EEUU vs Walmart: Washington busca culpables para la epidemia de los opioides

La Administración de Trump denunció a Walmart este martes, acusando al gigante del comercio minorista de ayudar a avivar la crisis de opioides que vive el país por no revisar adecuadamente recetas dudosas a pesar de las repetidas advertencias de sus propios farmacéuticos.

La demanda del Departamento de Justicia reclama que Walmart ha querido aumentar sus beneficios dejando a sus farmacias escasas de personal y presionando a los empleados para que despachen las recetas rápidamente. Eso ha dificultado que los farmacéuticos rechacen recetas falsas, lo que ha permitido un consumo de drogas generalizado en todo el país, indica la demanda.

Walmart respondió con una declaración pública el mismo día, alegando que la demanda “se inventa una teoría legal que obliga a los farmacéuticos a interponerse de forma ilegal entre los pacientes y su médico, y está plagada de imprecisiones y documentos escogidos por conveniencia y sacados de contexto”.

“Acusar a los farmacéuticos por no cuestionar a los mismísimos médicos [la Administración para el Control de Drogas] por prescribir opioides de forma autorizada es un claro intento de quitarle la culpa a los fracasos bien documentados de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) por no evitar desde el principio que los médicos no válidos prescriban opioides”, declaró Walmart, añadiendo que “siempre hemos capacitado a nuestros farmacéuticos para negarse a aceptar recetas de opioides sospechosas, y han rechazado cientos de miles de dichas recetas”.

Walmart, el mayor minorista del país por ingresos, esperaba esta denuncia y demandó al Gobierno federal en octubre para anticiparse a las acusaciones. Dicha demanda acusa al Departamento de Justicia y a la DEA de intentar buscar un chivo expiatorio en la empresa por lo que dice ser la propia falta de normativa y ejecución del Gobierno federal.

La demanda del Departamento de Justicia alega que Walmart ha creado un sistema que ha convertido su red de 5.000 farmacias propias en un proveedor líder de analgésicos altamente adictivos. Las acusaciones datan de junio de 2013, según la demanda. “Muchos de estos medicamentos con receta nunca habrían llegado a las calles si las farmacias de Walmart hubiesen cumplido con sus obligaciones”, dice María Chapa López, abogada del estado de Tampa, Florida, que es una de los muchos fiscales involucrados en la demanda.

TE PUEDE INTERESAR

Antibióticos y opioides, una combinación que puede incrementar las adicciones

El Confidencial

Walmart empezó con precios de liquidación en los opioides que atraían inicialmente a compradores a sus tiendas, defiende el Gobierno. Los mandos intermedios –bajo la dirección de directivos desde la sede general de la empresa– presionaban a los farmacéuticos para que trabajaran más rápido, dice la demanda, confiando en que despachar las recetas rápidamente provocaba que los clientes se quedaran y siguieran comprando.

Muchos de los presuntos problemas se centran en la unidad de cumplimiento de Walmart, que supervisa la distribución en todo el país desde la oficina central de la empresa en Bentonville, Arkansas, dice la demanda. Walmart presuntamente ignoró las múltiples advertencias sobre la falta de personal de sus farmacias como medida de presión para vender rápidamente, lo que ha ocasionado problemas y puesto en riesgo la salud de los pacientes, según la querella.

Los farmacéuticos supuestamente han recibido poca ayuda de los directores de cumplimiento, quienes, durante años, no han compartido información entre tiendas y en muchos casos se han negado a rechazar a médicos sospechosos incluso después de que minoristas rivales lo hayan hecho, argumenta la demanda.

“En lugar de examinar los informes de rechazo de las recetas, la unidad de cumplimiento veía el ‘crecimiento de las ventas y la concienciación de los pacientes’ como ‘una mejor inversión del tiempo de los directores y gerentes de mercado’”, declara el Departamento de Justicia, citando a un director de cumplimiento de la compañía. “Dada la escala nacional de esas infracciones, la incapacidad de Walmart para atenerse a las normas jurídicas básicas ayudó a alimentar una crisis nacional”.

En un momento dado, dice la demanda, los farmacéuticos supuestamente advirtieron a sus superiores de que las tiendas de Walmart en Texas y Oklahoma estaban “siendo atacadas” por recetas sospechosas de un médico en el este de Texas que se encontraba bajo investigación federal, y que otras tiendas habían dejado de atender a sus clientes. Uno de los farmacéuticos dice que el médico recibía la mayoría de pagos en efectivo y se negaba a responder preguntas de la farmacia.

En respuesta a una de las supuestas advertencias, un responsable de cumplimiento escribió en un ‘e-mail’ de diciembre de 2014 que “una investigación en sí no es un motivo de peso para dejar de aceptar recetas legítimas”, según la demanda.

El Gobierno asegura que las farmacias de Walmart siguieron despachando las recetas de este médico durante tres años –cerca de 14.700 entre 2014 y 2017, una media de más de 13 al día, más de 1,5 millones de dosis–. El médico fue condenado más tarde por violar la Ley de Sustancias Controladas, entre otros delitos federales, y sentenciado a 20 años de prisión federal, dice la demanda.

