El gran enemigo de Airbnb en su salida a bolsa: los vecinos enfurecidos

En los 12 años desde su fundación, Airbnb ha llegado a cientos de ciudades de EEUU, transformando muchas de ellas en mecas del alquiler vacacional.

En respuesta a ello, residentes de todo el país han aunado esfuerzos comunitarios para conservar la autoridad sobre estos alojamientos en manos de los pueblos y las ciudades.

Airbnb, que empezó a cotizar este jueves tras una salida a bolsa que la podría valorar por encima de los 40.000 millones de dólares, ha avisado a los inversores potenciales de que gestionar su éxito frente a vecinos enfadados y leyes locales desfavorables se encuentra entre sus mayores desafíos en EEUU y en todo el mundo.

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Muchas gigantes tecnológicas de Silicon Valley han luchado contra los reguladores en Washington y las capitales de estados. Los combates de Airbnb están estallando ciudad por ciudad. Para la empresa, la oposición podría producir un crecimiento más lento de lo esperado y costes más elevados si las autoridades locales imponen restricciones a los alquileres a corto plazo.

La pandemia del covid-19, que en primavera parecía desastrosa para la compañía, ha alimentado, en cambio, una explosión en la demanda de alquileres entre la gente que acudía en masa a destinos populares a una distancia asequible. En agosto, más de la mitad de las reservas de Airbnb en todo el mundo eran estancias a menos de 500 km de la ubicación del cliente, según la compañía.

La popularidad de los alquileres vacacionales a corto plazo ha dado pie a campañas locales y ha generado propaganda sobre los inconvenientes de vivir puerta con puerta con un grupo de turistas itinerante. Denver, Boston y Santa Mónica en California se encuentran entre las ciudades de EEUU que tienen normas sobre el funcionamiento de los alquileres a corto plazo.

Un portavoz de Airbnb declaró que la empresa “no puede hacer declaraciones de sus registros porque está en un periodo de calma” antes de su salida a bolsa. La compañía de alquiler vacacional ha dicho en el pasado que su negocio ofrece a los propietarios un modo de ganarse la vida y que su cotización supone ingresos fiscales para ciudades y estados.

Los vecinos suelen quejarse de fiestas ruidosas y delitos en las casas de alquiler vacacional

En Arizona, el único estado que aprobó una ley eliminando la autoridad de las ciudades para vigilar los alquileres a corto plazo, al menos dos legisladores estatales están trabajando en propuestas para el año que viene que rebatan la normativa de 2016. La ley se vendió a los reguladores con el ejemplo de “una pareja de ancianos que conseguía unos dólares extra alquilando su habitación de invitados”, dice John Kavanagh, el único Senador estatal que votó en contra entonces. “Eso no es lo que ha pasado”.

Los inversores invadieron vecindarios acomodados como Paradise Valley, Arizona, barrio residencial de Phoenix, donde compraron adosados para alquilarlos en Airbnb, afirma el alcalde Jerry Bien-Willner. Datos de la ciudad muestran que el 94% de los alquileres a corto plazo registrados en Paradise Valley son viviendas independientes sin propietarios que vivan en ellas.

Las tensiones aumentaron, apunta Bien-Willner, después de una serie de quejas de los vecinos sobre fiestas ruidosas y delitos en las casas de alquiler a corto plazo. Las ciudades no pueden hacer mucho porque no tienen voz sobre el alquiler de las propiedades, añade. Algunos habitantes de Arizona se quejaron de que sus viviendas perdieron valor porque solo los inversores querían comprar una casa cerca de una de alquiler a corto plazo, según Bien-Willner. “Ya no conocías a tus vecinos”, dice.

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En Sedona, Arizona, un enclave turístico conocido por sus impresionantes cañones de arenisca, la elevada demanda de alquileres de Airbnb empeoró la escasez de vivienda asequible y “destruyó el mercado de alquiler a largo plazo”, declara la alcaldesa, Sandy Moriarty. Se han marchado tantos habitantes que una escuela primaria tuvo que cerrar el año pasado, afirma. La ciudad intentó imponer restricciones por zonas en barrios residenciales, dice, pero fueron bloqueadas por la ley estatal.

