto en comparación con el masculino. La cuestión intensificó la presión sobre Emmert e impulsó una carta de ‘profunda preocupación’ de 36 demócratas de la Cámara de EEUU, público que necesita para que la visión que la NCAA desea respecto a la remuneración de jugadores gane en el Congreso.

El proceso reglamentario de la NCAA puede hacer que llevar a cabo grandes cambios sea casi imposible. Una propuesta tiene que sobrevivir a un sinuoso camino -la NCAA tiene más de 150 comités, el triple que el Congreso de EEUU- y conseguir apoyo de representantes de universidades de todo el país con presupuestos y objetivos muy diversos. “La asociación de la que todos formamos parte ha fracasado a la hora de articular una visión clara del futuro de los deportes universitarios”, declara Jack Swarbrick, director deportivo en la Universidad de Notre Dame. “Y nos hemos visto respondiendo constantemente a la visión de otros de lo que eso debería ser, y jugando a la defensiva”.

La opinión pública sobre la remuneración de deportistas está cambiando. Entre 2013 y 2017, el porcentaje de estadounidenses que decía que las becas eran compensación suficiente para los deportistas universitarios cayó del 71% al 60%, según la Universidad Seton Hall, que sondea al público de forma regular sobre temas deportivos. Dos años después, el 60% creía que los deportistas universitarios deberían poder beneficiarse del uso de su nombre y su imagen, mientras que el 32% declararon que no deberían. La encuesta de este año mostraba que una mayoría sigue apoyando ese derecho, el 56%, y la oposición ha caído hasta el 25%. El porcentaje de personas indecisas aumentó hasta un 19% desde un 8%.

Otras fuerzas han impulsado el cambio. El valor de las emisiones deportivas en vivo ha explotado, generando ingresos para los deportes universitarios. El público se ha vuelto más consciente del riesgo de daños a largo plazo de las contusiones sufridas jugando al fútbol. La mayor atención a los problemas de justicia racial ha enfatizado la mala percepción de restringir los ingresos de sobre todo jugadores negros de fútbol y baloncesto, mientras que los entrenadores blancos se llevan a casa, en muchos casos, su mayor sueldo público correspondiente.

Los legisladores de California aprobaron por unanimidad otorgar a los deportistas universitarios del estado el derecho a ganar dinero

Cuando la pandemia y los confinamientos enviaron a algunos estudiantes universitarios a estudiar desde casa, muchos de los deportistas se quedaron en el campus para jugar partidos. Ahora algunos están recluidos en habitaciones de hotel de Indianápolis para el torneo de baloncesto. “Solo podemos salir de la habitación para ir al entrenamiento o al partido”, declaró el jugador de baloncesto de Iowa Jordan Bohannon desde Indianápolis antes de que la NCAA relajase ligeramente las normas. Él y sus compañeros limitaron sus contactos sociales esta temporada y se realizaban test todos los días -con mayor frecuencia que muchos sanitarios en primera línea-.

En 2019, los legisladores de California votaron 112-0 para otorgar a los deportistas universitarios del estado el derecho a ganar dinero de su renombre deportivo. Emmert lo rechazó, escribiendo al gobernador Gavin Newsom que la propuesta de ley eliminaría el “componente fundamental de justicia e igualdad de trato que constituyen la base del deporte universitario”.

Después, el pasado diciembre, el Tribunal Supremo anunció que escucharía argumentos de Alston contra la NCAA, un caso presentado por un exjugador de fútbol y otros deportistas de la Universidad de Virginia Occidental que pusieron en duda si la asociación había incurrido en prácticas anticompetitivas limitando las ventajas educativas que los deportistas podrían recibir. La demanda conjunta es la última de una serie de demandas de deportistas que alegan que la normativa de la NCAA viola la legislación antimonopolio federal. Para defenderse de esas impugnaciones, la NCAA gastó 33 millones de dólares en honorarios legales en 2019, un aumento desde los 14 millones de dólares de cinco años atrás.

