De la negación a la incredulidad: llega un nuevo otoño caliente para las socimis

"No va a haber ningún impuesto a las socimis". Este fue el mensaje que diferentes asociaciones inmobiliarias transmitieron a sus afiliados hasta el pasado miércoles. Ese día, las dos almas del Gobierno, PSOE y Sumar, propusieron modificar el régimen socimi vía enmiendas al proyecto de ley que establecerá un impuesto global mínimo del 15% a las multinacionales. En cuestión de horas, de la negación se pasó a la incredulidad.

El Ejecutivo ha vuelto a la carga contra estas entidades apenas tres años después de gravar con un 15% sus beneficios no distribuidos, una medida que hizo correr ríos de tinta, pero que apenas tuvo resultados recaudatorios. Ya sea para mitigar el escaso impacto de aquella decisión o porque se trata de una bandera para las formaciones de izquierda, la realidad es que las socimis están de nuevo en el centro de la diana.

Un nuevo protagonismo que, además, llega cargado de interrogantes. Los socialistas, lejos de aclarar su posición, presentaron una enmienda nada concisa en la que "se comprometen a impulsar modificaciones en la ley que regula a las socimis con el fin de contribuir a incrementar la oferta de vivienda a corto plazo y a ayudar a satisfacer las necesidades habitacionales de aquellas personas vulnerables".

Sus socios de Sumar fueron varios pasos más allá y en su enmienda propusieron derogar el régimen fiscal de las socimis, obligando a que las dedicadas a vivienda alquilen dentro del marco de precios de los mercados tensionados y prohibiéndoles el alquiler turístico o de temporada, de manera que todos sus hogares se destinen a arrendamiento residencial.

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Ruth Ugalde

Este embate fue respondido por el Partido Popular, que también presentó dos enmiendas en sentido contrario: tratar de blindar a las socimis con la justificación de que son el principal instrumento de inversión colectiva en España. Parece claro que se avecina un otoño caliente.

Para el sector, es crítico rebajar el tono y sacar a las socimis del debate mediático, ya que la mera amenaza supone demasiadas llamadas de inversores, que rápidamente ajustan sus valoraciones ante cualquier riesgo que tenga visos de convertirse en realidad. De ahí que hasta el último momento imperara el mensaje de la negación.

Sin embargo, mientras de puertas hacia afuera se defendía que no iba a pasar nada, en los despachos del Ministerio de Vivienda y de partidos como Junts o PP se intensificaron las reuniones y las llamadas para intentar salvaguardar las ventajas fiscales de estas sociedades. Unos encuentros que a partir de ahora se van a multiplicar.

Las socimis son conscientes de que la amenaza es real y están tratando de hacer ver al Ejecutivo que la solución al problema de la vivienda no pasa por eliminar su régimen, sino por desarrollar un reglamento que regule las diferentes casuísticas de estas sociedades y, además, aprovecharlas para construir un marco especialmente ventajoso para las viviendas de alquiler social y asequible.

A nadie se le escapa que muchas socimis operan pervirtiendo el sentido de la ley, con el único objetivo de aprovechar sus ventajas fiscales: desde grupos familiares que ponen bajo este régimen sus inversiones inmobiliarias, hasta grandes fondos que lo aprovechan para estructuras fiscales hipereficientes. Este abuso de la norma amenaza con hacer pagar a justos por pecadores.

Las grandes socimis como Merlin o Colonial, que sí son auténticos vehículos de inversión colectiva, verán golpeadas sus cotizaciones si, en algún momento, se eliminan sus ventajas fiscales. Fuera de nuestras fronteras, a estos vehículos se los conoce como REITs cotizados y están claramente diferenciados de los privados, como son las socimis de fondos y family offices que carecen de liquidez y negociación. Tratarlos fiscalmente de manera diferente es una de las opciones que se plantea abordar.

A nadie se le escapa que muchas socimis operan pervirtiendo el sentido de la ley, con el único objetivo de aprovechar sus ventajas fiscales

En España hay 125 socimis que suman una capitalización de 25.000 millones. Casi la mitad de esta cifra, 12.000 millones, se lo reparten entre las cuatro únicas que cotizan en el Mercado Continuo (Merlin, Colonial, Lar y Árima). Este dato ayuda a comprender que, como ocurre con el resto del tejido empresarial español, la inmensa mayoría de estas sociedades son pymes a las que resulta difícil responsabilizar del auge del precio de los alquileres, ya que representan menos del 1% del mercado.

El 90% está en manos de particulares, mientras que algo menos del 10% se lo reparten entre fondos como Blackstone o Cerberus (que están detrás de varias socimis) y grandes tenedores como Sareb o Caixabank. El gran reto que tiene por delante el sector pasa por hacer comprender al Ejecutivo estas diferencias y tratar de encontrar puntos en común incentivando fiscalmente, y de todas las maneras posibles, a aquellas socimis que aboguen por alquileres sociales y asequibles.

Estas nuevas figuras son las primeras que ven con malos ojos eliminar el régimen, ya que se trata de un marco del que ellas mismas se benefician, y tampoco quieren enfrentarse al resto del sector. Sin embargo, todas las partes son conscientes de que las socimis llevan demasiado tiempo en el centro de la diana de las formaciones de izquierda y que controlar el precio de la vivienda es una prioridad para los socios del Gobierno. Dos máximas que hacen difícil confiar en la negación y abren la puerta a superar cualquier incredulidad.