El nuevo enganchón judicial del poderoso ciudadano Ulibarri

El próximo 11 de mayo, en el Juzgado de Primera Instancia 12 de Valladolid, debería celebrarse la primera vista de un caso que tiene como protagonista a José Luis Ulibarri, controvertido constructor berciano (procesado por la trama Gürtel) y poder fáctico de Castilla y León gracias a su condición de principal editor de medios de comunicación de la región. Dada la situación extraordinario que vive el país, la cita judicial se aplazará hasta nueva fecha, pero las periciales del caso en cuestión, una disputa accionarial en Edigrup, su principal sociedad editora, muestra las dispensas institucionales que disfruta este magnate local.

El caso en cuestión afecta a Ulibarri y a un pequeño fondo de inversión, Vertrauen Corporate, convertido en socio minoritario de Edigrup tras comprar la participación (22%) que antes fue de Caja España-Duero (Banco Ceiss) y que Unicaja, tras absorber el banco castellanoleonés, liquidó a precio de saldo. Varias cajas de ahorros de Castilla y León eran socias del empresario en su grupo de medios, con emisoras de radio (Punto Radio), periódicos (León, Valladolid, Burgos, Soria…) y televisiones (RTV Castilla y León), y a su vez financiadoras de su grupo constructor Begar, quebrado en 2009 con 245 millones de deuda.

En esta ocasión, el frente judicial de Ulibarri con su socio financiero es casi el tema menor. El fondo vendió su participación al empresario en 2018 por un importe próximo al millón de euros, aunque con una cláusula por la que esa cantidad sería mayor (otro millón más) en caso de que Radio Televisión de Castilla y León, propiedad al 50% de Edigrup y su rival y socio Antonio Miguel Méndez Pozo (Promecal), su 'alter ego' burgalés, cobrara una parte significativa de los 27 millones de euros adeudados por la Junta de Castilla y León en concepto de IVA en los siguientes dos años. Y el dinero llegó y comenzó el principio del pleito.

Cada año, la televisión autonómica de Castilla y León, operada bajo un modelo de gestión privada desde la sociedad Radio Televisión de Castilla y León, recibe una inyección de dinero público para financiar el grueso de su funcionamiento. Este modelo, alternativo al de otras CCAA, generó a partir de 2011 un conflicto con Hacienda, que consideró las ayudas directas bajo la figura de contrato y no de subvención, y por lo tanto no exentas de IVA. La discrepancia, que llegó hasta la Audiencia Nacional, hizo que la Junta de Castilla y León tuviera que resarcir las cantidades soportadas por la tele autonómica por ese concepto entre 2009-17.

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Este agujero quedó resuelto hace casi dos años, cuando la Junta acordó en pleno mes de julio de 2018 (y con camino burocrático cuestionado) una subvención para RTV Castilla y León de 27,6 millones de euros, con el único cometido “de resarcirla de los gastos ocasionados por las cantidades soportadas en concepto de IVA”. Esta subvención directa se troceó en cinco anualidades: una de 6,5 millones en 2018 y otras de 5,275 para los años posteriores hasta 2022. Justo ese pago aplazado hizo que la cláusula extraordinaria entre Edigrup y Vertrauen no se ejecutara al no cobrarse la cantidad pactada en el tiempo fijado.

Haber pasado por Soto del Real por el caso Enredadera, o estar procesado en la trama Gürtel, cuya instrucción hace unas semanas tras 12 años, no ha restado un ápice de honorabilidad a Ulibarri en su zona de influencia. Apoyado en su hija Adriana, consejera delegada del grupo, este aparejador de formación hace gala de su ascendente regional allí donde puede. Tal vez por todos esos intangibles su problema del IVA quedó resuelto antes de la renovación del PP de Castilla y León y la formación del posterior gobierno de la Junta, ya con Cs como socio de coalición. Sin embargo, un nuevo frente judicial puede comprometer ese sospechoso calendario de pagos.