El plan de Moncloa en Indra y el valor de Escribano M&E: de 100 a 1.000 M en tres años

Pocos negocios multiplican por diez veces su valoración en un periodo corto de tiempo. Pero algunos lo consiguen, bien por contar con algún algoritmo extraordinario, una estrategia de negocio cuasi mágica, el viento a favor por un cambio geopolítico global que ha disparado las valoraciones del sector y/o tener unos objetivos que resultan estar alineados con un gobierno con ganas de intervenir. Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), una empresa de material militar de Alcalá de Henares, es una de ellas: hace apenas tres años se valoró en 100 millones y hoy alcanzaría una valoración de al menos 1.000 millones.

El logro es de los hermanos Ángel y Javier Escribano, quienes compraron el 33% de su compañía familiar al sultanato de Omán en febrero de 2022 por apenas 32 millones, lo que equivalía a valorar el 100% de las acciones en 97 millones de euros. El fondo de Oriente Medio había entrado en su accionariado en 2016 para apoyar el crecimiento de la empresa madrileña, al pagar 16 millones por un tercio del capital. Por el momento, está siendo una operación de altísima rentabilidad para la familia Escribano. Pero, si se tiene en cuenta lo que ha ocurrido después, al albur de la estrategia del Gobierno en el sector de la Defensa, se puede convertir en uno de los pelotazos más espectaculares de los últimos tiempos.

Justo cuando los Escribano recuperaban el control total de su empresa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció que elevaría su participación en Indra del 18% al 28%, operación que vino acompañada por la adquisición de un 5% por parte de Joseph Oughourlian, el presidente de Prisa, y unos meses más tarde por la destitución masiva de todos los consejeros independientes. Salieron todos los consejeros molestos, que denunciaron una concertación evidente en la maniobra que llevó a su destitución. Incluso la CNMV vio indicios, pero no los suficientes como para denunciar un pacto de control. Tal vez fue casualidad, pero ese mismo mes Indra se ponía a disposición de la cátedra de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, que fue recibida con honores en la compañía.

Con todo bajo control por parte del Gobierno, cambio incluido de presidente, en la figura de Marc Murtra, en mayo de 2023, los Escribano se hicieron con un 3% de Indra, que un año después elevaron al 8%, gracias a un crédito de JP Morgan por 90 millones de euros. La garantía de esa financiación eran las propias acciones de la compañía, por lo que la subida o bajada de la cotización haría ricos o pobres a los dos hermanos. Pero la apuesta parecía segura, porque el Ejecutivo progresista ya había insinuado su intención de hacer un campeón nacional de la defensa.

La garantía eran las acciones, por lo que la subida o bajada de la cotización haría ricos o pobres a los hermanos

Coincidencia también de los mercados, al tiempo que los Escribano se hacían fuertes en Indra, los hermanos compraron un paquetito de acciones de Prisa, a la que Moncloa, desde hace tiempo, ha querido echar el lazo. Una participación, aún pequeña, a disposición de Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, los empresarios coordinados con Pedro Sánchez, empeñados en hacerse con el control de ‘El País’ y la ‘Cadena SER’.

Tras la casualidad y la coincidencia, llegó la tendencia. El 5 de diciembre del pasado año, una vez certificada la victoria de Donald Trump, los hermanos comunicaron que incrementaban aún más su posición en Indra, hasta el 14,3%, con un valor ya de 450 millones. Un momento en el que el Gobierno tenía ya más que decidida la sustitución de José María Álvarez Pallete al frente de Telefónica en favor de Murtra, y el nombramiento en paralelo de Ángel Escribano como primer ejecutivo de la compañía de defensa. Decisiones que se ejecutaron todas el fin de semana del 18 y 19 de enero, con las comisiones de nombramientos y retribuciones y la CNMV haciendo la vista gorda.

La guerra de Ucrania, primero, y el rearme ordenado por la Comisión Europea tras la amenaza de Trump han hecho el resto. EM&M ha pasado de facturar 87 millones en 2022 a esperar una cifra de negocio de 430 millones este año, mientras su beneficio de explotación se ha multiplicado por cinco, hasta los 130 millones. Indra, como otras empresas del sector, se ha disparado un 61% en bolsa en lo que va de año, por lo que la participación de los Escribano asciende ya casi 700 millones.

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Una revalorización que los hermanos, sentados ambos en el consejo de Indra, quieren aplicar a EM&M. Algunas cifras ya se han dejado caer encima de la mesa. Javier, el hermano que se ha quedado al frente de la empresa familiar, asegura que esta no se vende por menos de 1.000 millones, diez veces el valor al que se cerró la operación hace tres años. En caso de llegar a un acuerdo, cada uno se embolsaría al menos 500 millones, bien en efectivo, bien en acciones de la nueva compañía. A eso habría que sumar los más de 400 millones de plusvalías latentes en Indra. No se puede pedir más en tan menos tiempo.

Un beneficio potencial de los que hacen historia, proporcional al conflicto de interés sobre el que se tendrá que pronunciar este miércoles el consejo de administración y la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, que hasta la noticia adelantada por Expansión y El Confidencial, tras desmentido previo del jefe de comunicación de Indra, no tenían conocimiento de la existencia de ninguna operación. Solo uno, José Vicente de los Mozos, el consejero delegado, estaba al tanto, según la nota enviada el viernes por la tarde a la CNMV aclarando la información sobre la compra.

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En la reunión del consejo de marzo, varios de sus miembros ya echaron en cara a los Escribano que hubiera anunciado en su intervención en el Congreso de los Diputados que querían comprar Santa Bárbara y una planta de Duro Felguera, cuando no les había dicho nada en el órgano de gobierno de la compañía. Hasta Joseph Oughourlian, hasta hace poco amigo de Sánchez, les hizo frente. No es lo mismo gestionar la empresa familiar no cotizada que una compañía del Ibex, con al menos el 86% en manos de otros accionistas, incluidos los 47 millones de contribuyentes españoles.