Lío nuclear: una consejera de REE exige el cierre de Almaraz sin que opinen sus técnicos

No está el horno para bollos en el sector eléctrico. El reparto de culpas por el apagón y el debate sobre el futuro de las redes han generado un clima de conflicto en el que se vigila cada movimiento. Hay dos bandos claramente definidos: por un lado, las grandes eléctricas, con Iberdrola e Ignacio Sánchez Galán como principales referentes; por otro, Redeia, la matriz de Red Eléctrica de España (REE), presidida por Beatriz Corredor. En pleno fuego cruzado entre ambos frentes, una consejera de Red Eléctrica, muy próxima al Gobierno, ha provocado un nuevo frente de polémica con impacto inmediato en el sector nuclear.

Se trata de Natalia Fabra. Considerada una de las principales referencias energéticas del entorno de Teresa Ribera y fija en las quinielas para altos cargos del sector donde el Ejecutivo tiene influencia, Fabra decidió participar el pasado martes, por iniciativa propia, en un acto de Greenpeace contra la extensión de la vida útil de las centrales nucleares en España, con el debate sobre la ampliación de la central de Almaraz —la primera en el calendario de cierres— más vivo que nunca.

Su intervención ha incrementado el malestar de Iberdrola, Endesa y Naturgy con Red Eléctrica, mientras estas compañías esperan que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Ministerio para la Transición Ecológica den luz verde a su solicitud para extender la vida de Almaraz hasta 2030. Según fuentes conocedoras del proceso, incluso algunos técnicos del CSN han mostrado su descontento por estas intromisiones, ya que el organismo trabaja a contrarreloj para emitir en verano el informe técnico que autorice tres años adicionales de operación para los dos reactores.

La polémica se agrava porque Red Eléctrica es "juez y parte" en este procedimiento. De acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico, el cierre de una central debe ser autorizado por la Administración, previo informe técnico de REE sobre la seguridad y viabilidad del sistema. En este contexto, la posición pública de una consejera de Redeia supone pisar el criterio de sus propios técnicos, tanto en un escenario de cierre como de prórroga.

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En el sector energético nadie se sorprende por la postura personal de Fabra. El revuelo entre técnicos y directivos se debe a que, desde junio, representa a una empresa clave en una decisión de enorme impacto político y mediático. Tanto en Bruselas como en España, la economista —hija de un expresidente de Red Eléctrica y exconsejero del CSN— se ha manifestado históricamente contraria a la energía nuclear y favorable al desarrollo de las renovables y del sector gasista.

Un argumento que favorece al Gobierno

Durante la presentación del estudio de Greenpeace, liderado por el catedrático Eloy Sanz —otro referente energético cercano al Gobierno—, Fabra defendió que la ampliación de la generación nuclear desincentiva la inversión en renovables al distorsionar los precios del mercado. Greenpeace sostiene, además, que la sola prórroga de Almaraz tendría un coste de 3.800 millones de euros para la ciudadanía.

Este planteamiento se apoya en un reciente estudio de Fabra. Los efectos de la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares sobre los precios y las emisiones: evidencia de España, que así es como se titula su investigación a la que hizo mención el pasado martes, asegura que la continuidad de la central cacereña reduciría significativamente los precios capturados por la fotovoltaica y la eólica, incrementaría los vertidos renovables y deterioraría la rentabilidad de nuevos proyectos, ralentizando su despliegue.

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Se trata de un argumento que alivia la encrucijada en la que se encuentra el Gobierno por parte de la consejera que nombraron en 2025 en la empresa en la que el Estado es máximo accionista, con un 20% a través de la SEPI. La ministra Sara Aagesen y el propio Pedro Sánchez han defendido, por activa y por pasiva, que cualquier ampliación de Almaraz no puede hacerse a costa del bolsillo de los consumidores. En este sentido, los resultados del estudio apadrinado por Fabra refuerzan la posición del PSOE y Sumar de que se respete el calendario de cierre, cuyo cambio iría en contra de su propio acuerdo de Gobierno.

Aunque el informe era previsible por proceder de Greenpeace —una organización con notable acceso al Ministerio— y de un grupo de expertos encabezado por Natalia Fabra, el conflicto surge por la implicación indirecta de Red Eléctrica a través de su consejera. La empresa de Beatriz Corredor se ha convertido en el foco de las críticas de las grandes eléctricas. Este lío nuclear pone más carne en el asador de la batalla abierta por las responsabilidades del apagón y la gestión del sistema eléctrico.