Sareb, Sepes, Abogacía del Estado y los cimientos de la futura promotora pública

Hace mucho tiempo que el Gobierno de Pedro Sánchez estudia la idea de crear una gran promotora pública. Más allá del anuncio que aprovechó a lanzar el presidente en el congreso federal del PSOE, celebrado bajo la sombra del escándalo Koldo-Ábalos, la realidad es que esta opción lleva mucho tiempo siendo analizada con detalle en los despachos del Ministerio de Vivienda.

En un primer momento, se planteó que el embrión de la gran promotora pública fuera Sareb. Hace dos años, tras asumir todos los españoles un déficit de 10.000 millones y 30.000 millones de deuda del banco malo, el Gobierno Sánchez nacionalizó la entidad. Aquel paso fue visto por algunos miembros del Ejecutivo como el cimiento perfecto para crear la gran inmobiliaria pública que diera forma a los constantes anuncios de casas para todos.

Desde la nacionalización de Sareb, y hasta el pasado verano, se estuvo analizando esta posibilidad, que nunca fue bien vista por el sector, cuya receta para solucionar la crisis habitacional pasa por más colaboración público-privada, no por una locomotora exclusivamente pública. De hecho, el retraso en la venta de Árqura, la promotora que Sareb creó con sus mejores suelos, se debe en gran parte a este debate, ya que Sumar defiende que el banco malo sea el embrión de la futura inmobiliaria pública.

Árqura es la joya de la corona de Sareb, una filial valorada en 800 millones de euros y sobre cuyos suelos está proyectada la construcción de 18.000 casas. El plan para traspasarla a un privado arrancó formalmente en la primavera de 2023, pero chocó con la idea defendida por los morados de convertir a Sareb en el gran casero estatal de alquileres asequibles, debate que tuvo muchos meses congelada la venta.

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EFE

Abogacía del Estado inclinó la balanza a favor de reanudar el proceso de desinversión y dejar para otros entes públicos el planteamiento de la gran inmobiliaria estatal. Una valoración que pareció surtir efecto el pasado verano, cuando el consejo de Sareb retomó la venta, aunque esta avanza más despacio de lo que espera el sector, retraso que, con este nuevo mar de fondo, genera desconfianza.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, fue la encargada de intentar espantar fantasmas y poner en orden el anuncio de la futura inmobiliaria estatal, acotándola al diseño que ya dejó esbozado su predecesora, Raquel Sánchez. La catalana ya planteó crear una empresa pública con 100.000 pisos de alquiler asequible, cifra que después se disparó hasta 180.000, con Sepes como corazón del sistema, y Sareb, como importante complemento.

El actual Plan de Vivienda en Alquiler Asequible del Ejecutivo sí contempla que el banco malo juegue un papel principal con la aportación de unos 50.000 pisos que ya tiene construidos, viviendas que podrían recalar en la futura inmobiliaria pública, junto a los 10.000 del Fondo Social de Vivienda. Pero el plato fuerte recae sobre las espaldas del Ministerio de Vivienda, que deberá liderar el desarrollo de 127.000 hogares.

De estos, unas 36.000 casas están proyectadas sobre suelos de Sepes, cerca de 10.000 corresponden a acuerdo con entidades locales, en torno a 25.000 al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 14.200 al Plan Estatal de Vivienda y 33.000 son las proyectadas con las líneas ICO para promoción de vivienda. Estos números, en cualquier caso, suponen un desafío para varios años. En el mejor de los escenarios, para principios de la próxima década podrían estar estas viviendas en marcha, pero la emergencia habitacional es ahora.

En favor de este diseño, juega que el problema de acceso a la vivienda se concentra en unas pocas ciudades, en muchas de las cuales Sepes tiene importantes bolsas de terreno casi listas para empezar a construir. Madrid y Barcelona, por sí solas, representan un 30% del déficit de vivienda nacional, es decir, del diferencial entre la creación neta de hogares y la producción de vivienda nueva. Si se suma Valencia, Alicante y Málaga, este número empieza a acercarse al 60%. La futura inmobiliaria pública, por tanto, deberá concentrar sus esfuerzos promotores en estas zonas y buscar grandes desarrollos, como está haciendo con Operación Campamento en la capital.

Pero financiar toda esta obra va mucho más allá de lanzar una frase ante las cámaras. Requerirá disparar los presupuestos públicos para vivienda y apostar por la colaboración público-privada. El ejemplo de Viena, espejo en el que dice mirarse el Ejecutivo, así lo demuestra. Ocho décadas ha necesitado la capital austríaca para tener el parque de 400.000 viviendas que posee actualmente y que permite al 60% de la población disfrutar de un alquiler asequible.

Según las cifras del Sindicato de Inquilinas, una de las voces con más ascendencia en el ala más zurda del Gobierno, nuestro país necesitaría 27 generaciones para llegar a donde está hoy Viena con los niveles actuales de producción. Por tanto, ya sea sobre Sareb o sobre Sepes, los cimientos que deberá poner primero el Ejecutivo pasan necesariamente por disparar la inversión en vivienda para disparar el volumen de alquileres asequibles.