El miércoles, más de 20 alcades de Arizona escribieron al CEO de Airbnb, Brian Chesky, subrayando el impacto negativo de los alquileres a corto plazo en sus vecindarios, incluidas grandes fiestas durante la pandemia. La empresa prohibió las fiestas en su política a finales del año pasado, y este año ha emprendido acciones legales contra al menos cuatro huéspedes por violar dichas condiciones.

En Scottsdale, Arizona, Marjorie Pennock se despertó con el sonido de un disparo a mediados de octubre. Un grupo de fiesteros de la propiedad de alquiler de al lado sacó sus armas y empezó a disparar. Una persona fue herida en el brazo. Cinco casas fueron atacadas en el tiroteo, según un informe policial, y se recogieron más de 100 casquillos en el exterior de la casa de la señora Pennock. “Estaba en mi cuarto pensando que iba a morir”, declara.

Fiesta pública

Bill Hunter, banquero jubilado que hace campaña para cambiar la ley de Arizona, se enteró del tiroteo mientras estaba en Scottsdale repartiendo carteles que decían “Casas, no hoteles”. Llegó al barrio de Pennock al día siguiente y se encontró a decenas de residentes reunidos en la calle, ansiosos por hablar con él. “De repente, estoy dando un seminario sobre lo que podrían hacer para presionar a sus representantes locales para cambiar la ley”, declara.

Hunter, un hombre de 65 años residente de Paradise Valley, empezó su labor el año pasado, afirma, después de que la casa de al lado se convirtiera en un alquiler para fiestas. Cuando descubrió que Arizona había arrebatado a las ciudades el poder para regular tales propiedades, fundó un grupo llamado ‘Neighbors Not Nightmares’, esperando llegar a otros propietarios afectados. Dice que utilizó una página web que creó un consultor que encontró en Craiglist y que trabajaba desde una caravana. Hunter animó a la gente a que mandara emails a los legisladores estatales, y cientos compartieron su historia.

“Los correos que he recibido son desgarradores”, dice la senadora estatal Kate Brophy McGee. Le conmovieron las historias que contaban vecinos preocupados y ha lanzado un proyecto de ley este año para devolver cierto poder a las ciudades. El proyecto de ley salió vencedor del Senado en febrero, pero murió en el Congreso cuando la legislatura se paró por la pandemia. McGee, republicana, perdió su escaño el mes pasado.

Lieberman, un político demócrata, se ha comprometido a luchar contra esta ley

El grupo de Hunter preparó una encuesta para los 154 candidatos que se presentaron por Arizona en las elecciones de noviembre y les presionaron con ‘e-mails’ y llamadas para que se pronunciaran sobre el control de los alquileres a corto plazo. Publicó sus respuestas, así como los nombres de los que no respondieron, instando a la gente a que votara por aquellos que prometieron iniciativas legislativas.

El representante estatal Aaron Lieberman, demócrata, fue uno de los que prometieron respaldar la causa del grupo. Fue reelegido el mes pasado y dijo que intentará derogar la ley estatal el año que viene. “Los números son potentes, y la gente sigue compartiendo historias horribles una y otra vez”, declara. “Es el tema sobre el que más he oído hablar a la gente”.

Lieberman, quien intentó a principios de año derogar la ley de 2016 sin éxito, espera conseguir apoyo de legisladores que se comprometieron a actuar en la encuesta de Hunter, explica. Kavanagh, antiguo senador estatal que es ahora representante estatal, dice que reintroducirá un proyecto de ley que busque imponer requisitos más estrictos a los alquileres a corto plazo, como capacidad y niveles de ruido máximos.