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En abril de 2020, incitada en parte por la ley de California, la junta directiva de la NCAA aprobó áreas de ‘modernización’ de la normativa de derecho de publicidad. Los cambios permitirían a los deportistas recibir dinero de terceros por promociones y apariciones públicas, pero prohibiría a las universidades pagarles directamente. Las propuestas que exponían los cambios iban a ser examinadas en una asamblea de la NCAA en enero de 2021.

Días antes de la asamblea, la División Antimonopolio del Departamento de Justicia advirtió a la NCAA en una carta de que no adoptara nuevas políticas que podrían violar la ley antimonopolio. Después de que el Tribunal Supremo conviniera examinar el alcance de la autoridad de la asociación para adoptar restricciones en la remuneración de los deportistas en aras de amateurismo, la NCAA paralizó su plan.

El tribunal podría reforzar la amplia autoridad de la NCAA, lo que otorgaría a la asociación mayor capacidad de influir cuando negociase con los legisladores estatales y federales, o descubrir que había limitado la remuneración de los deportistas universitarios de forma injustificada. En las últimas semanas, los deportistas universitarios han recibido apoyo del Departamento de Justicia, que presentó un ‘amicus brief’ a favor de Alston. “Independientemente de lo que suceda, una cosa está clara: los deportistas universitarios estarán en mejores circunstancias en seis meses que ahora”, declara Gabe Feldman, profesor de Derecho Deportivo en la Universidad Tulane.

La remuneración anual de Emmert de 2,7 M sugiere que es equiparable al comisionado de una liga deportiva profesional

La remuneración anual de Emmert de 2,7 millones de dólares y el personal de cerca de 450 empleados a tiempo completo de la NCAA sugieren que es equiparable al comisionado de una liga deportiva profesional. Dice que se parece mucho más al Secretario General de Naciones Unidas, con las conferencias más elitistas conocidas como las 'Power Five' -la Atlantic Coast, la Big Ten, la Big 12, la Pacific-12 y la Southeastern- haciendo el papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Tenemos países grandes y países pequeños, tenemos países con armas nucleares y países sin”, declara Emmert.

En 2014, los países grandes de la NCAA -las 'Power Five'- obtuvieron el permiso de la junta directiva de la NCAA para sortear el proceso legislativo bizantino común a todos los miembros y promulgar muchas normas propias. El grupo, alentado por una sentencia judicial, empezó a permitir que las universidades llenaran el vacío entre una beca deportiva y el coste total de asistencia presentado por una universidad, normalmente varios miles de dólares, para ayudar a los deportistas a pagar por cosas como la comida, lavandería y billetes de vuelta a casa.

Las grandes conferencias habían estado acumulando poder desde 1984, cuando un fallo del Tribunal Supremo trasladó el control de las transmisiones de fútbol universitario de la NCAA a las universidades. En las siguientes décadas, el número de partidos de fútbol televisados se multiplicó. Las conferencias deportivas de élite se extendieron y negociaron acuerdos televisivos superventas.

Hace una década, la Conferencia Pacific-10 añadió Colorado y Utah y fue rebautizada como la Pacific-12, y firmó un contrato de derechos de transmisión de 12 años por valor de 3.000 millones de dólares -más del cuádruple de su anterior acuerdo-. Otras siguieron su ejemplo, lo que provocó un aumento de los ingresos anuales que iban a los departamentos deportivos de las universidades desde 4.000 millones de dólares en 2003 a 14.000 millones de dólares en 2018.

En 2014, las conferencias de fútbol de primera división crearon una eliminatoria nacional de cuatro equipos que vendieron a ESPN por casi 6.000 millones de dólares durante 12 años. Sin embargo, cuando los sueldos de los entrenadores sobrepasaban el millón de dólares, la normativa de la NCAA relativa a los deportistas era prácticamente la misma de los años cincuenta. En el ‘Final Four’ del baloncesto masculino de 2014, el alero de Connecticut Shabazz Napier declaró que a veces se iba a la cama con hambre mientras la Universidad vendía camisetas con su número. Tras una reacción nacional, la NCAA elevó rápidamente su límite de cantidad de comidas que las universidades podían suministrar a los deportistas. Napier, que llegó a jugar seis temporadas en la NBA, no ha querido hacer declaraciones.

