Indra y la paranoia política: móviles sin datos, presuntos topos de Moncloa y seguridad nivel CNI

Indra siempre fue una empresa especial. Dada su propia naturaleza, como hacedor de los encargos del ministerio de Defensa y de su vigilancia sobre las comunicaciones del Estado, los militares de alta graduación y los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han estado históricamente empotrados en la compañía para fiscalizar toda la información sensible para el país. Una convivencia que los gestores han aceptado como natural, incluido tener como asesores a expresidentes del Gobierno, como Felipe González, José María Aznar o al exsecretario general de la OTAN, Javier Solana. Incluso el rey emérito jugó un papel en la época de Javier Monzón.

Pero ahora, además, Indra vive hoy instalada en una paranoia poco habitual en una sociedad cotizada. Escribano, que fue aupado hace apenas trece meses a la presidencia con el beneplácito de Manuel de la Rocha, jefe de la oficina económica de Moncloa y hombre de Pedro Sánchez para el mundo empresarial, ahora ha recibido el mensaje del propio De la Rocha para que no sea él quien haga la fusión con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), el taller familiar devenido en gran empresa. Mismo Gobierno, dos mensajes opuestos y apenas un año de diferencia.

Una operación que lleva el sello del conflicto de interés desde el origen. Por un lado, los hermanos Escribano están en el lado del comprador —tienen el 14,3% de Indra— y del vendedor. Por el otro, buena parte de la valoración milmillonaria en la que ahora se tasa EM&E se debe a los cientos de millones en contratos concedidos a dedo por el Gobierno, bien a la empresa directamente, bien pasando primero por una adjudicación a Indra, que luego esta reparte.

Obviamente, Ángel, que le ha cogido el gusto a viajar en avión privado, a que le reciban los presidentes de todas las comunidades autónomas y hasta en los centros de poder de Oriente Medio, no entiende nada. El presidente pensaba que estaba haciendo lo que le había ordenado el Gobierno socialista, un ejecutivo que siempre había arrastrado los pies con el gasto en defensa y que ahora se ha visto obligado a invertir al calor del tsunami geopolítico provocado por Donald Trump.

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De momento, el modo en que Escribano se está resistiendo a dejar el cargo muestra que sigue estando más cómodo con las formas de gestión del polígono industrial, donde hacía lo que le daba la gana sin dar explicaciones a nadie, como buena pyme española, que con las sutilezas propias de las bambalinas del poder y la gobernanza corporativa de una empresa cotizada de 10.000 millones de euros.

El presidente, con cierta lógica, sigue sin digerir que los mismos que le nombraron presidente le dicen ahora que se aparte. Los que le pidieron comprarse su empresa le han ordenado parar. Ahora, no antes, han considerado que pagar 2.000 millones por EM&E en estas condiciones de gobernanza puede convertirse en un escándalo. Al que, por cierto, EEUU le ha puesto ya la lupa, por sentirse perjudicado al quitarle el negocio, unos 7.500 millones, a Santa Bárbara.

El grado de nerviosismo es tal que nadie se fía de nadie. Algunos directivos han cambiado de teléfono. Se han comprado un modelo tipo Nokia sin conexión a datos porque no saben si están siendo escuchados. En parte porque desde que Escribano fue nombrado presidente, instaló un sistema de vigilancia más propio del Pentágono. El módulo Azul, planta 3, donde está la sala noble de Indra, ha sido blindado con un sistema de acceso limitado, solo para una serie reducida de directivos, a los que se les ha dado un código personal. El resto, que antes podían entrar para hablar con naturalidad a sus superiores, ya no pueden pisar ese espacio, salvo llamando a un telefonillo para que alguien, con una cámara como testigo, les abra la puerta.

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Si alguno tiene alguna reunión con el presidente, lo primero que debe hacer es, nada más traspasar la puerta, dejar cualquier dispositivo móvil en un mueble nuevo, situado a la derecha, con unas celdas donde hay que depositar teléfonos, tablets, ordenadores y hasta los relojes inteligentes. Modelo edificio del CNI, situado en la llamada Cuesta de las Perdices, a las afueras de Madrid, camino de La Coruña, donde es mandato desnudarse digitalmente nada más entrar si se tiene alguna reunión con los militares por motivos de seguridad nacional.

El delirio es tal que Escribano, nada más ser aupado a la presidencia, potenció un departamento de inteligencia, coordinado por Francisco Rosaleny Pardo de Santayana, al que ya tenía en EM&E, vigilando todo lo que fuera necesario. Instalados fuera de las oficinas de Indra, por la zona del Santiago Bernabéu, desde allí supervisaban cualquier asunto que preocupase al presidente. Para ellos crearon un war room o comité de crisis, con la participación de Aleix Sanmartín, el ahora gurú electoral del Partido Popular, antes del PSOE, con el mandato de comprar voluntades o bloquear enemigos.

De esas cocinas salió un dosier, por supuesto sin ningún membrete identificativo, sobre SAPA, propiedad de los hermanos Aperribay, accionistas de Indra con un 8% del capital, que se oponían y se oponen a la compra de la empresa de los Escribano por 2.000 millones. Obviamente, cuando los empresarios vascos preguntaron por esa carpeta, con más de una docena de documentos sobre ellos mismos, sus sociedades y su familia, Escribano negó cualquier conocimiento y responsabilidad sobre ese trabajo tan pormenorizado.

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El reciente despido de Carmen Pérez como responsable de comunicación, fichada menos de un año atrás de presidencia del Gobierno, se debe a que en la cúpula se sospechaba que podía estar ejerciendo de "topo" de Moncloa, el audífono de De la Rocha, supuesto motivo por el cual el jefe de Moncloa, que ahora se opone a lo que antes bendecía, expresó su enfado a los mandatarios de la empresa controlada desde la SEPI, con un 28% del capital.

Las decisiones empresariales que se han tomado en Moncloa en los últimos tiempos han generado polémica mediática, pero también empresarial. La intervención en Telefónica o la entrega de Talgo a un consorcio vasco liderado por José Antonio Jainaga, el dueño de Sidenor, cuya sede fue registrada la semana pasada por la Policía Nacional por orden de la Audiencia Nacional por vender acero a Israel, son casos de estudio. Pero Indra es un caso paradigmático de empresa de interés público que requiere de profesionales sin carné de partido. No es una compañía cualquiera, especialmente ahora que toca fabricar misiles, carros de combate y satélites para defensa propia y continental. Y gobierne quien gobierne a futuro, Indra tendrá una relevancia especial.

Lo curioso de Escribano, que con la absorción de EM&E a cambio de acciones se aseguraba el control de Indra fuese quien fuese el inquilino de Moncloa al convertirse en el mayor accionista, es quien ha conseguido poner de acuerdo, por una vez, a PSOE y PP: ninguno quiere ya la operación.