Walmart ha declarado que impidió que recetas de opioides de cientos de médicos dudosos fueran despachadas en sus farmacias

En su respuesta, Walmart ha declarado que impidió que recetas de opioides de cientos de médicos dudosos fueran despachadas en sus farmacias. “Exigiendo a los farmacéuticos y a las farmacias que cuestionen a los médicos, el Departamento de Justicia está poniéndolos entre la espada y la pared, y hay reguladores estatales de salud que afirman que ya se está yendo demasiado lejos para no despachar recetas de opioides”, señala la empresa en su declaración.

En su propia denuncia, Walmart decía que casi el 70% de los médicos que el Gobierno federal calificó de dudosos sigue teniendo matrículas activas de la DEA.

“En otras palabras, los acusados quieren culpar a Walmart de seguir despachando recetas supuestamente falsas firmadas por médicos a los que tanto la DEA como los reguladores estatales permitieron proporcionar dichas recetas en primera instancia y a los que siguen amparando hoy”, argumentaba el minorista en su demanda.

El Departamento de Justicia está tomando medidas para ayudar a que Walmart reconozca el papel en la crisis

Walmart es una de las muchas grandes empresas que han sido objetivo de tales demandas, presentadas por más de veinte estados y muchos gobiernos locales que reclaman que la agresiva comercialización de analgésicos recetados ha ayudado a alimentar la crisis.

El Departamento de Justicia está tomando medidas para ayudar a que Walmart reconozca el papel que debe tener en la lucha contra la crisis de opioides, dice en una entrevista Jeffrey Clark, jefe interino de la División Civil del departamento. “No es algo aislado o impune solo porque un doctor ‘pill-mill’ firme la receta”, afirma Clark. “Los farmacéuticos tienen el deber de no limitarse a despachar cualquier receta que llega”.

La demanda gubernamental describe una empresa en la que los farmacéuticos supuestamente sufrieron estrés por presiones de los managers y por una crisis incipiente que presenciaron de primera mano. Las presuntas órdenes empresariales para trabajar rápido no les permitían examinar cada receta sospechosa, y pidieron permiso en repetidas ocasiones para utilizar un rechazo total contra las clínicas que consideraban instalaciones ilegales explícitas, dice la demanda.

TE PUEDE INTERESAR

‘Crisis del opio’ en EEUU: la caja de Pandora se abre en octubre

Álvaro Moreno

“Si todos nos juntásemos y empezásemos a rellenar formularios de negativa a despachar para un médico de un centro ilícito, eso sería lo único que haríamos”, escribió un encargado de farmacia de Walmart en Texas en un ‘e-mail’ el 6 de febrero de 2015 a un director de la unidad de cumplimiento, según la demanda. “Otras cadenas se están negando a despachar sus recetas, lo que incrementa nuestra carga. Ayudadnos, por favor”.

La unidad de cumplimiento supuestamente rechazó esa solicitud y muchas otras, diciéndoles a los farmacéuticos que solo podían decidir en función de cada caso, según la demanda. En la práctica, eso llevó a Walmart a proveer a drogadictos –y alentó a más médicos a enviar a sus pacientes a las farmacias de Walmart–, declara el Gobierno, porque no tenían tiempo para revisar y completar los trámites necesarios para miles de denegaciones individuales.

Más tarde, Walmart dio un paso atrás y permitió los rechazos totales para médicos sospechosos, dice la demanda. No dice cuándo, para indicar que la empresa siguió los pasos de otros grandes minoristas y farmacéuticas que ya habían otorgado ese poder a sus farmacéuticos.

Hay más pruebas de que la crisis está empeorando durante la pandemia

El Departamento de Justicia había iniciado anteriormente una investigación penal paralela, con base en la oficina de abogados del Estado del distrito este de Texas, relacionada con la distribución de opioides por parte de Walmart. La dirección del departamento en Washington decidió en 2018 no presentar cargos, centrándose en su lugar en una demanda civil, según una persona familiar con el asunto.

EEUU vivió cerca de 50.000 sobredosis mortales de opioides en 2019, según datos federales, un récord que revirtió lo que había sido un breve respiro de los aumentos constantes del año anterior. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades alegaron la semana pasada que cada vez hay más pruebas de que la crisis está empeorando durante la pandemia, que tiene un tratamiento complicado mientras aumenta el aislamiento y el estrés.

El presidente Trump presionó al Departamento de Justicia para que apuntara a las empresas, especialmente las que fabrican opioides. En 2018, pidió que el entonces fiscal general Jeff Sessions presentara una demanda federal contra las compañías farmacéuticas que “realmente están produciendo opioides a un nivel que no es normal”.

Desde entonces, Purdue Pharma se ha declarado culpable de tres delitos graves federales relacionados con la comercialización y distribución de su poderoso analgésico opiáceo OxyContin. Eso formó parte de un acuerdo de 8.340 millones de dólares con el Departamento de Justicia.