Las universidades planteaban alrededor de 100 cambios en las reglas al año dice Amy Huchthausen, comisaria de la America East Conference de la División I de la NCAA, y “eran acerca del calendario de captación y cuándo empezar la temporada de fútbol”. A la hora de hablar de la remuneración de los jugadores, “nadie quería abordarlo”, afirma. Los defensores del modelo tradicional del deporte universitario señalan que los deportistas ya reciben una educación universitaria gratuita.

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Bajo una normativa liberalizada, los deportistas “van a competir con nosotros cuando salimos a atraer marcas nacionales como patrocinadores y ventas de entradas para que la gente apoye nuestros programas”, declara Bubba Cunningham, director deportivo de la Universidad de Carolina del Norte. Por ejemplo, vaticinó que un restaurante local que normalmente paga 50.000 dólares al departamento deportivo para patrocinar el programa de radio semanal sobre el baloncesto de Tar Heel, redirigiría parte de su gasto a los deportistas.

Los adeptos podrían explotar la normativa liberalizada sobornando a deportistas de instituto para que se comprometieran con su equipo predilecto, convirtiendo los fichajes en un ejercicio “plagado de incentivos y ofertas inapropiadas”, declara el comisario de la Souheastern Conference Greg Sankey. Kendall Spencer, ex saltador de longitud de la Universidad de Nuevo México, predijo que, en ausencia de una ley a nivel nacional, los mejores deportistas serían atraídos por las universidades de los estados en los que pudieran ganar más dinero. Eso socavaría la igualdad competitiva que ve como seña de identidad de los deportes universitarios. “Cuando me enfrento al deportista de Alabama, Stanford o Berkeley, quiero saber que existe la mayor igualdad de condiciones posible”, dice Spencer, que ahora es abogado y compite de forma profesional en salto de longitud.

Trevor Lawrence, ex ‘quarterback’ de la Universidad Clemson, el anunciado fichaje número 1 en la selección de la National Football League (NFL), tiene un valor potencial de más de 2 millones de dólares anuales solamente por sus redes sociales. Eso según un cálculo de Opendorse, Plataforma digital que conecta a deportistas con patrocinadores o fans que quieren pagarles por promociones o apariciones en persona. De los 50 deportistas de la NCAA más seguidos en redes sociales, 23 compiten fuera del fútbol y baloncesto masculinos, incluidas 19 deportistas femeninas, declara Blake Lawrence, cofundador de Opensorse, ex defensa de la Universidad de Nebraska y sin ningún parentesco con Trevor Lawrence.

Hasta los deportistas con menos seguidores podrían, bajo nuevas normas, ganar dinero de formas ahora prohibidas. La jugadora de ‘softball’ de la Universidad de Louisville Celene Funke dice que ha rechazado ofertas en su nativa Carmel, Indiana, para ofrecer entrenamientos particulares a niños. Si cada uno de los 500.000 deportistas de la NCAA organizase un campamento deportivo para niños de un día por 50 dólares cada niño, y consiguiera 100 participantes, “es un mercado de 2.500 millones de dólares”, declara Blake Lawrence.

Los cambios en la normativa podrían generar más preguntas. ¿Cómo asegurarían las empresas acuerdos de licencia de grupo para incluir a equipos enteros en un videojuego o una baraja de cartas deportivas? A diferencia de los profesionales, los deportistas universitarios no tienen sindicatos de jugadores reconocidos a través de los cuales negociar en grupo las condiciones de trabajo, las normas de traspasos de jugadores o la estructura salarial.

Swarbrick, ex abogado, dice que el Tribunal Supremo no detallará cómo deberían ser las normas financieras de la NCAA para los deportistas, pero podría decidir el alcance de la autoridad legislativa de la asociación. “Solo necesitamos algo de claridad sobre dónde están los límites, dónde está la raya”, dice. “Porque ahora mismo no es productivo para nadie”.