El Gobernador republicano Doug Ducey, que defendió la ley actual, no deja espacio para la duda en una contestación vía email: “No tenemos intención de cambiar de rumbo”.

Luces, cámara, acción

En Arlington, Texas, un grupo de madres presionaron a la ciudad el año pasado para que introdujera leyes de zonificación para regular de forma más estricta los alquileres a corto plazo. Una de ellas, Jessica Black, había creado un grupo de Facebook llamado ‘Madres contra los alquileres vacacionales’.

Poco después, el grupo se centró en un proyecto de ley en Texas que, al igual que la ley de Arizona, arrebataría la autoridad local sobre dichos alquileres. El grupo buscó en las noticias locales nombres de residentes que se habían quejado por los alquileres a corto plazo de todo el estado. Después, les llamaron. “Dijimos, oye, ¿tienes este problema? Tenemos el mismo problema. ¿Qué podemos hacer para trabajar juntos?”, dice Black.

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Ella y otras viajaron hasta Austin para presionar a los legisladores cara a cara. Tiraron de ahorros para pagar los hoteles y otros gastos. Black abordó a los legisladores para hablarles de diferentes peligros, incluida la utilización potencial de alquileres a corto plazo para el tráfico de personas y otros delitos. El proyecto de ley nunca llegó a votarse.

Black, de 46 años y madre de dos niñas, dice que la gota que colmó el vaso fue que una propiedad de alquiler a corto plazo de al lado se convirtió en un plató de rodaje temporal, lo que generó un jaleo de generadores y luces resplandecientes.

“Teníamos una puerta giratoria de extraños”, dice de la oposición de su vecindario a la proliferación de los alquileres a corto plazo. “Como madres, perdimos el sentido de seguridad y comunidad. Estábamos preocupadas cuando nuestros hijos salían a montar en bici, a coger el autobús o a pasear al perro”.

Ernie Bach, de Largo, Florida, dice que acudió a grupos de Alemania y Reino Unido para pedir consejo cuando Florida examinó este año un proyecto de ley que también habría privado a las ciudades de su control sobre los alquileres a corto plazo. El ‘lobby’ de Bach ‘Silver Haired Legislature’ llevó a ciudadanos a testificar en contra.

“Tienen los mismos problemas”, dice. “Comparamos comentarios sobre lo que está pasando y quién ha tenido éxito, hasta qué punto y cómo lo ha conseguido”. El proyecto de ley de Florida finalizó en la pandemia. Bach dice que su grupo está preparado para actuar si resucita.

Grupos en Arizona se han organizado y han recaudado dinero para su campaña

En Barnstable, Massachusetts, con 45.000 habitantes, Heather Hunt persuadió a su marido para que se presentara al ayuntamiento a finales de año para que pudiera frenar una propuesta que habría limitado la autoridad de la ciudad sobre estos alquileres.

Hunt, abogada de 54 años, fundó el año pasado un grupo llamado ‘Barnstable Watch’ después de ver una jeringuilla fuera del alquiler vacacional de al lado. “Dije: seguro que no soy la única”, recuerda. “Necesito encontrar gente que esté pasando por lo mismo”. Encontró propiedades locales para alquilar en Airbnb y otras páginas, y escribió cartas a los vecinos de al lado, sugiriendo unir fuerzas.

El grupo libró una batalla de meses contra la propuesta, recaudando dinero para poner anuncios en el periódico y en la radio sobre la experiencia de los habitantes de Arizona. En un domingo el otoño pasado, le dijo a su marido, David Bogan, “tienes que presentarte a concejal. Podemos quedarnos fuera o meternos en el ‘ring’”. Aceptó, y ganó.

En noviembre, la propuesta fue descartada tras meses de presión del grupo de Hunt en público y de su marido en el ayuntamiento. Los vecinos están “dedicando varias horas al día y gastando su dinero para resolver un problema que nunca habrían tenido que resolver ellos”, declara Lieberman, legislador por Arizona. “Se supone que ese es nuestro trabajo”.